Falta poco para que se cumpla el primer aniversario desde que se decretó la pandemia que ha puesto en jaque al conjunto de la sociedad y especialmente a nuestro sistema sanitario. Sin embargo, hace escasas semanas celebrábamos la ansiada noticia de la alta eficacia y la aprobación de las primeras vacunas contra el virus de la Covid-19. Un nuevo logro científico que, aunque no debe hacernos bajar la guardia, sí nos permite iniciar 2021 con moderado optimismo. Ahora está en manos de los responsables de la administración de las vacunas estar a la altura de las circunstancias, como han hecho los científicos, y hacerlo de la manera más eficaz y con la más coherente de las estrategias.
La Estrategia de Vacunación Covid-19 en España que presentó el Gobierno central establece unos adecuados principios de equidad, aceptabilidad voluntaria y de coordinación nacional, pero no profundiza en un aspecto fundamental: los recursos y medios a disposición para la administración de la propia vacuna. Algo que no ha tardado en generar desconcierto entre el colectivo sanitario del sistema público dada la situación de colapso e incremento de listas de espera que sufre la atención primaria en muchos de sus centros y por ser el eje principal implicado en la vacunación masiva.
Si algo nos ha enseñado esta crisis del coronavirus a los casi 270.000 profesionales de la sanidad privada española es que no debemos cansarnos de recordar, como parte del Sistema Nacional de Salud, que somos un recurso estratégico que ha de ser tenido en cuenta por las autoridades sanitarias. Cuando se trata de proteger la salud del conjunto de la ciudadanía y de una batalla común que nos sitúa a todos en el mismo lado del tablero, de frente ha de estar únicamente el virus. Es una cuestión de mera responsabilidad ante la salud de los ciudadanos.
Una vez más, y pese a que la sanidad privada no ha sido convocada a participar en el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación Covid-19, la patronal ASPE no ha dudado en volver a tender la mano al Ministerio de Sanidad y recordar que los 460 hospitales y las miles de clínicas privadas en toda España son un recurso imprescindible y flexible para sumar medios técnicos y humanos a este importante desafío de salud pública. Al igual que lo hace en otras campañas como la de la gripe, la sanidad privada cuenta con los medios y la experiencia necesarios para contribuir a una vacunación que, creemos, ha de ser estratégica frente a esta pandemia. No contar con los medios de la sanidad privada en esta ocasión tan decisiva sería prescindir de piezas de gran utilidad en el tablero y optar por una vacunación a medio gas. Nuestros recursos asistenciales pueden acelerar el acceso a la vacuna, tanto a los cuatro grupos prioritarios como al total de 18 grupos de población definidos en la estrategia anunciada por el Gobierno.
El alcance poblacional contemplado para el primer y segundo trimestre de 2021, según la orden de prioridad de los grupos establecidos, podría ampliarse en relación con el contexto de disponibilidad de vacunas y lograrse así una mayor agilidad en su administración. Además, tendríamos capacidad de incluir en las fases tempranas a colectivos no de riesgo para aumentar otro aspecto estratégico muy a tener en cuenta: la inmunidad-país.
Se trata de poner en marcha una operación de coordinación logística ya conocida en el Sistema Nacional de Salud, ya que la colaboración sanitaria público-privada está respaldada por la existencia de numerosos conciertos nacionales y autonómicos de contrastada eficacia a lo largo de los años. El control, distribución, trazabilidad, flujo de comunicación y asignación de responsabilidades en los procesos sanitarios no es algo nuevo ni que haya que implementar porque, insistimos, ya existen sólidos precedentes.
Mediante los sistemas de comunicación y protocolos habituales ya generados entre el sector público y el privado en el Sistema Nacional de Salud, y a través de las mesas de coordinación autonómicas, la sanidad privada podría reportar toda la información oportuna para el registro estatal de vacunación del Ministerio de Sanidad a través de las Comunidades Autónomas, como encargadas últimas de la administración de las vacunas y disposición de equipos, recursos y materiales.
Si más de 12 millones de españoles acuden de forma regular a nuestros centros para cuidar de su salud, es decir, si al menos uno de cada cuatro ciudadanos confía en la sanidad privada, ¿por qué no articular un plan de vacunación contra el coronavirus que haga un uso inteligente de todas las infraestructuras sanitarias del país? ¿No es precisamente esta situación de emergencia extraordinaria la que requeriría de un esfuerzo máximo de entendimiento y coordinación? En nuestra opinión, desde luego que sí.
La búsqueda de respuestas vuelve a obligarnos a mirar al espejo de otros países de nuestro entorno que en el seno de la Unión Europea gozan de buena reputación en materia de organización y gestión de recursos. Por ejemplo, el Gobierno alemán ha anunciado la participación de la sanidad privada en su campaña de vacunación al considerar que sus recursos permiten el acceso a un contingente imprescindible de profesionales sanitarios y de infraestructura técnica de gran valor para la sociedad.
Ya tenemos las primeras vacunas aprobadas para ser suministradas. Si el fin último, y que desde luego todos deseamos, es ganar la partida al virus, pongamos de una vez sobre el tablero todas las piezas disponibles para que, más allá de estrategias, la vacunación en España sea realmente efectiva y en el menor tiempo posible. Además, el reparto equilibrado de fuerzas nos ayudará a evitar un mayor desgaste de una pieza imprescindible: nuestro personal sanitario.
Si la sanidad privada participa ya en la administración de otras vacunas, carecería de todo sentido que no lo haga en esta ocasión, cuando es más necesaria que nunca una sólida política nacional de vacunación.
Carlos Rus es presidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española).