Por Mábel González Bustelo, responsable de desarme de Greenpeace (EL MUNDO, 01/09/06):
La cuestión del programa nuclear iraní se está abordando de forma equivocada. Es preocupante que nuevos países accedan a armas nucleares, pero nadie ha demostrado que éste sea el propósito de Irán y se están aplicando a este país parámetros que no se aplican a otros.
El problema son las contradicciones de la comunidad internacional al abordar las cuestiones de desarme y no proliferación, y la insuficiencia de las normativas internacionales al respecto.
La verdadera cuestión a abordar es la configuración del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que en su artículo cuatro establece el «derecho inalienable» de todos los países a la energía nuclear. Éste es el argumento que esgrime Irán para defender su derecho a un programa de uso civil. Pero esto fue un grave error porque, en el momento de firmar el Tratado, la energía nuclear era relativamente nueva y sus posibles efectos desconocidos.
Después del accidente de Chernóbil está claro que no es un derecho inalienable, sino una fuente de energía peligrosa, cara y que genera residuos que permanecen durante cientos de miles de años, con graves consecuencias sobre el medio ambiente y la salud humana. Además, cualquier programa de uso civil puede potencialmente ser usado para producir armas.
Desde que se firmó el Tratado en 1968, a las cinco potencias nucleares reconocidas (EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia) se han sumado cuatro más: India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.
La presión sobre este país contrasta con la falta de atención a los nueve estados nucleares ya existentes y a los 442 reactores nucleares, en 32 países, que actualmente producen materiales que podrían ser utilizados en armas nucleares.
Técnicamente, Irán no está haciendo nada ilegal de acuerdo al TNP. Y varios de los países que ejercen presión sobre él le proporcionaron en el pasado tecnología y apoyo para su programa nuclear (EEUU, Francia y Alemania).
Otro grave problema es el doble rasero. El Tratado no sólo establece la necesidad de controlar la proliferación, sino el compromiso de las potencias nucleares de avanzar hacia el desarme. Han hecho pocos esfuerzos por cumplir este mandato y actualmente existen en el mundo alrededor de 30.000 armas nucleares.
La Administración de George W. Bush ha elaborado una revisión de su doctrina nuclear que plantea el desarrollo de nuevas armas y lo mismo están haciendo el Reino Unido y otros países. El presidente francés, Jacques Chirac, defendió este año el derecho de Francia a hacer uso de las mismas, en caso de sufrir un ataque terrorista o con armas de destrucción masiva. Y Washington acaba de firmar un acuerdo para transferir tecnología nuclear a la India, un país no firmante del TNP, que tiene armas y ha realizado pruebas nucleares.
La atención prestada a Irán también contrasta con la tolerancia hacia el régimen de Pervez Musharraf en Pakistán, un aliado en la guerra global antiterrorista, pero de dudosa legitimidad democrática, y que está en la misma situación que la India en materia nuclear. Este país es uno de los principales difusores del radicalismo islámico (fuertemente infiltrado, incluso en el Ejército) y aquél en el que sería más posible que estas armas terminen en manos equivocadas, es decir, en poder de grupos ligados al terrorismo.
La tensión actual no debería ser sólo sobre Irán, sino sobre cómo asegurar la coexistencia pacífica en un mundo en el que hay 30.000 armas nucleares y en el que el desarrollo de la energía nuclear permite que se produzcan más. Este sistema es claramente vulnerable a abusos por parte de todos los estados. Y la situación actual, con unas normas que se aplican a los estados amistosos y otras completamente diferentes para los demás, sólo contribuye a la proliferación de tecnología y armas nucleares y a la escalada global de tensión.
La única manera de garantizar un mundo libre de esta amenaza es rechazar el ciclo nuclear.
Irán debería dejar a un lado sus ambiciones nucleares, pero no puede sorprender que mantenga una línea dura cuando la posición de los estados nucleares occidentales es hipócrita. La estrategia occidental se basa en una combinación de incentivos y amenazas. Es una línea de acción condenada al fracaso, porque la oferta no incluye lo que Irán considera más imprescindible: la garantía de no ser atacado.
Para Greenpeace, es urgente abordar un proceso de paz global para Oriente Próximo. De esta forma, las preocupaciones iraníes en materia de seguridad quedarían incluidas en unas negociaciones de carácter regional, encaminadas a lograr la paz y la estabilidad. Además, hay que retomar las iniciativas de la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad y otros organismos, para hacer de esta región una zona libre de armas de destrucción masiva y de energía nuclear. La respuesta a la cuestión iraní debe ser diplomática y pacífica. Si este caso pone algo de manifiesto es la necesidad de impulsar el desarme nuclear a escala global, adoptar un enfoque más coherente en materia de proliferación y reforzar el TNP.