Jueces y política

El caso Gürtel está compuesto por nueve procesos distintos y la sentencia hecha pública el 24 de mayo (Sección 2ª de lo Penal de la Audiencia Nacional) es una de esas piezas. En ella se condena a 29 procesados a un total de 351 años de cárcel y a los «cabecillas» del asunto, Correa y Bárcenas, a 51 y 33 años respectivamente. Pero, ¿qué se juzgaba allí? Busco y rebusco en los periódicos del viernes 25 de mayo y no encuentro respuesta. Allí se dice que el PP se benefició de 111.186 euros en la campaña de 2003 en el Ayuntamiento de Pozuelo y de 133.628 en el de Majadahonda. Voy a la sentencia y no se limita a esos dos lugares. Además de Majadahonda (2001-2005) y Pozuelo (2003-2005), están los hechos relacionados con Estepona (2001-2005), la Comunidad de Castilla y León (20022003), Madrid capital (2002) y la Comunidad de Madrid (2004-2008). De lo cual la sentencia deduce que no quedan dudas acerca de la existencia de una Caja B en el PP, pues hubo «cantidades que sirvieron para pagar gastos electorales del Partido Popular, o fueron a parar, como donaciones finalistas, a la llamada Caja B del partido».

Y vuelvo a preguntarme: ¿eso de la Caja B del PP no pertenece a otra «pieza separada?». En efecto, así es y la sentencia lo admite: «Estos últimos aspectos que se describen lo son únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento, pero quedando fuera de su ámbito de conocimiento».

O sea, que el asunto de la Caja B estaba fuera del ámbito competencial del tribunal y, sin embargo, la sentencia entra allí a saco sin que existiera una sentencia previa que lo justificara. Y ya cuesta abajo en la rodada la sentencia aprovecha para poner en tela de juicio las declaraciones de varios testigos, entre ellos la de Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque «su testimonio no parece suficientemente verosímil para rebatir la prueba existente sobre la Caja B del partido», sin embargo, el presidente del tribunal en su voto particular disiente de tal argumento:

«[…] parece colocarse al Partido Popular en una dinámica de corrupción institucional, cuando a dicho Partido no se le ha enjuiciado por actividad delictiva alguna […] y por lo tanto, ajeno a cualquier relación con la actividad delictiva que aquí se enjuicia.

El impacto mediático y social de la sentencia ha sido impresionante. Según una encuesta de El Confidencial que comentó Ignacio Varela, al día siguiente de conocerse la sentencia el 52% de los españoles decía estar informado de ella y el 81% tenía una opinión sobre si la decisión judicial había sido justa o injusta. Apenas había entrado la moción de censura del PSOE por la ventanilla y nueve de cada diez españoles estaban ya en condiciones de mostrar su acuerdo o desacuerdo con ella. Además, el 46% de los encuestados se mostraron dispuestos a votar, si fueran diputados, a favor de la moción de Sánchez, lo cual muestra la altísima irritación social existente contra el PP.

Las intenciones políticas y los resultados sociales obtenidos por los dos jueces autores de la sentencia son tan obvios que dan miedo. ¿Por qué?

En primer lugar, porque resulta incomprensible que se condene a un ladrón de gallinas (Francisco Correa), aunque sean gordas y muy ponedoras, por sus sucios manejos a una pena de 51 años de cárcel, cuando no hace tanto un mal nacido que asesinó y quemó a sus dos hijos pequeños sólo fue condenado a 40 años. Ya sé que Correa cumplirá como máximo el triple de la condena por su delito más grave, pero vuelvo a preguntarme: ¿Esto lo sabe la gente del común?, y la respuesta es: No.

En segundo lugar, la sentencia huele a intención política que apesta, lo cual rompe con el principio constitucional de separación de poderes que prohíbe intervenir a los políticos en las competencias de la Judicatura, pero también a los jueces y fiscales en la política.

En tercer lugar, porque sigue existiendo –y esta sentencia lo muestra con gran claridad– un conchabeo inaceptable entre miembros de la Judicatura y medios de comunicación, atacando de consuno y sin desmayo derechos tales como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el secreto sumarial. Delitos que jamás son perseguidos ni condenados.

Además, este tacto ilegal de codos condiciona –y de qué modo– la libertad de los tribunales superiores adonde van a parar los recursos contra estas sentencias.

Sea como sea, la situación del PP hoy se parece mucho al calvario que pasó el PSOE entre 1993 y 1996 cuando cada mañana llegaban noticias demoledoras sobre corrupciones que se parecían como dos gotas de agua a la Gürtel: unos «servidores» del partido buscan dinero dicen que para ese partido a través de tramas externas que se encargan de la extracción pervirtiendo los contratos públicos. Luego, unos y otros hacen lo que señala el dicho popular: «El que parte y bien reparte, se queda la mejor parte», y esa del león se coloca a buen recaudo en cualquier paraíso fiscal.

Todo aquel infierno del PSOE se hubiera evitado si Felipe González hubiera hecho lo que él quería: no encabezar las listas electorales. Se le forzó a que se presentara y ocurrió lo peor: ganó las elecciones.

Mariano Rajoy debería, para su bien, escarmentar en cabeza ajena.

Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid.

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