Juan Carlos en el laberinto español

«Delenda est Monarchia!» fue la sentencia con la que Ortega y Gasset terminó su famoso artículo de noviembre de 1930, considerado como la puntilla al reinado de Alfonso XIII que algunos están recordando de manera intencionada estos días. Sin embargo, olvidan que la frase tenía un comienzo que decía: «¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!». Aquí radica el nudo gordiano del asunto que hoy nos ocupa. Mientras en 1930 se asistía al final de un proceso de descomposición del Estado, cuyo último capítulo había sido el amparo real al pronunciamiento de Primo de Rivera de 1923 –para Raymond Carr, «la fecha decisiva en la historia de la España moderna, la gran divisoria»–, la Monarquía parlamentaria y constitucional que encarnó Juan Carlos I a partir de 1975, ha legado a España un Estado fuerte y eficaz, como nunca antes ha tenido en su historia.

Una monarquía que, también por vez primera, impulsó y abrazó un sistema democrático que no tenía, precisamente, unos cimientos sólidos. Sobre la idea de la España de y para todos, Juan Carlos acertó –con Suárez y Fernández Miranda– en el proceso de Transición de la «ley a la ley». Una reforma política que, además de evitar la ausencia de juridicidad en un país que, en palabras del presidente Azaña, había estado «enfermo de odio», recuperó sus libertades sobre un pacto constitucional y de reconciliación nacional que, como ha mostrado en su última obra el tan añorado Santos Juliá, hundía sus raíces en la misma Guerra Civil y en la dolorosa experiencia de desarraigo que sufrió la España peregrina. Con ese imborrable recuerdo, los actores de la Transición suturaron una herida que podía ser de muerte, buscando el abrazo de las dos Españas, como tan elocuentemente reflejó Juan Genovés en su vertiente popular y que Juan Carlos simbolizó en su famoso abrazo a la viuda de Azaña en su viaje a México de 1978. Sin duda quedaron pendientes reparaciones morales y judiciales ineludibles en cualquier Estado democrático que se precie y que, recientemente, ha tenido uno de sus episodios imprescindibles con la exhumación de los restos del dictador. Con todo, tal y como reconoció entonces Santiago Carrillo, conviene recordar para comprender que, para quienes estuvieron contra Franco, cualquier sacrificio de entonces valía la pena –y este lo era en grado máximo– con tal de llegar al que fue el quicio generacional de las generaciones de uno y otro lado de la Transición: la conquista de la democracia. Hoy, tal y como reconoce la ONU, España es una de las apenas veinte democracias plenas que hay en el mundo.

El fuerte, eficaz y democrático Estado español construido bajo el reinado de Juan Carlos también ha logrado superar otro de los problemas estructurales que arrastraba desde, al menos, hacía 200 años: su retraso económico. Si en 1975, los indicadores mostraban los efectos de la crisis de la OPEP de 1973 dificultando el proceso político iniciado, en poco menos de 20 años y mediada la plena implantación del Estado de bienestar, España asombraba al mundo con la brillante organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Expo de Sevilla en 1992, por poner una fecha icónica para nuestro país y para la biografía del propio Rey. Se dejaba así atrás la imagen rosa o negra que durante siglos habían proyectado los visitantes foráneos de nuestro país. Después llegó la expansión liberalizadora auspiciada por los gobiernos de Aznar y los efectos devastadores sobre el tejido social de la crisis sistémica de 2008 y de la actual recesión. A pesar de ello, en el último medio siglo España, ha asistido al periodo de mayor dinamismo y modernización de toda su historia.

Un Estado, fuerte, eficaz, democrático y moderno que, en el plano internacional, se incorporó plenamente, primero al bloque occidental en el contexto del final de la Guerra Fría y, después, a las Comunidades Económicas Europeas. Una relectura de la posición de España en el escenario internacional que, fruto de su posición geoestratégica y de su peso relativo, se completó con su papel bisagra entre Europa y Latinoamérica vertebrada a través del impulso –junto a México–, de las Cumbres Iberoamericanas. Juan Carlos también fue esencial en ello. Si durante los últimos años de la dictadura, logró trasladar a los líderes internacionales más relevantes su compromiso con la democracia –evidente en el masivo apoyo que recibió el día de su coronación–, a partir de su papel esencial abortando el 23-F, se convirtió en uno de los actores políticos más respetados y admirados del mundo, actuando como mediador en conflictos seculares como, por ejemplo, el de Oriente Medio –recuérdese su papel de anfitrión de la reunión de Madrid de 1991, prólogo de los malogrados Acuerdos de Oslo–.

Por último: al menos hasta 2012, fecha del famoso incidente en Botswana, Juan Carlos apareció invariablemente en diferentes barómetros como la personalidad pública más valorada y querida por los españoles de su tiempo. En ello tuvo mucho que ver el mayor activo de su persona como Rey; su empatía y capacidad para escuchar y sentir con la sociedad que representaba. Con todo, en los últimos años y de manera paralela a su natural declinar biológico, Juan Carlos perdió esta innata capacidad ante los vertiginosos cambios a los que hemos asistido en nuestras sociedades. Su imagen se ha venido deteriorando fruto de una serie de incidentes cuyo último episodio ha sido el inicio de diligencias por parte del Tribunal Supremo para investigar el presunto cobro fraudulento de comisiones. Más allá del destino final de las pesquisas del alto tribunal que dictaminará lo que proceda contra su persona –otro síntoma más de la fortaleza del Estado español que ya procesó al propio yerno del rey y que habría sido algo impensable en cualquier otro momento de la historia de España-, lo cierto es que la monarquía constitucional parlamentaria de 1975, a diferencia de lo que sucedía en 1930, nos lega un Estado, fuerte, eficaz, democrático, moderno e integrado en el escenario internacional.

En esencia, el único problema estructural que no se ha resuelto ha sido el de la vertebración del Estado que, como es sabido, hoy tiene su punto álgido en Cataluña. Felipe VI así lo ha entendido y ha volcado buena parte de su agenda pública como rey en hacer sentir a las nacionalidades históricas el afecto de la Corona y su compromiso personal e institucional para tratar de encajar, como diría Gerald Brenan, la última pieza del laberinto español.

Antonio López Vega es director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (UCM).

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