Las palabras, como bien explicó Lewis Caroll en Alicia en el país de las maravillas, son seres vivos: se emancipan de su creador y pasar a significar cosas nuevas y, sobre todo, a llevar implícitamente unos juicios de valor diferentes a los iniciales o incluso opuestos. La judicialización de la vida (en última instancia, su juridificación) constituye un proceso que nació junto con la Ilustración, o sea, en lucha contra el Absolutismo, y como mecanismo de protección de los débiles: justo para eso se dictan precisamente las leyes de cuya aplicación se encargan los pripios jueces. La historia del molinero de Sans Souci pugnando con Federico el Grande («¡Todavía hay jueces en Berlín!»: un grito de alegría) sigue siendo de referencia obligada: hasta entonces, era un dogma que «en asuntos de policía no hay apelación», lo que viene a significar que es el gobernante el que hace y deshace, sin nadie que le rechiste. Y también, mucho más cercana en el tiempo y en el espacio, la conferencia de Eduardo García de Enterría en la Barcelona de 1962 con el expresivo título de «La lucha contra las inmunidades del poder» y cuyo texto escrito fue tan relevante y tantos aplausos cosechó. Y eso que creyentes en el formalismo jurídico hay cada vez menos, incluso (o sobre todo) entre los del oficio del derecho.
Pero ojo a la hora de identificar quiénes son los débiles, porque no hay que dejarse llevar por las apariencias o, menos aún, los discursos. En materia de pirateo de la propiedad intelectual, eran los infractores los que (conocedores de la proverbial lentitud de los órganos judiciales) reclamaban su presencia en los procedimientos de cierre de las páginas, frente a la alternativa del mecanismo administrativo, del que cabía suponer una mayor expeditividad y eficacia. Fue, en 2011, la famosa polémica que acompañó a la conocida como «Ley Sinde». Que sean los malos los que piden la presencia del árbitro es para pensar: como si, en una violación, fuese él (o ellos) y no la chica quien gritara para que acudieran en su auxilio. El mundo al revés. Las palomas apuntando a las escopetas.
En efecto, los papeles de fuerte y débil (culpable y víctima, en la terminología jurídica) no responden a lo que dicen los propios interesados, por mucho aspaviento que gasten: puede tratarse sólo de un trampantojo, un señuelo. Lo que los ingleses llaman un decoy. En la fragmentada y nada envidiable Cataluña actual, la realidad es que los necesitados de protección judicial (por muchas carencias prácticas de que el sistema se va aquejado) no son los que, desde su posición de poder político, ocupan el espacio público con símbolos que son de una parte (y que se exhiben precisamente para amedrentar a la otra), sino justo los que no lo hacen y sufren en silencio la discriminación. Los primeros, aunque a veces se pueden ver perseguidos judicialmente, no son en realidad los débiles. Son los segundos los que más tienen que perder con la desjudicialización que se presenta como poco menos que una tierra promedita.
Aunque no estamos ante la primera vez que el lobo, por hobbesiano que en realidad sea, se vista con la piel del cordero. Lo que ocurre es que aquella sociedad tiene una relación torturada no sólo con el mundo del derecho (los códigos empresariales que allí se aplican, por ejemplo, son muy suyos desde la época de Jordi Pujol, y ahí precisamente está el fondo del discurso contra la presencia de los jueces, siempre engorrosa), sino también con la semántica. No es cuestión de si uno se expresa en una lengua o en la otra, porque hay palabras (y realidades) que son universales.
Difícil dialogar cuando los interlocutores dan a las palabras unos contenidos tan diferentes. De entrada, porque no sabemos si con desjudicializar se trata de derogar leyes o si, manteniéndolas en vigor, lo que se pretende es respaldar su incumplimiento generalizado (incluyendo la desatención a las propias sentencias). En el plano de la teoría del derecho son cosas muy diferentes: la una versa sobre vigencia y la otra sobre aplicabilidad práctica.
Antonio Jiménez-Blanco es miembro de la Academia de Doctores de España.