Desde que soy juez, una de las cosas que más me ha impactado y, especialmente, enervado, ha sido el etiquetado ideológico de sufren los jueces por parte de la sociedad, influida directamente por la labor incansable que en este sentido desempeñan los medios de comunicación, ansiosos por clasificarnos, por colgarnos un cartel que permita a los ciudadanos caminar sobre seguro y forjarse una idea sobre nosotros para poder juzgarnos sin tener que pensar demasiado. Porque de eso se trata: de calificar a un colectivo de 5.000 personas con un único adjetivo, lo que le permite a uno nadar en las turbulentas aguas de la actualidad de una forma más apacible, sobre el flotador de quien sabe que lo que piensa es coincidente con lo que ha escuchado esa mañana en la radio, ha leído en el periódico en el aperitivo, y ha visto en el telediario de la noche.
No son pocos los artículos periodísticos en los que he leído que la judicatura adolece un "sesgo conservador", al ser la mayor parte de los jueces "conservadores", "que no están en la vida real", plasmado en los papeles con mayor frecuencia desde el dictado de la tristemente famosa sentencia del caso La Manada. Desde el comienzo, rechacé esa idea, viniéndome a la mente que, siendo perteneciente a las últimas promociones, esa afirmación desde luego no se correspondía con mis compañeros, quienes, como yo, rondan los 30 años, y a una gran parte de los cuales puedo decir que conozco, tras el año en Barcelona en la más que intensa, especie de Gran Hermano, Escuela Judicial. Allí la diversidad campaba a sus anchas, en todos los ámbitos: origen social, sexo (mayoría clara de mujeres), orientación sexual, modelo de familia, y desde luego, ideología, desde lo que efectivamente se puede tildar de "conservador" hasta puntos de vista que escandalizarían a más de uno.
Siempre he contemplado (y vivido en primera persona) cómo se trata con la mayor naturalidad que un compañero sea homosexual o que dos compañeras, casadas, decidan tener un hijo por reproducción asistida. Ni un solo desprecio, ni un solo desplante, ni una sola mirada por encima del hombro por ello. De modo que, al leer aquello, no lo pude identificar con la nueva generación de jueces.
Pero es que, si miro a mis compañeros más veteranos, no puedo olvidarme de que hace muy pocos días Eduardo Zaplana, importante figura del Partido Popular, ha ingresado en prisión por orden judicial; de que la defensa del consumidor en materia bancaria, y las masivas devoluciones de dinero que se están produciendo en materia de cláusulas suelo, intereses abusivos y preferentes tienen su origen en los Juzgados; de que también muy recientemente se ha dictado una sentencia por parte de la Audiencia Nacional sobre la financiación irregular del Partido Popular, en la que, además de condenar a 29 personas, condena al propio partido "conservador". ¿Esto lo harían jueces que hacen prevalecer sus tendencias conservadoras frente a la Ley, interpretada de acuerdo a la realidad social del momento? Puede haber jueces conservadores, pero de sesgo, nada. Es evidente que la trayectoria del trabajo de judicatura sólo demuestra que los jueces nos limitamos a aplicar la ley. Caiga quien caiga. Como juez que soy, a las pruebas me remito.
Pero por si todavía albergaba alguna duda, el pasado martes, día 22, la despejé, ya que fue el día en el que 3.537 jueces, lo que supone un 65,4% de la Carrera Judicial, y 1297 fiscales, que supone un 51,9% de la Fiscal decidieron plantarse frente a un gobierno "conservador" y decir BASTA, apoyando la huelga convocada por las asociaciones judiciales y fiscales, independientemente del partido al que votasen. De dar la cara ante la opinión pública y proclamar, a los cuatro vientos, que el actual ministro de Justicia nos ha ignorado, vapuleado y tratado como a niños de párvulos, riéndose de nosotros con sus incesantes reuniones vacías de contenido, creyendo que morderíamos el anzuelo e insinuando enfermedades mentales de magistrados que dictan votos particulares que no son de su agrado. De anunciar que las medidas adoptadas por este Gobierno que pretendían mejorar la Justicia como una mano de pintura a una pared que se cae a pedazos (véase, la digitalización) sólo han supuesto un empeoramiento de la misma. De denunciar que, en lugar de crear un CGPJ fuerte que refuerce la independencia del Poder Judicial y defienda a sus jueces, lo ha convertido en una suerte de Dirección General del Ministerio de Justicia, que actúa como mera correa de transmisión de lo que el Gobierno quiere en cada momento, que no es otra cosa que el debilitamiento de un Poder que sólo les crea problemas investigando su corrupción.
Basta de etiquetarnos a todos como si fuésemos un único ente. Somos un cuerpo plural, con tantas maneras de ver la política y la vida como integrantes lo componen. Habrá jueces en favor y en contra del aborto, de la eutanasia, del matrimonio igualitario, del libre mercado, del chalé de Pablo Iglesias, y del Madrid o del Barça. Pero hay algo que, por lo menos para mí, es indiscutible: a todos nos une nuestra voluntad única de hacer cumplir la ley con todas sus consecuencias, desempeñando el papel de jueces y no de legisladores, por encima de cualquier creencia personal, no temblándonos tampoco el pulso exigiendo lo que consideramos que merece la Justicia española, esté quién esté en la Moncloa.
Carlos Viader Castro, juez, es miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.