Jueces, medios y partidos

Los jueces, los medios de comunicación y los partidos políticos son elementos fundamentales recogidos en la Constitución. El Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo son los tres poderes básicos. Los medios de comunicación fueron llamados el «cuarto poder». De las querellas consideradas políticas, las instadas comúnmente por los partidos contra sus oponentes, no son muchas las que llegan a juicio y numéricamente irrelevantes las que acaban en condenas. Antes se ha vivido un largo procedimiento en los juzgados y durante ese tiempo los partidos denunciantes aprovechan esa tierra de nadie para atribuir a sus adversarios políticos investigados la condición de culpables, y hay medios de comunicación que siguen esa senda falaz y sirven de eco a las condenas previas. Muchas veces basta una filtración inane, sin mediar intervención judicial alguna, para producir las mismas condenas mediáticas.

El resultado es el sufrimiento de los investigados y de sus familias con reflejo en su fama, honor y situaciones laborales. La amplia repercusión en los medios, casi siempre los mismos, unida a la larga duración de la investigación, supone un grave perjuicio para quienes padecen la situación de investigados que no determina presunción cierta de culpabilidad. La presunción de inocencia ha desaparecido de nuestra realidad. La inocencia no es noticia cuando los jueces archivan los casos.

La política se judicializa para mal. Es una vía empleada en el rifirrafe partidista a menudo acerada desde una aguerrida vanguardia mediática concreta. En esta orgía de condenas «de telediario» tiene no poco que ver la actitud de algún partido interesadamente empeñado en considerar condenados previos a los investigados, de modo que exige que cualquier político dimita cuando es objeto de una querella, casi siempre promovida por sus adversarios y admitida por un juez que estime oportuno investigar, acaso sintiéndose presionado mediática o políticamente.

Cierto partido, que se cree a sí mismo estupendo, confunde la transparencia con la utilización falaz de la Justicia y es paladín en exigir dimisiones ante el inicio de una investigación. Tiene el nada reconfortante récord de haber conseguido retirar de la circulación a políticos brillantes y honestos que luego de ser investigados quedaron sin mancha. ¿Pidió perdón por su irresponsabilidad? Nada de eso.

No son pocas las comisiones de investigación en parlamentos autonómicos en cuyas conclusiones, enviadas a la Fiscalía y recogidas generosamente por los medios de siempre, se considera culpables a quienes están siendo investigados por los tribunales en una inexplicable acción paralela entre el legislador y el juez, y luego estos «culpables» ven archivados sus casos por la Justicia. ¿Se produce entonces una declaración de ese Parlamento enmendando las conclusiones engañosas que aprobó? Claro que no.

Lo último que mueve mi reflexión es la alarma inducida en relación con una oportuna filtración -«hemos tenido acceso a…»- en torno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que pese a no tener nada detrás y estar montada al aire por sus adversarios políticos, lanzada y amplificada por el poder mediático afín, tenía la intención nada oculta de torcer su investidura. Inmediatamente, y sin evidencia alguna, un político principal del partido estupendo aseguró que la presidenta tendría que dimitir si un juez decidía investigarla. Entonces se acude a una comisión de investigación parlamentaria sirviendo a intereses partidistas, insólitamente apoyada por quienes comparten el Gobierno autonómico pero cuya lealtad institucional parece endeble. Resulta obvio que esos socios de Gobierno no ignoran el desgaste general que busca la Comisión. No se puede ser gobierno y oposición al tiempo. ¿Inmadurez? Urgencias ¿de qué?

Cuando el caso se da, resulta chocante que por una maniobra con clara intencionalidad partidista, un juez, que como cada cual tiene sus ideas y no se compromete al abrir una investigación ya que no supone adelantar conclusiones, pueda tener en sus manos cambiar la presidencia legítima de una Comunidad sin probarse conducta reprochable alguna, dado el anuncio previo de un partido de que exigirá la dimisión de quien sea investigado. Es el poder de los jueces. Ciertos medios tendrían que recapacitar y ciertos partidos ser más responsables y no buscar el aplauso fácil, perjudicando gravemente a presuntos inocentes, sino la verdad.

Juan Van-Halen es académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.

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