Jueces sin reloj para investigar

Decía Cesare Beccaria, que «el proceso debe terminarse en el más breve tiempo posible porque cuanto más pronta y más cercana al delito cometido sea la pena será más justa y útil». Por ello, chirría la duración que han alcanzado casos como el Gürtel, Gescartera, Prestige, Nóos o los ERE de Andalucía, en los que no han escaseado las críticas a los jueces de instrucción, culpabilizados, injustamente, de ser responsables de tal situación. Entonces, ¿a quién le puede interesar que las causas penales, en especial las que llamamos «macro causas», se eternicen? ¿A los jueces?, ¿a los ciudadanos? La respuesta más lógica es otra: a quienes les afecta.

Por eso, cuando el Gobierno parece tener encauzada la recuperación económica, y es el tiempo de propiciar la regeneración democrática, no parece que lo mejor sea poner al árbitro a mirar el reloj para que el partido acabe pronto y nos pongamos a otra cosa. Dentro del paquete de medidas que se han anunciado para luchar contra la gran lacra de la corrupción se prevé un plazo máximo de instrucción de seis meses, que se eleva a los 18 en las causas complejas. Es decir, que la medida estrella para combatir la corrupción no va a ser dotar de más medios e instrumentos más eficaces a policías, jueces y fiscales, sino poner aún más trabas para evitar que las grandes instrucciones duren menos tiempo y acaben con resultados más depurados. El mundo al revés. La investigación de la corrupción no puede someterse a plazos. No se necesitan nuevos límites sino medios para llegar al fondo de los asuntos, esclarecer los hechos, identificar a los autores y dar la respuesta adecuada y en el plazo más breve posible, a tales hechos.

RAÚL ARIAS
RAÚL ARIAS

La recuperación de la confianza ciudadana, la gran asignatura pendiente en este fin de legislatura, que ha dilapidado partidos, sindicatos, entidades financieras y otros eminentes sujetos de derecho, no se va a lograr con parches. Ha llegado la hora de que, en vez de mirar el reloj, se dote a los jueces instructores de los medios para desarrollar su labor. La lucha contra la corrupción no es algo sencillo. Hay toda una lista de dificultades a las que enfrentarse.

De un lado, está el fantasma de la prescripción, si no se incoa el procedimiento con rapidez o si se producen paralizaciones excesivas. Los delitos asociados a ella son de cierta complejidad técnica: blanqueo de capitales, extorsión, prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación… Las pruebas pueden manipularse y hacerse desaparecer si no se adoptan medidas cautelares enérgicas, bloqueando patrimonios y rentas que pudieran estar conectados con los hechos y personas a investigar. Se trata de asuntos en los que los implicados tienen conexiones internacionales, por lo que hay que estar a la cooperación que puedan prestar órganos e instituciones extranjeras.

Es frecuente que haya un gran número de posibles imputados cuyos distintos roles es preciso ir delimitando con el avance de la investigación, en un marco donde lo que parece no es nunca la realidad. Los documentos, cada vez más en soporte electrónico, requieren difíciles tareas de obtención e interpretación que ponen en liza a peritos y expertos. Por eso, es indispensable partir de la realidad apuntada y frente a la precaria situación actual, proponemos medidas concretas que pasan por incrementar la inversión en Justicia. Sí, así como suena: hay que ir decididamente a alcanzar los ratios europeos en cuanto al PIB. Y en consecuencia:

1. Aumentar la plantilla de jueces. Máxime después de la supresión de unos 1.500 jueces sustitutos en 2013, es preciso que la próxima legislatura conozca una convocatoria anual de unas 200 plazas, pues la ciudadanía debe saber que estamos en la mitad de la media europea de 20 jueces por cada 100.000 habitantes, y lidiando con más de 8 millones de asuntos nuevos cada año.

2. Mejorar los medios de apoyo. Policía judicial, pericia económica oficial, oficina de recuperación de activos, tecnologías de la información… Hay que transformar estos instrumentos de auxilio al proceso.

