Gracias a Edward Snowden, ahora sé que la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (la NSA) me está espiando. Utiliza a Google, Facebook, Verizon y otras empresas de Internet y de telecomunicaciones para reunir enormes cantidades de información digital, que sin duda incluyen datos relativos a mis correos electrónicos, llamadas telefónicas y uso de tarjetas de crédito.
Como no soy ciudadano de Estados Unidos, esto es totalmente legal. E incluso si yo fuera ciudadano estadounidense, es posible que de todos modos las operaciones de vigilancia hubieran recogido un montón de información sobre mí, aunque el blanco de la búsqueda fuera otro.
¿Debería esta invasión de mi privacidad escandalizarme? ¿Se habrá hecho realidad, con tres décadas de retraso, el mundo que imaginó George Orwell en 1984? ¿El Hermano Grande me vigila?
Yo no me siento escandalizado. Por lo que sé hasta ahora, no me preocupa en lo más mínimo. Es improbable que alguien esté leyendo mis correos electrónicos o escuchando mis llamadas por Skype. El volumen de información digital que reúne la NSA es tan grande que sería una tarea imposible.
Los que sí leen esos datos son programas informáticos que los analizan en busca de patrones de actividad sospechosa, con la esperanza de que los analistas de inteligencia puedan usar esa información para encontrar terroristas. El proceso no es tan diferente de los métodos de recolección y análisis de datos que usan muchas corporaciones para aumentar la eficacia de las campañas de publicidad dirigida o para ofrecernos los resultados de búsqueda que probablemente más nos interesen.
La cuestión no es qué información reúne un gobierno o una empresa, sino qué hace con ella. Yo me escandalizaría si hubiera pruebas de que (por ejemplo) el gobierno de Estados Unidos estuviera usando la información privada obtenida para chantajear a políticos extranjeros y obligarlos a servir a los intereses estadounidenses, o si esa información se filtrara a diarios, con la intención de desprestigiar a críticos de las políticas estadounidenses. Eso sería un verdadero escándalo.
Pero si nada de eso ha ocurrido, y si se han implementado medidas de protección eficaces para asegurar que no ocurra, entonces la pregunta que queda es si esta enorme campaña de recolección de datos nos protege realmente del terrorismo y si vale lo que cuesta. La NSA asegura que la vigilancia de las comunicaciones impidió más de 50 ataques terroristas desde 2001. Yo no sé cómo evaluar esta afirmación, o si esos ataques se hubieran podido prevenir de otra manera.
La pregunta respecto del valor económico es todavía más difícil. En 2010, el Washington Post publicó un voluminoso informe titulado “Top Secret America”, producto de una investigación que duró dos años e involucró a más de una docena de periodistas. El Post concluyó que nadie sabe cuánto cuestan las operaciones de inteligencia de los Estados Unidos; ni siquiera se sabe cuánta gente trabaja para los organismos de inteligencia estadounidenses.
En aquel momento, el Post informó que había 854.000 personas acreditadas para acceder a información clasificada como de máxima confidencialidad. Ahora, esa cifra asciende a 1,4 millones. (Con semejante cantidad de gente, ahí uno empieza a preguntarse si se podrá evitar el abuso de datos personales con fines de chantaje u otros propósitos privados.)
Independientemente de lo que uno piense sobre el programa de vigilancia de la NSA, está claro que la reacción del gobierno de Estados Unidos a la divulgación de información al respecto fue exagerada: le revocó a Snowden el pasaporte y se comunicó con diversos gobiernos para pedirles que en caso de que les solicitara asilo, se lo denegaran. Lo más extraordinario de todo fue que parece que Estados Unidos estuvo detrás de la aparente negativa de Francia, España, Italia y Portugal a permitir que el avión del presidente boliviano Evo Morales ingresara en su espacio aéreo en vuelo desde Moscú, con el argumento de que podía ser que Snowden estuviera a bordo. Morales tuvo que aterrizar en Viena, y varios líderes latinoamericanos se enfurecieron por lo que consideraron un agravio a la dignidad de los países de la región.
Los partidarios de la democracia deberían pensar muy bien antes de perseguir como criminales a personas como Julian Assange, Bradley Manning y Snowden. Si se piensa que la democracia es algo bueno, entonces también hay que pensar que la opinión pública debe estar tan informada cuanto sea posible sobre las acciones de los gobiernos que elige. Snowden dijo que reveló la información porque “es necesario que la opinión pública decida si estos programas y políticas están bien o mal”.
Y en eso no se equivoca. ¿Cómo puede una democracia decidir acerca de la conveniencia de un programa de vigilancia gubernamental como el que realiza la NSA si no tiene idea de que existe? De hecho, las revelaciones de Snowden también dejaron en claro que el director nacional de inteligencia, James Clapper, ocultó al Congreso de los Estados Unidos información sobre las prácticas de vigilancia de la NSA, cuando prestó testimonio ante el Comité de Inteligencia del Senado en una audiencia mantenida en marzo.
