En los últimos días he visto a los diputados separatistas insistir desde la tribuna del Parlament en la existencia de una “resolución” de la ONU que, según ellos, facilitaría la investidura de Jordi Sànchez como presidente de la Generalitat y no puedo evitar recordar las palabras del escritor serbo-americano Steve Tesich, que en 1992 acuñó el término “posverdad”. Hablando del escándalo del Irangate bajo el mandato de Ronald Reagan, Tesich se lamentaba: “Nosotros, como pueblo libre, hemos decidido libremente que queremos vivir en un mundo de posverdad”.
La carta que Puigdemont escribió, todavía desde la prisión de Neumünster, a sus correligionarios para volver a ungir a Sànchez como candidato es otro de esos incesantes intentos suyos de arrastrarnos a un mundo en el que la verdad pierda todo su significado. “No es esta una resolución menor ni trivial, sino de gran trascendencia”, asevera Puigdemont. Y añade: “Conviene decir que la resolución que afecta al diputado Jordi Sànchez fue emitida con una celeridad extraordinaria, sin duda a causa de la gravedad de los hechos y a la irreversibilidad de la vulneración de sus derechos en el caso de que este proceso se alargue excesivamente”.
Es rotundamente falso que exista una resolución de la ONU sobre este asunto. Lo que los dirigentes separatistas insisten en presentar como una “resolución” no es más que una suerte de acuse de recibo, un mero registro de entrada de la “comunicación” presentada por el abogado de Jordi Sànchez ante el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la ONU. Se trata de una notificación automática en la que el CDH se da por enterado de la “denuncia” de Sànchez e informa de que se ha solicitado al Estado español que tome las medidas necesarias para que el denunciante pueda ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La notificación deja inmediatamente claro que “esta petición no implica que se haya tomado ninguna decisión sobre la sustancia del asunto que está bajo consideración”.
La respuesta del CDH es un simple formulismo y la petición al Estado español, una especie de cláusula de estilo formal, habitual en las notificaciones de entrada en el registro del CDH. No es ni siquiera una admisión a trámite, ni mucho menos un dictamen sobre el fondo del asunto. Mención aparte merece la ocurrencia de Puigdemont de que “la resolución que afecta al diputado Jordi Sànchez fue emitida con una celeridad extraordinaria”. ¡Y tan extraordinaria! Como que no la ha dictado, señor Puigdemont.
Cualquiera diría que los dirigentes separatistas solo aspiran a seguir maniobrando en el intento de ganar debates de vuelo gallináceo en los medios de comunicación, que se conforman con repetir sin cesar una mentira con el único afán de arañar momentáneamente algunos seguidores a costa de su buena fe y disfrutar del precario éxito hasta que se les descubra. Parece como si hicieran balance y llegaran a la conclusión de que vale la pena hacer el ridículo. Si no, no se explica la insistencia en falsedades como que la ONU exige a la justicia española que permita la investidura de Sànchez, u otras como cuando repetían que el Tribunal de La Haya avalaría una secesión unilateral contra la Constitución o cuando propalaban que una Cataluña independiente ingresaría automáticamente en la Unión Europea. Todavía recuerdo el bochorno que sentí el 10 de octubre del año pasado, cuando Carles Puigdemont retrasó una hora su comparecencia en el Parlament —en la que habría de hacer su espectral declaración de independencia— y los medios públicos catalanes hicieron circular la especie de que, según fuentes de presidencia, el retraso se debía a los contactos que Puigdemont estaba manteniendo con autoridades y personalidades internacionales de primer orden. Enseguida pusieron sobre la mesa algunos nombres: ¡Barack Obama y Kofi Annan! Eran los tapados del procés.
Los argumentos de Puigdemont están en la base de la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de convocar la semana que viene una sesión de investidura con Sànchez de nuevo como candidato. Una vez más, los dirigentes separatistas pretenden que la política catalana gire en torno a noticias falsas, posverdad y hechos alternativos. Lo que esperan es que los ciudadanos de Cataluña adoptemos la actitud pesimista de Javier Olarán, el sacerdote descreído de El cura de Monleón, de Baroja, que cuestionaba que valiera la pena hacer el esfuerzo de documentarse, porque ante determinadas falacias no hay nada que hacer. Decía Olarán: “A mí no me chocaría nada que lo que creemos del mundo y de la vida y que nos han enseñado sea mentira..., pero como todos lo creen o hacen que lo creen, es igual que si fuera verdad”.
Por suerte, en Cataluña cada vez hay más ciudadanos críticos que no están dispuestos a comulgar con las ruedas de molino de Puigdemont y compañía y que, libremente, se niegan a vivir en el mundo de posverdad que pretenden imponernos. Por ellos, vale la pena seguir descubriendo la verdad.
Ignacio Martín Blanco es diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña.