Jubilación: ¿retraso o abolición?

El Gobierno pretende retrasar la jubilación obligatoria hasta los 67 años. Se trata de una medida errónea, que en vez de resolver un problema lo que va a hacer es agudizarlo más. El sistema de la Seguridad Social se encuentra con el problema, de cara al futuro, que representa el creciente segmento de población de edad avanzada frente a un segmento de población activa comparativamente cada vez más menguado, que habrá de sostener el sistema de pensiones. Dicho de modo simple: cada vez menos personas contribuyendo y más recibiendo.

Para atajar este problema hay diferentes soluciones. La que ha elegido el Gobierno -que el trabajador tarde dos años más en comenzar a percibir su pensión de jubilación, con el propósito de que durante esos dos años siga contribuyendo (o no, dependiendo de si tiene trabajo o está en paro)- es la solución más carente de visión y la que peor resultado va a dar.

¿Por qué obligar a seguir trabajando después de los 65 años a personas que no quieren hacerlo y obligar a que dejen de trabajar a los 67 a personas que querrían -y podrían- seguir haciéndolo?

La solución no está en obligar a que todos sigan trabajando después de cumplir los 65 años, ni que todos dejen de trabajar a los 67, si desean continuar ejerciendo su profesión y están capacitados para ello. Lo que hay que hacer no es retrasar la jubilación obligatoria, sino abolirla por completo. Para las finanzas de la Seguridad Social, el resultado será el mismo, pero sin forzar a unos a seguir trabajando después de los 65 años, ni a otros a dejar de trabajar a los 67. La experiencia de Estados Unidos es ilustrativa.

En octubre de 1986, el Congreso de Estados Unidos, por un voto unánime, y con el respaldo de sindicatos y demás organizaciones laborales, abolió y prohibió la jubilación obligatoria. A partir de ese momento, quedaba eliminado por completo cualquier límite de edad para realizar una labor remunerada, lo que además iba acompañado de una estricta legislación contra la discriminación por edad en la contratación laboral y en la concesión de créditos bancarios. Como paso intermedio, a lo largo de la década anterior se habían estableciendo edades cada vez más tardías para la jubilación obligatoria (llegando a culminar en los 70 años), pero manteniendo siempre la jubilación voluntaria en los 65 años, muy diferente por tanto de lo que pretende hacer el Gobierno de Zapatero.

La experiencia de Estados Unidos en las dos décadas sin jubilación obligatoria es que un porcentaje cada vez mayor de los trabajadores (en la actualidad entre un 15% y un 20%) continúa trabajando después de los 65 años, en algunos casos hasta edades muy avanzadas. La jubilación forzosa sólo se aplica mediante test individualizados de aptitud. Para ello, la ley establece toda una serie de procedimientos que tienen en cuenta el tipo de actividad y productividad que se espera de un trabajador en una determinada etapa de desarrollo profesional, para evitar así intentos encubiertos de jubilación forzosa injustificada.

Quienes deciden continuar trabajando suelen ser las personas que más satisfacción personal obtienen en la realización de su labor, y por lo general se trata de profesionales altamente cualificados (médicos, profesores universitarios…), lo cual, por motivos obvios, constituye un beneficio añadido para el conjunto de la sociedad.

De lo que se trata es de dar libertad a las personas, no de restringírsela cada vez más, y lo que es peor, de infringir el derecho al trabajo de todos los españoles, sin discriminación posible por razón de edad, reconocido como fundamental en el artículo 35 de la Constitución. También el artículo 14 de la Constitución prohíbe discriminar entre los ciudadanos por cualquier circunstancia personal, como es el caso de la edad. Por si fuera poco, el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece, así mismo, el derecho al trabajo remunerado, sin reconocer excepciones por la edad.

La prohibición constitucional de establecer por ley la jubilación obligatoria está incluso reconocida por el Tribunal Constitucional en su sentencia 22/1981, de 2 de julio. Ha sido únicamente mediante subterfugios legales, y con la connivencia de sindicatos y patronal, como se ha logrado conculcar, mediante la noción de convenios, uno de los derechos más inviolables del ser humano, y específicamente del ciudadano español.

La eliminación de la jubilación obligatoria (manteniendo la voluntaria en la edad actual) complementada con una legislación contra la discriminación por edad en la contratación, es la mejor garantía de que, en una sociedad dinámica y cambiante como la actual, las personas van a poder encontrar su auténtica vocación profesional en cualquier momento de la vida. Una vez eliminado el temor a quedar indefinidamente en el paro por razón de edad, o el verse obligado, también por razón de edad, a cesar en la profesión que uno desarrolla con deleite, estaremos abriendo las puertas a una sociedad más productiva, dinámica y competitiva. Y de ello nos beneficiaremos todos.

Retrasar la edad de jubilación es una medida miope, que viola, además, el compromiso sobre el que muchos trabajadores han elaborado sus planes de futuro. Es, además, un falso remedio que no tiene en cuenta la experiencia positiva de países como Estados Unidos o Canadá, que abolieron ya hace décadas la jubilación obligatoria

La solución no es retrasar la jubilación forzosa, sino abolirla.

Juan A. Herrero Brasas, profesor de Ética y Política Pública en la Universidad del Estado de California.