Jaque al Ministerio Fiscal

La semana pasada, varios dirigentes del Partido Popular (PP), con su secretaria general a la cabeza, acusaron al Ministerio Fiscal de parcialidad. Lo hicieron, según explicaron, porque la fiscalía «trata de forma diferente a los miembros del PP y del PSOE en los asuntos de presunta corrupción». En una rueda de prensa, la señora Cospedal calificó de «sorprendente» la pasividad e inactividad de la Fiscalía Anticorrupción en casos que afectan al PSOE, ponía el ejemplo de las irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía y censuró el uso de una «doble vara de medir» ante los escándalos de uno y otro partido.

Naturalmente, no pretendo sumarme a la protesta del PP por la falta de neutralidad de la Fiscalía, como tampoco defender a quienes -incluso desde el Consejo General del Poder Judicial- han tachado de inadmisibles las críticas que, en la misma dirección, realizó la señora alcaldesa de Valencia, sino ser realista y reconocer que no podemos aspirar a lo que de momento parece inalcanzable. Todos, o casi todos, sabemos que la mecha del proceso de devaluación del Ministerio Fiscal se encendió hace tiempo.

Es muy probable que, a lo largo de los años, entre todos hayamos deformado la figura del fiscal y que al día de hoy nos encontremos frente a un enigma que no sabemos descifrar. Me refiero al fiscal con adjetivo -el fiscal progresista, el fiscal conservador-, en suma, al fiscal político que desvirtúa su misión al procurar no que los tribunales hagan justicia, sino que disfrazado de fiscal, o viceversa, antepone el fin a la norma y el resultado al procedimiento. El fiscal metido a político suele tener, con demasiada frecuencia, una actuación tan desdichada como funesta. Y es que cuando un fiscal -también un juez- se siente depositario de los intereses de un partido político, la justicia cruje. Un fiscal como aquél que acusó y pidió el encierro de un tocayo suyo, a la sazón gobernador del Banco de España, y que públicamente presumía de ser apóstol de una ideología política hasta decir que él era de izquierdas y que actuaba en consecuencia, es un enemigo natural de la Justicia, aunque después llegase a ser ministro del ramo. La historia nos ofrece demasiados casos como éste, de manera que no es necesario que insista sobre ello. Son no pocos los españoles a quienes estremece el baile de la justicia al son de siglas como AF o UPF.

Nunca entendí los adjetivos aplicados a los jueces y a los fiscales. El fiscal, por definición, no puede ser de nadie. Ni partidista ni sectario. Un fiscal no tiene dueño ni partido. Ha de reprimir sus inclinaciones ideológicas, por respetables que sean. Eso es lo que se espera de él y a lo que está obligado. El ciudadano tiene derecho a que el Ministerio Fiscal ofrezca una imagen de independencia, bien distinta a la del fiscal comprometido. Un fiscal que se declara partidario de una muy concreta ideología de partido, por mucho que se esfuerce en dejar fuera del estrado sus fobias y filias políticas, jamás será creído por quien comparezca ante él. Ahora bien, con ser malo, mucho peor que el partidismo es el servilismo. El primero es un fraude; el segundo, una infamia. Está muy lejos aquella idea que Platón expone en Las leyes cuando sentencia que «la acusación pública vela por los ciudadanos: ella actúa y éstos están tranquilos».

Conozco bastante bien el escalafón de la carrera fiscal y sé que hay gente de independencia sin fin, capaz de dejarse la vida a cambio de que en su epitafio pueda leerse «cumplió con su deber». Éste y no otro es el modelo de fiscal constitucional; el hombre o mujer que promueve la justicia para satisfacer el interés público; el personaje recto e independiente que a nadie teme ni nada espera; el individuo -así llama a los fiscales el artículo 1.459 del Código Civil-, íntegro e imparcial, que no tiene metas ni guías distintos a la ley. El fiscal obediente, el fiscal uncido al carro del político, del poderoso o del zascandil de turno, ofrece un espectáculo demasiado triste. La fidelidad a quienes mandan, no es más que una moneda que se paga con otra moneda y no merece más respeto que el que se dispensa al mono del circo que actúa con reflejos condicionados.

Ahora bien, no le demos más vueltas. A los políticos les sobran los fiscales imparciales, lo mismo que le sobran los jueces independientes. Los fiscales de verdad, lo mismo que los jueces auténticos, los que aspiran a lo único que es propio de su oficio, se han convertido en fantasmales pobladores de un mundo de clanes que cumplen, con tanta puntualidad como primor, funciones muy lejanas a su cometido constitucional. Lo advirtió Candido Conde-Pumpido Ferreiro, un jurista de cuerpo entero y padre del actual fiscal general del Estado, en plena elaboración del Estatuto del Ministerio Fiscal: «(…) de que el fiscal actúe sólo cuando la ley se lo impone, y tal como la ley lo impone -principio de legalidad-, a que se someta el cuándo y el cómo de sus intervenciones a criterios pragmáticos o de conveniencia política -principio de oportunidad-, va la diferencia entre constituir una garantía para los ciudadanos a ser un elemento de distorsión de la legalidad democrática (…); sujeto ‘en todo caso’ a los principios de legalidad e imparcialidad, el fiscal español deberá estar exento de todo influjo extraño o partidista y sometido sólo al mandato de la ley, por cuyo cumplimiento ha de velar (…)».

