Jueces a la carta

Por José Antonio Martín Pallín, Magistrado emérito del Tribunal Supremo (EL PERIÓDICO, 17/11/07):

El ministro de Justicia ha propuesto modificar el sistema de acceso a la judicatura. Inmediatamente le han atribuido la sinuosa intención de nombrar jueces a dedo o a la carta. Nuestro país se ha empecinado en mantener uno de los métodos mas absurdos de selección de personas que van a desempeñar un poder político vital para la supervivencia del Estado de derecho.
Antes de explicar tan extraño método, les pregunto: ¿les parecería acertado que para entrar en la Academia Española de la Lengua fuese necesario aprenderse el Quijote de memoria y recitar aquellos pasajes que le hubieran tocado en sorteo?
Nuestros futuros jueces y fiscales se someten a un tratamiento más físico que intelectual. Su expediente académico pasa a un segundo plano. A partir de su toma de decisión, eligen un preparador, es decir, una persona que controle su capacidad para cubrir cualquier cuestión jurídica en 15 minutos, advirtiéndole de que le quedan otras cuatro vallas a las que tiene que dedicar un tiempo que no exceda de los 60 minutos.

TODO COMIENZA con un test digno de un concurso televisivo. Se formulan cuatro alternativas sobre un concepto jurídico. Solo una es válida. Aplicar este sistema a las ciencias jurídicas o sociales es una aberración que introduce un factor aleatorio e incoherente. La única solución válida es la que ha decidido, sin discusión posible, el redactor del crucigrama. El control de las respuestas se encomienda a una máquina que señala quiénes son los acertantes. Para el opositor no es un juego. Le va en ello su posibilidad de pasar el corte para poder someterse a una prueba oral que consiste en memorizar más de 300 materias, de las diversas ramas del Derecho.
Sus panegiristas sostienen que el sistema es objetivo, detecta el mérito y la capacidad del opositor y facilita la igualdad de oportunidades. En otras palabras, impide el nepotismo o favorecimiento de los conocidos.
Incuestionablemente, el sistema acredita el mérito de la sufrida clase opositora, que dedica los mejores años de su vida a un ejercicio memorístico, en lugar de formarse en la vida y la práctica de la ciencia jurídica. Renunciar, en plena juventud, a la vida social y dedicarse, ocho o más horas diarias, a memorizar los temas, con la angustia añadida de comprobar que lo que recordaba hace una mes ya se le ha olvidado. Según los estadísticos, la media para superar el listón, otra vez una metáfora deportiva, es de cuatro o cinco años. Yo les diría que, en este aspecto, su mérito es innegable.
En cuanto a la capacidad, no dudo de que la mayoría, una vez superado el trauma, podrán demostrar más adelante que no carecen de capacidad e inteligencia. La memoria no es incompatible con la inteligencia, pero no la garantiza.
Los que alegan su objetividad nos quieren decir que en un país moderno no existe espacio para otras fórmulas más inteligentes y sensatas. Al parecer, seguimos siendo un país de pícaros nepotistas y traficantes de influencias.
Nos queda la igualdad de oportunidades. La situación económica ha tardado siglos en permitir el acceso generalizado a la universidad. En mi época, el número de jóvenes que no podían acceder a un título universitario era mayoritario. Romper las barreras clasistas y económicas era una heroicidad.
El sistema ha sido recalcitrante. Ha introducido un nuevo concurso memorístico para acceder a determinadas especialidades. No sé cuales son las razones. Debían recordar el rechazo de Ortega y Gasset a los bárbaros especialistas, que pueden ahogar al jurista que necesita la sociedad.
Tenemos modelos importables. A partir del programa Bolonia se puede establecer una licenciatura que, por sí misma, no da acceso a cargos jurídicos públicos. Es la solución alemana. Allí, después de ese primer paso, viene un duro y selectivo examen de Estado que permite acceder a la judicatura, la Administración pública e incluso al ejercicio de la abogacía. Algunos argumentan que nuestra universidad no es como la germana; pues bien, corrijámosla, sin entregarnos irremediablemente al pesimismo.

A LOS anglosajones les asombra que se pueda ejercer la función judicial a los 23 años. Para ser juez a tiempo completo en Norteamérica o en el Reino Unido se necesita alcanzar los 40 o 45 años. No se garantiza el acierto pero sí la experiencia.
Los defectos se sustituyen por una estancia prolongada en la escuela judicial. Es decir, se reconoce que el calvario pasado no sirve para nada. Se olvidan de que la persona que ha sacrificado su vida durante cinco años considera injusto e insoportable cualquier retraso o impedimento. La formación profesional se produce, generalmente, dentro de la organización judicial. En otras palabras, es allí donde los jueces aprenden su oficio.
Tenemos que meditar sobre el perfil de los jueces que aportamos a nuestra sociedad. Tienen en sus manos decisiones transcendentales para la libertad y seguridad de los ciudadanos. Su poder llega hasta los aledaños de otros poderes. Tienen la potestad de paralizar la actividad administrativa o intervenir en asuntos de hondo calado político. La resistencia irracional de los eternos conformistas es un obstáculo para la modernización de un sistema insostenible. Demos una oportunidad a métodos más adecuados. Nadie discute la necesidad de una selección previa, pero, en todo caso, más inteligente.