Junio del 17: el golpe de Barcelona

A quienes duden de que lo que ha hecho Puigdemont este viernes ha sido poner en marcha un golpe de Estado no voy a ofrecerles ejemplos tan manidos como el 23-F o el propio octubre del 34 de Companys, sino un antecedente más sutil, poco menos que olvidado, pero apoyado en la contundencia de la efeméride. Me refiero al órdago que las Juntas de Defensa, burlonamente definidas como “sindicato único del gremio de la espada”, echaron y ganaron al régimen constitucional de la Restauración, precisamente en los primeros días de junio de 1917, precisamente en Barcelona.

El paralelismo es abrumador. De igual manera que la España actual es presentada, en términos constitucionales, como un “Estado autonómico”, la de principios del siglo XX era, en certera expresión de Ramiro de Maeztu, una “Monarquía militar”. El peso institucional que, en permanente tensión con los poderes clásicos del Estado, hoy acumulan las Comunidades Autónomas, residía entonces en el Ejército. Y en su seno fermentaban reivindicaciones apoyadas en supuestos agravios históricos, económicos y políticos, equivalentes a los que hoy esgrimen los nacionalistas.

Lo de menos es el itinerario de un proceso de radicalización que va del Desastre del 98 a la creación en Cataluña de esas ilegales Juntas de Defensa, pasando por los asaltos a periódicos y la aprobación de la inaudita Ley de Jurisdicciones que, a efectos penales, hacía del Ejército un Estado dentro del Estado. Lo de más es el paulatino desplazamiento de la sociedad política, con Alfonso XIII a la cabeza, hacia la comprensión y legitimación de los planteamientos de las salas de banderas.

Fue un proceso de desistimiento en la defensa del orden constitucional y rendición a plazos al pretorianismo, similar al que en las últimas décadas hemos vivido en relación a los mitos identitarios, la fragmentación de la soberanía mediante el sedicente derecho a decidir y las amenazas separatistas. Detrás de ambas estrategias apaciguadoras puede detectarse una común mala conciencia, enraizada en la corrupción de lo que era y vuelve a ser una oligarquía de partidos.

El problema de esa condescendencia entreguista, compartida por los gobiernos de la Restauración y los de nuestra democracia, es que el aplazamiento del conflicto no hace sino enconarlo. Ningún antídoto fulminante sirve para compensar la pasividad durante años y años de envenenamiento progresivo de una sociedad porque cuando el poder legítimo se queda sin margen de transigencia, la correlación de fuerzas puede resultarle peligrosamente adversa.

Eso es lo que sucedió el 1 de junio de 1917, después de que, asustado por la propagación de las Juntas de Defensa a todas las armas y lugares, el gobierno liberal del timorato García Prieto pasó de tolerarlas a prohibirlas. Y como prueba de su determinación ordenó al nuevo capitán general de Cataluña el arresto preventivo en el castillo de Montjuic del coronel Benito Márquez y otros cabecillas de la llamada Junta Central, que se negaba a autodisolverse.

Frente a quienes, como el ministro de Hacienda Santiago Alba, preconizaban someterlos a un juicio sumarísimo e incluso fusilarlos, se trataba de una respuesta ponderada a una flagrante desobediencia. Algo parecido a lo que hemos vivido con las parcas condenas impuestas a Mas y Homs por la consulta del 9-N o con la flemática reacción jurisdiccional al desafío reiterado de la presidenta del Parlament a las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Envalentonados al percibir la debilidad de su antagonista, los oficiales de infantería de las guarniciones catalanas firmaron masivamente un manifiesto que se leyó a modo de bando. Exigían la legalización de las Juntas y lanzaban un ultimátum para la puesta en libertad de los arrestados antes de las diez de la noche de ese mismo 1 de junio. La firmeza y dignidad del Gobierno sólo dio lo suficiente de sí como para obtener unas horas de prórroga, graciosamente otorgadas por Benito Márquez y sus compañeros, a través de una nota datada en el propio castillo de Montjuic.

El 2 de junio, mientras el manifiesto recibía adhesiones por doquier, se decretaba su libertad por “ser gubernativo el arresto y en vista de la tranquilidad que se ha observado (!!)”. El 3 de junio –escribe el historiador Lacomba-, “la Juntas habían vencido en toda España al Gobierno”. El 9 de junio dimitió García Prieto. El 11 de junio, tal día como hoy, Alfonso XIII recurrió a “la solución que no solucionaba nada” –así la definió El Socialista-, llamando de nuevo al poder a un político tan enclenque como Eduardo Dato, partidario de “ir tirando y gobernar poco”. El 12 de junio quedó aprobado el reglamento que legalizaba las Juntas.