El fiscal no puede ceder por interés ni por flaqueza a presiones políticas, ni, por tanto, aceptar órdenes cuando son torcidas. Esto es un dogma, pese a que vivamos en un país en el que la independencia se premia con la moneda del desprecio y la obediencia ciega es lo que gusta. Digo esto y lo digo a sabiendas de lo que digo, porque, desgraciadamente, hoy por hoy, no es corriente llegar a una jefatura o a la categoría máxima de la carrera fiscal si en la hoja de servicios del aspirante no figura algún gesto de sintonía política. Tan lamentable situación no puede conducir a nada bueno y para demostrarlo, ejemplos hay de fiscales cuyos ascensos no parece que haya sido únicamente por méritos científicos y profesionales sino merced a sus aficiones y lealtades políticas. Lo escribía, en 1999, Adrián Salazar, fiscal que fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales: «La experiencia demuestra que los diferentes Gobiernos han primado en muchos casos (…) la afinidad de unas ideas políticas o la fidelidad personal por encima de criterios de capacidad, idoneidad e independencia (…)». Confundir ambos sistemas de promoción lleva a fracasos tremendos y a muy amargas descalificaciones de la institución del Ministerio Público.

El gran caballo de batalla del Ministerio Fiscal ha sido siempre el principio de jerarquía, pues se entiende, no sin razón, que, aparte de ser contradictorio con los demás -sumisión a la legalidad e imparcialidad- permite al gobierno de turno recordar a los fiscales que han de ser obedientes funcionarios. Lo que tenemos es un Ministerio Fiscal siempre bajo el mando del fiscal general del Estado que, a su vez, es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial -artículo 124 CE- y que, en buen número de ocasiones -las de trascendencia política-, se atiene al principio de oportunidad, es decir, que acusa o no acusa cuando y como le parece. Asusta pensar que en España algunos fiscales actúan por simpatías o antipatías ideológicas. Todavía recuerdo las palabras de Juan Fernando López Aguilar recién nombrado ministro de Justicia, allá por el mes de junio de 2004. Las tengo a mano: «Queremos un fiscal sobre el que no gravite ninguna sospecha de ser correa de transmisión del Gobierno en la persecución de sus adversarios políticos ni en la búsqueda de impunidad para sus amigos. Queremos reforzar la credibilidad del Ministerio Fiscal». Está claro que fue un proyecto fallido, aunque, afortunadamente y en mayor cuantía, tenemos fiscales sensatos, prudentes y respetuosos con la ley.

Me consta que para algunos fiscales cuestionar que el Ministerio Fiscal no se ajusta a la legalidad e imparcialidad, cuando la Constitución le exige objetividad, significa poner en entredicho la rectitud de una institución básica del Estado. Pues bien, por lamentable que sea, la opinión del procomún es que se trata de controlar a los fiscales, como ya aconteció en tiempos pretéritos. ¡Ha llegado la hora de la independencia del Ministerio Fiscal!, proclamó nuestro actual presidente del Gobierno cuando nombró al señor Conde Pumpido -el hijo- fiscal general del Estado. Días después, el designado declaraba que su obligación era «equilibrar una carrera que se había escorado en una determinada dirección». Así parece que ha sido. No creo que sea el ascenso de los allegados el sistema para elevar el nivel de credibilidad de la Fiscalía, al igual que pienso que no es posible confiar en una carrera en que la promoción profesional va ligada a las simpatías con el gobierno de turno o a la militancia en la asociación afín a la ideología dominante. La impresión es que éste es el prototipo de Ministerio Fiscal que algunos quieren que siga imperando. Una institución que tanto puede servir para un roto como para un descosido, según pinten los intereses del partido de turno en el gobierno y a la que, para mayor gloria del invento, se le añade el ornato de la pureza democrática.

Estoy convencido de que los españoles desean respetar a su fiscales, lo mismo que desean respetar a sus jueces, pero a cambio les exigen que los convenzan de su respetabilidad que no debe ser sólo y siempre profunda sino también superficial y notoriamente visible, casi exhibicionista. O sea, un poco lo de la mujer del César, sólo que al revés, que no le bastaba con ser decente sino que también tenía que serlo pese a lo peliagudo que le resultaba.

Nota aclaratoria. Reconozco que el título de este artículo es inquietante y pesimista, pero no desesperado, aunque pueda haber motivos para ello. Fíjese el lector que no digo «jaque mate». Mas, de seguir por el camino que vamos, algún día, pese a lo doloroso que me resulte, tendré que hacerlo.

Por Javier Gómez de Liaño, abogado y magistrado excedente.

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