Islandia y el paraguas europeo

Con el débil respaldo parlamentario de 33 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones en su Parlamento, el Gobierno de Islandia presentó solicitud de adhesión a la Unión Europea el pasado 23 de julio, aprovechando que su valedor, Suecia, ostenta la presidencia del Consejo de la UE. La solicitud ha caído bien. El Consejo de Ministros del 27 de julio aceptó la demanda encargando a la Comisión Europea que elabore el preceptivo dictamen sobre la “integrabilidad” de Islandia a Europa.

Islandia, con 315.000 habitantes, un alto nivel de vida y un alto indice de desarrollo humano, no es una recién llegada a la integración europea. Ya en 1970 entró en la entonces importante Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) que se había formado en 1960 después de que el Reino Unido decidiera permanecer al margen de la Comunidad Europea creada por el Tratado de Roma de 1957. Islandia sigue siendo hoy miembro de la EFTA junto a Suiza, Noruega y Liechtenstein y completa su vertebración en Europa participando en el Espacio Económico Europeo (EEE) formado por los países miembros de la UE y Noruega, Liechtenstein y ella misma. Pese a lo reducido de su administración pública, Islandia es miembro de todas las grandes instituciones internacionales y las europeas.

¿Por qué, pues, el Gobierno islandés ha decidido ahora solicitar su ingreso en la Unión Europea? ¿Es que no tenía bastante con el “todo menos las instituciones” que de hecho supone formar parte del Espacio Económico? ¿Es que su Gobierno ha medido suficientemente el esfuerzo que para su diplomacia significaría tener que atender la participación en todas las reuniones que la UE realiza regularmente en Bruselas, Luxemburgo, Estrasburgo y hasta en otras sedes que albergan determinadas agencias europeas? ¿Es que el Gobierno islandés está seguro de que obtendrá la ratificación de las condiciones de acceso que lleguen a establecerse tras las negociaciones que se abrirán después de que la Comisión elabore el dictamen que le ha encargado el Consejo de Ministros, teniendo en cuenta el estrecho margen de mayoría parlamentaria en que basó su solicitud de ingreso?

La respuesta a todas estas preguntas no es fácil. La demanda de adhesión más parece responder al deseo del Gobierno de Reykjavik de no estar solo y cobijarse en el “paraguas” europeo de cara a la crisis financiera en la que su país está atrapado desde 2008, que a una vocación europeísta. Islandia ha tenido que pedir préstamos de hasta 6.000 millones de dólares aportados conjuntamente por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y algunos países amigos encabezados por sus compañeros escandinavos, pero sabe que el paraguas comunitario sería una garantía adicional para resolver sus problemas.

Para la UE aceptar a Islandia no resulta problemático si acepta los criterios de Copenhague exigidos para los Estados europeos que pretendan entrar en el club (estado de derecho democrático, economía de mercado en funcionamiento y asunción de la normativa europea en su integridad). Islandia, de hecho, ya tiene asumida una parte importante de la treintena de capítulos en que se divide la normativa europea de ampliaciones por su condición de país miembro del EEE.

Por otra parte aceptar una economía rica de sólo 315.000 habitantes dentro del contexto de una Unión de 27 miembros con casi 500 millones de habitantes no parece que vaya a tener grandes consecuencias económicas.

Por último, Europa tiene una amplia experiencia de ampliaciones: la de 1973 (Reino Unido, Dinamarca e Irlanda); las de los ochenta con ingreso de tres ex dictaduras mediterráneas (Grecia, Portugal y España); la de 1990 con la reunificación alemana; la de 1995 con tres países de la EFTA (Austria, Finlandia y Suecia); la de 2004 con siete países ex comunistas (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia) y tres mediterráneos (Eslovenia, Chipre y Malta), y la de 2007 con dos países del Mar Negro (Bulgaria y Rumania), amén de estar ahora negociando el ingreso de Croacia y la Antigua Republica Yugoslava de Macedonia y la muy conflictiva posible incorporación de Turquía.

Para Islandia la situación se presenta más complicada pese a haber aceptado ya en 1993 todas las políticas europeas y normas de mercado interior incluidas en el Tratado de Oporto creador del EEE. Un país que quiera entrar en la Unión Europea puede negociar plazos y periodos transitorios, pero debe aceptar la normativa europea en su integridad, incluida, por ejemplo, la apertura de sus ricos caladeros a los pesqueros europeos, así como ser parte del juego presupuestario como país rico que es y participar en todas las instituciones comunitarias con personal suficiente.

El Gobierno islandés sabe que Noruega llegó a firmar sendos tratados de adhesión en 1972 y 1994 pero sus ciudadanos los rechazaron en referéndum. Ni Islandia ni Europa pueden, pues, caer en triunfalismos y habrá que ir viendo si una nueva ampliación con Islandia, Croacia y Macedonia llega a hacerse realidad próximamente. En cualquier caso, Turquía seguirá siendo un asunto aparte.

Francesc Granell, catedrático de la Universidad de Barcelona. Fue jefe negociador de la Comisión Europea para el ingreso de Finlandia en la UE.