Jueces politizados

Por Antonio Papell (EL CORREO DIGITAL, 31/01/07):

Hoy comparece ante el juez el lehendakari Ibarretxe, acusado de ser ‘cooperador necesario’ en un delito de desobediencia presuntamente cometido por dirigentes de la ilegalizada Batasuna que se reunieron en calidad de tales el pasado mes de abril con el jefe del Gobierno vasco. La denuncia fue presentada por el Foro Ermua y el juez instructor de la causa, Roberto Saiz, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. No hace falta decir que el hecho mismo de que el presidente de la comunidad autónoma, máximo representante del Estado en ella, haya de comparecer como imputado ante un juez es un hecho de extraordinaria gravedad política. Así lo ha entendido el Partido Nacionalista Vasco, con su manifestación de apoyo al lehendakari.

En primera instancia, el observador de este deprimente espectáculo se siente arrastrado a defender ante todo la independencia del juez que, contra viento y marea, cumple con la que cree su obligación pese a la presión política y mediática que lo cerca. Sin embargo, si se araña la superficie de lo aparente y se hurga en el caso, se llegará quizá a conclusiones bastante matizadas. Porque, hace escasas semanas, el Tribunal Supremo rechazó con gran explicitud y contundencia una querella semejante interpuesta por el autodenominado sindicato Manos Limpias, una secta de extrema derecha, contra el presidente del Gobierno y los dirigentes del Partido Socialista de Euskadi, en relación con la reunión que éstos mantuvieron con dirigentes de Batasuna. Aquella sentencia, francamente iluminadora, afirmó que los procesos penales no son ni pueden ser fórmulas legítimas de control del poder ejecutivo ni de sus estrategias políticas. El alto tribunal llegó a afirmar que la pretensión de corregir por vía judicial la dirección impresa a la política por el gobierno legítimo podía constituir «fraude constitucional». Y estableció a fin de cuentas una clara línea divisoria entre las funciones de los jueces y las que tienen una dimensión exclusivamente política.

Por si la jurisprudencia fuera escasa, el viernes pasado, el juez Garzón dictó también un auto en dirección parecida para rechazar otra querella, en este caso contra los dirigentes abertzales, en la que establecía que la ilegalización de una organización no supone la abolición de los derechos de sus miembros, que pueden seguir defendiendo su ideario, siempre que no se demuestre que actúan al servicio de la causa terrorista.

Pese a todo ello, el juez del TSJPV ha creído que estas resoluciones no eximen a Ibarretxe de responder ante la Justicia de aquellas acusaciones, basadas en una interpretación extrema y desaforada de la Ley de Partidos. Sin duda, está en su derecho. Pero también lo están los ciudadanos si deciden protestar airadamente contra unas actuaciones que vulneran claramente la letra y el espíritu de decisiones judiciales previas y de mayor rango. Y contra una medida que, dígase lo que se diga, es humillante para quien tendrá que pasar por las ‘horcas caudinas’ de la comparecencia judicial claramente injustificada. Y para la institución que encarna.

Ante este conflicto, el Consejo General del Poder Judicial no ha hecho otra cosa que defender la independencia del juez. Nada hay más valioso, en efecto, que dicha independencia, pilar del Estado de Derecho. Pero parecería necesario asimismo entronizar poco a poco en los escalafones judiciales, con altura de miras y con inteligencia, las tesis del Supremo, que, en otro plano que no colisiona con el anterior, propugnan una separación auténtica entre los campos judicial y ejecutivo. Y es que no se puede ni se debe mediatizar los procesos políticos a golpe de querellas, ni tutelar por vía penal las decisiones de los gobiernos cuando manifiestamente no existen infracciones al ordenamiento.

Organizar manifestaciones callejeras contra las resoluciones judiciales es un error antiestético que, por añadidura, no conduce a parte alguna. Pero el rechazo a estos métodos no ha de impedir la censura a unas determinaciones judiciales que o son fruto de la impericia técnica más flagrante u obedecen a la intención de interferir en el curso de los acontecimientos políticos. Tanto en un caso como en otro sería conveniente una reacción menos automática y más expresiva del Consejo General del Poder Judicial.