Cuando el Washington Post (que junto con The Guardian publicó la información brindada por Snowden) encuestó a estadounidenses sobre su postura en relación con el programa de recolección de datos de la NSA, alrededor del 58% de los encuestados estuvo a favor. Pero la misma encuesta reveló que solamente el 43% estaba de acuerdo con llevar a Snowden ante los tribunales por revelar el programa, mientras que el 48% se manifestó en contra.
La encuesta también indicó que el 65% apoya que se celebren audiencias públicas en el Congreso de los Estados Unidos para discutir el programa de vigilancia de la NSA. Si eso se concreta, las revelaciones de Snowden habrán logrado que todos estemos mucho mejor informados.
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Thanks to Edward Snowden, I now know that the U.S. National Security Agency is spying on me. It uses Google, Facebook, Verizon and other Internet and communications companies to collect vast amounts of digital information, no doubt including data about my e-mails, cellphone calls, and credit card usage.
I am not a United States citizen, so it’s all perfectly legal. And, even if I were a US citizen, it is possible that a lot of information about me would have been swept up anyway, though it may not have been the direct target of the surveillance operation.
Should I be outraged at this intrusion on my privacy? Has the world of George Orwell’s “1984″ finally arrived, three decades late? Is Big Brother watching me?
I don’t feel outraged. Based on what I know so far, I don’t really care. No one is likely to be reading my e-mails or listening in on my Skype calls. The volume of digital information that the NSA gathers would make that an impossible task.
Instead, computer programs mine the data for patterns of suspicious activity that intelligence analysts hope will lead them to terrorists. The process is not all that different from the data collection and analysis that many corporations use to target their ads at us more effectively, or that give us the online search results that we are most likely to want.
The question is not what information a government, or business, gathers, but what they do with it. I would be outraged if there were evidence that — for example — the U.S. government was using the private information that it scoops up to blackmail foreign politicians into serving U.S. interests, or if such information were leaked to newspapers in an effort to smear critics of U.S. policies. That would be a real scandal.
If, however, nothing of that sort has happened, and if there are effective safeguards in place to ensure that it does not happen, then the remaining question is whether this huge data-gathering effort really does protect us against terrorism, and whether we are getting value for money from it. The NSA claims that communications surveillance has prevented more than 50 terrorist attacks since 2001. I don’t know how to evaluate that claim, or whether we could have prevented those attacks in other ways.
The value-for-money question is even more difficult to assess. In 2010, the Washington Post produced a major report on “Top Secret America”. After a two-year investigation involving more than a dozen journalists, the Post concluded that no one knows how much U.S. intelligence operations cost — or even how many people American intelligence agencies employ.
At the time, the Post reported that 854,000 people held “top secret” security clearances. Now that figure is reported to be 1.4 million. (The sheer number of people does make one wonder whether misuse of personal data for blackmail or other private purposes is inevitable.)
Whatever we think of the NSA surveillance program itself, the U.S. government has clearly overreacted to the release of information about it. It revoked Snowden’s passport, and wrote to governments asking them to reject any asylum request that he might make.
Most extraordinary of all, it seems that the U.S. was behind the apparent refusal of France, Spain, Italy, and Portugal to permit Bolivian President Evo Morales’ airplane to enter their airspace en route home from Moscow, on the grounds that Snowden might have been aboard. Morales had to land in Vienna, and Latin American leaders were furious at what they took to be an insult to their dignity.
Supporters of democracy ought to think long and hard before prosecuting people like Julian Assange, Bradley Manning and Snowden. If we think that democracy is a good thing, then we must believe that the public should know as much as possible about what the government it elects is doing. Snowden has said that he made the disclosures because “the public needs to decide whether these programs and policies are right or wrong”.
He’s right about that. How can a democracy determine whether there should be government surveillance of the kind that the NSA is conducting if it has no idea that such programs exist? Indeed, Snowden’s leaks also revealed that National Intelligence Director James Clapper misled the U.S. Congress about the NSA’s surveillance practices in his testimony at a hearing held in March by the Senate Intelligence Committee.
When the Washington Post, which, along with The Guardian, published the information that Snowden provided, it asked Americans whether they support or oppose the NSA’s intelligence-gathering program. Some 58 percent of those surveyed supported it. Yet the same poll found that only 43 percent supported prosecuting Snowden for disclosing the program, while 48 percent were opposed.
The poll also indicated 65 percent support for public hearings by the U.S. Congress on the NSA surveillance program. If that happens, we will all be much better informed because of Snowden’s disclosures.
Peter Singer, Professor of Bioethics at Princeton University and Laureate Professor at the University of Melbourne, is one of the world’s most prominent ethicists. He is the author of Practical Ethics, Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals, and One World, The Ethics of What We Eat (with Jim Mason). Traducción: Esteban Flamini.