Una de las tragedias de nuestra pobre y maltratada España es tener un gobierno prevaricador, por ser capaz de dictar de manera constante resoluciones injustas y arbitrarias a sabiendas de que lo son, y manipulador, pues no vacila en distorsionar la verdad o la justica, con tal de mantenerse en el poder. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no ha dudado en comparar la decisión de indultar a los golpistas catalanes con «aquella España que, durante la Transición, supo sentar a la misma mesa a dos bandos que habían hecho la guerra». De esta forma estigmatiza, en su condición de portavoz de Sánchez, a todo aquel que se oponga a esta medida de (des)gracia, por ser enemigo de la convivencia política y actuar con sed de venganza. El ataque ni siquiera se detiene ante los muros del Tribunal Supremo.
Ya que quienes nos gobiernan han condenado al ostracismo político, por ser mayor de edad, al propio Felipe González, líder socialista que condujo al PSOE desde el exilio al poder, contribuyendo –de paso– a la elaboración por consenso de la Constitución de 1978, lo menos que podrían hacer antes de hablar de la Transición es informarse bien de lo que sucedió en aquel trance crucial para el futuro de España para no herir la sensibilidad de los millones de españoles que vivieron aquel momento histórico.
En primer lugar, en las Cortes españolas de 1977 no se sentaron los dos bandos de la guerra (in)civil, aunque en sus escaños estuvieran figuras relevantes de la izquierda revolucionaria comunista como La Pasionaria y Santiago Carrillo, con un pasado tenebroso a sus espaldas, y otras del franquismo, que no tenían las manos manchadas de sangre, pero habían colaborado estrechamente con la dictadura. Pero la inmensa mayoría de los diputados y senadores constituyentes, entre los que me encontraba, no teníamos que pedir perdón por nada ni por nadie, porque no habíamos vivido aquella gran tragedia. La UCD, ganadora de las elecciones, no representaba a ningún bando, Lo único que anhelábamos era transitar de forma pacífica de la dictadura a la democracia, mediante la aprobación de una Constitución plenamente democrática, fruto de la voluntad de entendimiento de la ciudadanía y en la que tuvieran cabida todos cuantos renunciaran a la violencia como método de acción política para imponer sus convicciones. A nadie se le preguntó de dónde venía sino a dónde quería ir. Y para ello, teníamos que mirar hacia adelante, y poner a cero el reloj de la democracia. Debíamos hacer borrón y cuenta nueva y enterrar para siempre el maleficio de las dos Españas. Y el pueblo español respaldó el resultado del gran esfuerzo común. Creímos haberlo conseguido. Fueron 17,5 millones los votos afirmativos frente a 1.400.000 votos negativos. Entre los votos en contra estaban ERC y HB (hoy Bildu), dos de los partidos que han llevado al poder a Pedro Sánchez.
Es el espíritu de la Transición el que está a punto de quedar aplastado por un proceso de involución democrática. La democracia es como un árbol de hoja perenne que sólo perece bajo el hacha del leñador. El sanchismo que hoy detenta la marca PSOE ha hecho trizas su lealtad constitucional. Con tal de conseguir el poder no ha vacilado en compartir el gobierno con un grupo de extrema izquierda comunista que ha abducido al PCE, con el apoyo con toda clase de independentistas e incluso con quienes hasta hace cuatro días formaban parte del mundo criminal de ETA. En Cataluña, en el referéndum constitucional votó el 70 por ciento del electorado y los síes alcanzaron el 90,46 por ciento. Pujol había expresado su apoyo entusiasta a una Constitución que perseguía «un Estado fuerte, no en el sentido autoritario de la palabra, sino en el de la eficacia y en la capacidad de servicio; un Estado al servicio de sus ciudadanos, de su seguridad y del bienestar físico y moral de sus ciudadanos, del orden y la justicia. Por todo ello nuestra minoría ha aceptado plenamente la Constitución».
Pasar de la cárcel a la mesa de negociaciones con el Gobierno es, por este solo hecho, la gran victoria del separatismo catalán. La foto de Junqueras frente a Iceta dará la vuelta al mundo para anunciar la apertura de conversaciones entre España y Cataluña para dar solución al derecho del pueblo catalán a la autodeterminación y establecer un procedimiento que permita a los catalanes obtener la independencia.
Aquí y ahora el único que se ha sumado a un bando sembrador de odio y confrontación, cuyo único objetivo es dar jaque mate a la Constitución de 1978, ha sido Pedro Sánchez, ERC sigue donde estaba en 1978, cuando votó en contra de aquella y hoy, gracias al régimen democrático, cuenta con una nutrida representación que le permite a su líder encarcelado por sedición ser árbitro en Madrid y mantener viva la llama del independentismo en Cataluña. Los separatistas han enseñado con toda claridad sus objetivos: autodeterminación e independencia. No sabemos cuál va a ser la postura del Gobierno. Sánchez tiene el deber de informar a todos los españoles cuál va a ser su respuesta. Este no es un juego de trileros. El pueblo español, como único titular de la soberanía nacional, tiene derecho a saber si el presidente del Gobierno está dispuesto a proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo que, si versa sobre la autodeterminación, sería radicalmente inconstitucional por afectar al fundamento mismo de la Constitución. Sánchez debería dejar de levitar y recordar que es un hombre mortal, como acaba de hacerlo en Madrid una auténtica feminista como Isabel Ayuso. Alguno de los cientos de asesores que le rodean debería informarle que no está por encima de la ley y que tal vez se vea obligado a comparecer ante los tribunales de justicia por prevaricar en la concesión de los indultos y alentar con ello la futura comisión de actuaciones sediciosas que pondrían en grave peligro la seguridad nacional.
Hay otro asunto de capital importancia sobre el que Pedro Sánchez no ha dicho ni una palabra. Me refiero a los pactos secretos concertados con el PNV y con Bildu para alcanzar el poder y mantenerse en él. Algunas cosas hemos visto, como por ejemplo la transferencia de las competencias en materia de política penitenciaria, el acercamiento de etarras a las cárceles del País Vasco o sus alrededores, que degrada a Grande-Marlaska y humilla a las víctimas de los infames crímenes de ETA. También hemos visto cómo el Gobierno ha decidido mutilar la Red de Paradores, iniciativa turística pública de protección de nuestro patrimonio histórico que es un factor de cohesión nacional. Espero que no echen de la vigilancia costera a la Guardia Civil del mar y no se atrevan a romper la caja única de la seguridad social. Pero todo esto no es nada comparable con la pretensión –en estado de letargo por la pandemia– de negociar un pacto para la conversión de Euskadi en un Estado soberano confederado con España, con arreglo a las bases concertadas entre el PNV y Bildu en 2018. Una confederación que podría romperse unilateralmente en cualquier momento posterior. ¿Ha acordado Sánchez con Urkullu esperar a ver qué sucede en Cataluña? ¿Está dispuesto a negociar sobre el Nuevo Estatus jurídico-político vasco?
Termino con la famosa frase de Alfredo Pérez Rubalcaba, tan laureado por Sánchez después de su inesperada muerte, que abrió el poder en 2004 al presidente Rodríguez Zapatero, el primero que cogió la piqueta para demoler el edificio constitucional: «Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta, un Gobierno que les diga siempre la verdad». Pues eso.
Jaime Ignacio del Burgo fue senador constituyente y presidente de la Comisión Constitucional del Congreso.