Jueces españoles en Europa

El Gobierno español ha reaccionado al segundo informe sobre Estado de Derecho en la Unión Europea presentado por el comisario de Justicia, Didier Reynders, como cabía esperar, es decir, mirando a otra parte, cuando se trata de responder a las carencias estructurales que la Comisión detecta en el ámbito del autogobierno de los jueces y en la relación de la Fiscalía con el Ejecutivo.

El año pasado, el primer informe de la Comisión ya señaló la necesidad de mejora en estos dos ámbitos. Lo hizo de una manera especialmente delicada, tal vez en la esperanza de que la suavidad del lenguaje no se confundiera con desinterés. Ahora, apunta a estos dos problemas en términos igualmente correctos, pero más acuciantes.

La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial no es deseable, pero nada se avanzaría si un Consejo renovado se mantuviera apartado de los estándares europeos si no se modifica, a la vez, el procedimiento de elección de los vocales que lo componen. No hace falta ser un jurista consumado para saber cuáles son estos estándares europeos. Los ha establecido la Comisión de Venecia y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECCO), ambos del Consejo de Europa, y los ha reiterado la Unión Europea -incluido el Parlamento- cuando ha tenido que afrontar las reformas judiciales, nada ejemplares, introducidas por el Gobierno del PIS en Polonia. Se trata de que allí donde existan consejos judiciales, al menos la mitad de sus miembros sean jueces de todas las categorías elegidos por jueces. «Es importante -afirma la Comisión- que estos estándares europeos sean tenidos en cuenta y que se consulte a todas las partes interesadas relevantes».

Jueces españoles en EuropaEn este curso, no sólo no se ha avanzado hacia una solución sino que las pulsiones autoritarias del Gobierno para forzar la mano del Partido Popular han llegado al punto de que los dos grupos de la coalición -PSOE y Unidas Podemos- pretendieran rebajar la mayoría necesaria para la elección de los vocales del Consejo de modo que el dedo de Frankenstein pudiera nombrar a todo el órgano de gobierno del poder judicial. Es ilustrativo de este tozudo autoritarismo que, en la víspera de que la Comisión se felicitara por la retirada de semejante iniciativa, Unidas Podemos pedía que se presentase de nuevo. Aun así, les ha quedado el premio de consolación -o más bien acto de revancha- de una reforma que desapodera al Consejo privándole de alguna de sus potestades más relevantes para el gobierno de los jueces con el argumento, sin base constitucional, de que se trata de un órgano en funciones. Pendiente de recurso ante el Tribunal Constitucional, esta reforma tampoco ha pasado desapercibida a la Comisión Europea que constata que «aunque el Consejo [del Poder Judicial] solicitó formalmente al Congreso que consultara, en el contexto del procedimiento legislativo, a partes interesadas relevantes tales como el propio Consejo y la Comisión de Venecia, esta solicitud no fue atendida por el Parlamento».

Se mire por donde se mire, resulta políticamente impensable que, hoy, la renovación del CGPJ no vaya acompañada de una reforma acordada de la elección de 12 de sus miembros que el artículo 122.3 de la Constitución dispone que sean nombrados «entre jueces y magistrados de todas las categorías, en los términos que establezca la ley orgánica». No sólo se trata de alinear los elementos esenciales del gobierno de los jueces con los criterios democráticos europeos en el marco de una exigencia reforzada de respeto al Estado de Derecho sino de recuperar el espíritu y la letra de la propia Constitución. Porque ésta, muchos años antes de que se pronunciaran todas estas instancias europeas, acertó en el modelo de consejo judicial. Fue su reforma en 1985 la que desfiguró su naturaleza al introducir la elección parlamentaria de todos sus miembros.

El Tribunal Constitucional (sentencia 108/1986 de 27 de septiembre) validó la reforma en un fallo que llevó al límite la posibilidad de interpretación de aquélla conforme a la Constitución. La mayoría de tres quintos de las Cámaras requerida para la elección de los vocales, el mandato de cinco años de estos -que no coincide con el de la legislatura que los nombra- y la prohibición de mandato imperativo parecieron al Tribunal cautelas suficientes para salvar el cambio legislativo. Sin embargo, en esa misma sentencia se advertía claramente de los riesgos que la reforma entrañaba «si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atienden sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos».

Tales riesgos le parecían al Tribunal Constitucional motivo suficiente para aconsejar la «sustitución» de la reforma, aunque no fueran «fundamento bastante para declarar su invalidez», ya que, al fin y al cabo, el Tribunal es juez pero no legislador. Pues bien, esos riesgos y otros más ya se han materializado, y de manera inédita, por el impacto tóxico del intervencionismo del Gobierno sobre las instituciones que plasman la separación de poderes. Los parámetros interpretativos a los que el Tribunal condicionó la constitucionalidad del actual sistema de elección del CGPJ han quedado, de hecho, sin efecto.

El autoritarismo invasivo del Gobierno no ha dejado institución al margen de su estrategia de deslegitimación. Sus últimos objetivos han sido el Tribunal de Cuentas -«órgano administrativo» en la despectiva y obtusa calificación de Pedro Sánchez- al que el políticamente difunto José Luis Ábalos acusó de «empedrar» el camino que Sánchez pretende recorrer con los independentistas catalanes y el Tribunal Constitucional degradado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, a órgano de «elucubración jurídica» carente de «sentido de Estado».

Tenemos un problema y tenemos que tomarlo en serio. Pero que nadie intente confundir. España no tiene un problema con sus jueces, y con la forma en que imparten justicia aplicando el Derecho. El problema radica en las amenazas a la independencia de los jueces. Amenazas explícitas como las que viene profiriendo el populismo de la izquierda radical de Podemos o veladas, como las prefiere hacer el sector socialista del Gobierno embarrando el terreno de la justicia al asociar justicia con venganza y utilizar una potestad exorbitante como la del indulto para deshacer las decisiones de los jueces e impulsar su desviada agenda política.

Javier Zarzalejos es diputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Libertades Públicas, Justicia e Interior.

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