El uribismo, de la mano de Iván Duque, regresó al poder en Colombia con la promesa de modificar sustancialmente el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc. Una pieza fundamental de su estrategia consistía en tratar de deslegitimar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado para juzgar el conflicto armado en Colombia.
Hasta ahora, el mejor refuerzo para obstaculizar el proceso de paz y desprestigiar a la JEP había sido el exfiscal general Néstor Humberto Martínez. Resulta paradójico que ese exfiscal haya sido nominado (y elegido de una terna por la Corte Suprema) por el arquitecto del acuerdo, el expresidente Santos. Ahora, sin embargo, el panorama puede cambiar porque Martínez renunció a su cargo la tarde del miércoles 15 de mayo.
En el comunicado, Martínez afirmó que se iba porque no podía estar de acuerdo con la decisión de una sala de la JEP de negar la extradición de un exguerrillero, Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, hacia Estados Unidos. La justicia estadounidense acusa a Hernández —quien recibió un asiento en el parlamento por el acuerdo de paz y, por tanto, tiene fuero de congresista— de narcotráfico y de conspiración con un cartel mexicano para el envío de 10.000 kilogramos de cocaína.
Esta renuncia, sumada al circo mediático en el que se ha convertido el caso Santrich, tiene al país en una crisis institucional de consecuencias impredecibles. La justicia colombiana agoniza, la credibilidad de la Fiscalía General de la Nación no llega al 40 por ciento y la primera ministra del gabinete de Iván Duque que cayó fue, precisamente, la de justicia. El gobierno de Duque, que no ha completado un año, ya tiene niveles de desaprobación cercanos al 60 por ciento. Algunos efectos de esta crisis ya son evidentes: el acuerdo de paz sigue incumpliéndose, como reportó The New York Times. Hay milicianos que han vuelto a tomar las armas amenazando a los territorios que el Estado colombiano fue incapaz de copar después de la firma del acuerdo y continúa la persecución sistemática contra los líderes sociales.
El panorama empeora si consideramos el escenario de elección del nuevo fiscal. Duque deberá enviar una terna para que la Corte Suprema elija al sustituto de Martínez, y —siguiendo su línea política y la presión de su partido (Centro Democrático)— no es difícil afirmar que el presidente nominará candidatos que continúen enfrentándose a la JEP y obstaculizando el proceso de paz. Incluso, el jefe del partido, el expresidente Álvaro Uribe, declaró recientemente que la JEP debía derogarse.
La prioridad de Duque debería estar en encontrar a tres abogados penalistas —Martínez no lo era— que no tengan conflictos de interés relacionados con los casos más grandes de la fiscalía (como Odebrecht), y que no hayan mostrado públicamente una aversión en contra de la JEP y del proceso de paz. La ecuación es realmente sencilla: hay que elegir a un fiscal que no utilice la fiscalía como sede de campaña, ni como un instrumento político para perseguir a sus contradictores. En fin, un fiscal que cumpla la ley y haga su trabajo. En buena medida, de eso dependerá el legado de Duque.
En las recientes mediciones sobre los problemas del país, los colombianos consideran que el peor de ellos es la corrupción. Por ello, seleccionar un fiscal que avance realmente en investigaciones como las de Odebrecht será vital para que el país recupere la fe en la justicia. Uno de los lemas de campaña de Duque, y que repitió en los primeros días de su gobierno, es que “El que la hace, la paga”, pero la percepción que tienen muchos colombianos es la contraria: delinquir, sobornar, robar, asesinar no tiene ninguna consecuencia. Y hay un punto de comparación regional inevitable: mientras que en Perú y en Brasil caen expresidentes y se condenan ministros, en Colombia solo pagan los mandos medios de los entramados corruptos.
El exfiscal Martínez, que dice en público no tener intenciones políticas pero que se comporta como un candidato que busca seducir a los votantes uribistas, argumenta que su renuncia ayudará a superar una crisis de la justicia que se originó con la creación del tribunal de la JEP. La verdad, sin embargo, es distinta. La razón fundamental de la crisis es que la fiscalía de Martínez, en lugar de investigar los casos que tiene abiertos, se dedicó a desprestigiar a la JEP con jugadas sucias. Un ejemplo: pocas horas después de la decisión de la JEP sobre Santrich y la posterior renuncia del fiscal, se filtró un video que la JEP no tenía y que podría haber cambiado la decisión sobre la extradición del exguerrillero: en el video Santrich negocia “televisores” y “hectáreas” con un sujeto al que algunos señalan como un narcotraficante mexicano. Martínez asegura que él no lo filtró, pero algunos medios afirman que les llegó de la oficina de prensa de la fiscalía.
Luego, el excomandante de las Farc Iván Márquez envía desde algún lugar de Colombia o de Venezuela una carta en la que dice, entre otras cosas, que fue un error haber entregado las armas. Márquez, uno de los comandantes más escépticos frente al futuro del proceso de paz, no ha comparecido ante los tribunales de la JEP y, con ello, no ha dado la cara a las miles de víctimas de la guerrilla ni ha cumplido con una de las promesas de la desmovilización. Su actitud llevó al líder del partido Farc, Rodrigo Londoño, a condenar las palabras de Márquez.
Así que ahora muchos colombianos temen que esta crisis institucional pueda generar, como de hecho ya está pasando, un número mayor de guerrilleros que vuelvan a las armas con el argumento, no del todo falso, de que el Estado no está cumpliendo sus promesas.
La oportunidad de salir bien librados de la crisis institucional en la que está Colombia la tiene Duque entre manos con la elección de la terna para la fiscalía. En la práctica, ya se sabe que las ternas suelen ser de un solo candidato viable y que la presión que el presidente recibirá del ala más radical de su partido será inmensa. Querrán insistir en un fiscal que se enfrente a la JEP y que tenga como prioridad enterrar los imperfectos acuerdos de paz. Pero sería un error que agravaría la actual crisis colombiana.
El presidente, con su decisión, tendrá también una oportunidad única en su gobierno: demostrar que no es un títere de Álvaro Uribe, que puede decidir sin necesidad de la bendición de El Padrino y que su tono moderado y mensaje de reconciliar y unir al país va en serio.
Jorge Eduardo Espinosa, periodista, es director del Pódcast de Caracol Radio.