Jubilación y muerte civil

El INE prevé -si las cosas no cambian- que España pierda 5,6 millones de habitantes entre 2014 y 2064. En el primer semestre de 2015 nacieron en nuestro país 206.656 niños y fallecieron 225.924 personas, produciendo así un saldo vegetativo negativo a escala nacional y también en 13 de las 17 Comunidades Autónomas.

¿De dónde vienen estos alarmantes datos? Pues, básicamente, de la caída que han sufrido la fecundidad -(Índice Sintético de Fecundidad (ISF) = número de hijos por mujer en edad fértil), que pasó de 2,8 hijos en 1976 a 1,30 en 2015, habiendo llegado a bajar hasta 1,15 en 1998- y la natalidad (número de nacimientos). Y, naturalmente, de una esperanza de vida que es hoy de las más altas del mundo.

Esta evolución demográfica ha producido una pirámide de edades que más parece una ánfora, o, más castizamente, un botijo. Vale decir, una población madura donde las generaciones de mujeres en edad fértil (de 15 a 40 años) forma una escalera decreciente, lo cual augura una natalidad también decreciente, puesto que el número de nacimientos es igual al producto de las tasas de fecundidad por los efectivos poblacionales femeninos de cada edad fértil.

Jubilación y muerte civilAl grave problema que plantea la demografía española se añaden problemas estructurales en la economía que se han agravado durante los años de la crisis, produciendo dos malísimas consecuencias en el número de cotizantes a la Seguridad Social: la caída del empleo y el incremento de la emigración.

Pues bien, en lugar de poner en marcha políticas natalistas para aliviar el problema a medio plazo, lo que se les ha ocurrido a nuestros ‘talentos’ políticos es perseguir a los jubilados que no quieren vivir mano sobre mano, partiendo, además, de una situación en verdad chusca. De hecho, la jubilación en España es ya prácticamente igual al retiro definitivo, es decir, a la inactividad contemplativa. En efecto, sólo 117.000 personas de 65-69 años están ocupadas y por encima de los 69 años sólo hay 34.000 personas trabajando, y eso será cada vez peor dadas las restricciones que se han impuesto últimamente. Veamos: desde 2013 es posible compatibilizar la pensión con el trabajo remunerado, pero a cambio de renunciar a la mitad de la pensión, pagar una cotización del 1,35% por Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional y pagar también una cotización llamada de ‘solidaridad’ del 8%. Para una pensión máxima estas ‘penalizaciones’ suponen unos 22.000 euros anuales. Un coste disuasorio que desanima a cualquiera, especialmente al trabajo creador de escritores, periodistas, científicos y, en general, pensadores, que, además de estar sufriendo con especial virulencia la crisis -que ha llevado a pagos ridículos por parte de las editoriales- ahora han de soportar una auténtica persecución, sin que quienes la idearon se hayan parado a considerar la bajada de ingresos que ello iba a suponer para el Estado vía IRPF. ¿O es que se quiere que los creadores trabajen gratis? Por otro lado, las remuneraciones que reciben los creadores (conferencias, artículos, novelas, ensayos o pintura) no son fijas, sino aleatorias. Es decir, mucho más parecidas a un premio de la lotería que a un salario.

Lo han mostrado Tomás Arrieta y José A. Herce: «Esta situación sería cómica si no fuese lamentable. Resulta que con esta cuasi incompatibilidad, la Seguridad Social apenas logra resultados perceptibles en ninguno de los objetivos que persigue y lo que sí logra es estimular el incumplimiento fiscal de los trabajadores encubiertos».

Es cierto que nuestro sistema de pensiones es ‘de reparto’, pero en el fondo el pago a la Seguridad Social de cada persona ocupada se entiende (y así debe ser) como un ahorro (capitalización) con vistas a la vejez. Y que la devolución de ese ahorro (¿qué es, si no, una pensión?) no puede ser arbitrariamente rebajada sin que quien ha sido cotizante durante muchos años se considere lisa y llanamente robado.

Pues bien, en estas difíciles condiciones siguen campando por sus fueros los ‘jubiladores’, personajes dedicados -en la empresa privada y en el área pública- a forzar la jubilación de muchos empleados ‘maduros’, descargando así sobre la espalda de la Seguridad Social toneladas de pensiones destinadas a personas que están en perfectas condiciones físicas y mentales y que, además, no quieren jubilarse. Valga un ejemplo sangrante: el de los médicos de los hospitales públicos, arrojados por la fuerza a la jubilación. En efecto, gestores sanitarios de muchas Comunidades Autónomas se han dedicado durante los últimos años a prejubilar forzosamente a médicos veteranos para sustituirlos por otros más jóvenes, a quienes se les hacen contratos efímeros. Resultado: el servicio se deteriora privando a los enfermos de los cuidados que les suministraba gente muy competente, y las finanzas de la Seguridad Social se cargan con un innecesario coste en pensiones.

Todo ese afán ‘jubilador’ se basa en una falacia amplia y repetidamente refutada según la cual «jubilar a los viejos crea empleo para los jóvenes». Una afirmación más falsa que la existencia del éter o del flogisto.

En lugar de perseguir a los jubilados, más valdría elaborar una norma legal que impida semejantes dislates a los ‘jubiladores’, consiguiendo así reducir drásticamente el número de prejubilaciones. Quien quiera prejubilar contra la voluntad del trabajador, que pague él la pensión. A ver si, por fin, la jubilación es un derecho, pero nunca una obligación.

El Estado haría muy bien en incentivar fiscalmente el retraso voluntario en la edad de jubilación, y hace muy mal en perseguir a quienes estando jubilados pagan religiosamente el IRPF. Los perseguidores de jubilados harían bien en poner sus ojos ‘golositos’ en quienes ganan más de 600.000 euros anuales y no los declaran. En 2014 apenas 6.000 españoles declararon haber ganado más de 600.000 euros. Una ridiculez como cifra y una evidencia que canta la existencia de una evasión fiscal sonrojante.

Joaquín Leguina es expresidente de la Comunidad de Madrid.

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