3. Introducir mecanismos de agilización procesal. Así, y junto a la proyectada reforma de la «conexión delictiva» para impulsar las «piezas separadas» con juicio independiente, lo cual conlleva problemas técnicos de no fácil resolución -se avisa-, proponemos: una «conformidad especial» previa devolución de lo sustraído en asuntos de hasta tres años de prisión y para sujetos sin antecedentes; y la introducción del «principio de oportunidad», como en Alemania, que permita optar por el sobreseimiento en delitos sancionables con pena privativa de libertad inferior a un año y otros delitos de distinta pena, también subordinado a la devolución de las cantidades imputadas como apropiadas.

Esto hay que completarlo con una decisión más enérgica sobre el indulto, pues el anuncio de que el Gobierno va a informar cada seis meses de las razones de los indultos que conceda, no nos parece una solución suficiente. Y es que si después de una instrucción y un proceso más o menos largo se indulta al corrupto ¿qué credibilidad ofrece el sistema a la ciudadanía? La clave del asunto es investigar conforme al método de uno de los grandes investigadores de la Historia, el nobel Santiago Ramón y Cajal, quien exigía al investigador una «honradez del entendimiento» (honradez intelectual) que le debía llevar a «estudiar a fondo las cosas y saber cambiar desinteresadamente de opinión».

Ello, como dijera la STS 20-2-98, supone que los miembros de las Fuerzas de Seguridad deben actuar con «racional espíritu investigador», lo que supone que pueden actuar por simples sospechas, siempre que éstas no sean ilógicas, irracionales o arbitrarias. Y en cuanto a su duración, el Tribunal Constitucional, en su STC 1/1985, de 9 de enero, se refería a que la garantía procesal constitucionalizada en el art.24.1 CE, incluía «que el juez de Instrucción realice la investigación que el caso requiera». Habrá, pues, instrucciones más largas y extensas, y otras que no requerirán tanto tiempo, pero la cuestión no es recurrir al sistema italiano de los plazos de duración que parece queremos copiar.

Yes que, localizar un testigo o a un imputado huidos, desentrañar una documentación deliberadamente opaca, o detectar cajas B y C, no es cuestión de hacerlo bajo la presión de que se agota el tiempo, para responsabilizar al final al instructor de que le explote la bomba de relojería que se le da.

EN TAL SENTIDO, resulta positivo el papel del CGPJ, sugiriendo al anteproyecto en ciernes flexibilizar los plazos de prórroga de la instrucción, aportación que mejora la situación pero que consideramos no es la solución. Nosotros, por el contrario, proponemos, sobre todo, adecuar la organización de los juzgados de instrucción. Y así, tras definirse qué sea una «causa de especial complejidad» -lo que mediáticamente se conoce como una «macro causa»- cuando en un juzgado se incoe una, el titular se ocupará de ella en exclusiva, ofertándose un concurso con urgencia, para que en un plazo máximo de un mes, sea cubierta la plaza en dicho juzgado para conocer de los asuntos nuevos que ingresen a partir de la referida «macro causa», así como los anteriores en trámite. Dicha situación tendría la duración que resulte necesaria para acabar la instrucción de la causa de especial complejidad, que sin duda, con las medidas propuestas, se acelerará, frente a la situación actual. Y durante ese tiempo, el reparto no podrá dar lugar a una nueva causa de ese tipo al juzgado con dos jueces de instrucción, debiendo repartirse a otro juzgado, al que se dotará de medida similar a la apuntada. De este modo, podremos tener las causas de especial complejidad que se tramiten en manos de un titular exclusivamente dedicado a ella. Se atenderá, igualmente, el resto de asuntos y todo ello sin merma de garantías. Pero, como se ve, la medida que proponemos ha de enmarcarse en una verdadera política judicial de Estado, que cuente con mayores medios y menos palabras.

Estamos ante un test de credibilidad con vencimiento a corto plazo. Si las iniciativas gubernamentales no corrigen los defectos estructurales se consagrará la impunidad. Si se reacciona y se muestra una actitud que revele una voluntad sincera de poner el cascabel al gato de la corrupción hay esperanza. A ver el nuevo equipo del Ministerio de Justicia, que ha entrado con actitud dialogante y constructiva. En definitiva: Menos sumario y más juicio, pues lo importante no debe ser una instrucción de tres años que se solventa en un juicio de tres horas sino, como mantiene Fernando Herrero-Tejedor, justo al revés, «reducir la instrucción a favor del acto solemne del juicio oral».

Eduardo de Urbano Castrillo es magistrado y doctor en Derecho.

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