Dos catalanes clarividentes calibraron la trascendencia y gravedad de lo ocurrido. El primero, un joven Josep Pla que escribiría sin ambages: “El golpe estaba dado y el ministerio quedaba como un cadáver flotante. El hecho iniciaba, en realidad, la supeditación de la vida civil y la política española a la exigencia militar”.

El segundo, Enric Prat de la Riba, en la fase crítica de la enfermedad que le llevaría prematuramente a la tumba apenas mes y medio después. En el que sería su último documento político expresaba la posición de la Lliga ante la crisis. La naturaleza de los hechos le merecía los más duros epítetos: “Dentro de un país normal, de un país constituido, el hecho de la sindicación de la oficialidad para imponer determinadas condiciones al Gobierno es una anormalidad tan extraordinaria, una subversión tan monstruosa del orden establecido, que provocaría en todo el cuerpo social una reacción formidable, un ambiente de hostilidad y de repulsión irrespirable”.

Por eso, lo que en realidad desazonaba a Prat de la Riba era la acogida de la opinión pública: “Un ambiente de excusas, hasta de clara simpatía, ha acompañado la actuación de las Juntas de Defensa. ¿Por qué? Porque al lado de tantas sombras y ficciones, era un grito de sinceridad, era una realidad viva porque el problema que plantea es el problema constitucional”.

Y sobre todo la impotencia de la respuesta política: “Ahora declaraciones, y después mensajes, y más allá proyectos de ley, y crisis después, y toda la vida pública española sigue igual, como si nada hubiese que hacer, ni mudar, ni corregir, ni innovar”.

Cien años después, este diagnóstico del mejor catalanismo político se vuelve a la vez contra sus aparentes herederos y contra quienes deberían haberlos deslegitimado, mediante la reforma y regeneración del régimen constitucional. ¿O acaso no es una “anormalidad extraordinaria” y una “subversión monstruosa” que el presidente de una Comunidad Autónoma convoque unilateralmente un referéndum de independencia? ¿Y acaso no es cierto que la deriva de Puigdemont ha estado arropada por un “ambiente de excusas”, basado en la contraposición de un movimiento arraigado en “una realidad viva” -el sentimiento de gran parte de los catalanes- frente al deambular entre “sombras y ficciones” que caracteriza a la vida política española desde su bloqueo por la negativa de Rajoy a asumir su responsabilidad por la corrupción del partido gobernante? ¿Y acaso no es verdad que, sea cual sea el devenir de la crisis catalana, el panorama que se nos ofrece, una vez aprobado el Presupuesto, es el de una legislatura de parálisis “como si nada hubiese que hacer, ni mudar, ni corregir, ni innovar”?

El argumento gubernamental de que Puigdemont se ha limitado a escenificar este viernes un acto propagandístico sin consecuencia práctica alguna, ante el que la mejor respuesta es el desdén, revela la impotencia de quien ha hecho del batirse en retirada una costumbre. Casi podría decirse que el artículo 155 de la Constitución fue concebido para hacer frente a una situación exactamente como esta. Es decir, para evitar que un gobierno autonómico que anuncia que va a cometer una serie de delitos encadenados, a plazo fijo, pueda consumar su plan. Porque en el momento en que Puigdemont firme el decreto de convocatoria de la consulta secesionista, lo que inexorablemente habrá que aplicar es el Código Penal.

Rajoy, que ni siquiera considera la situación lo suficientemente grave como para reunirse con Sánchez y Rivera, sigue optando por el pasivo deshonor, pero ya sabe que no podrá eludir la guerra. La crisis catalana terminará siendo para él una providencial oportunidad para huir hacia adelante, cuando el calendario ya incluye los señalamientos de sus comparecencias para responder de la corrupción ante el Parlamento y la Justicia, cuando la sentencia del TC sobre la amnistía fiscal hace insostenible la continuidad de su ministro favorito y cuando la moción de censura de Pablo Iglesias canalizará contra él reproches desde todos los ángulos.

Junio de 2017 no será una calcomanía de junio de 1917. En algún momento antes del 1 de octubre Rajoy comparecerá ante la Nación cargado de razones, presentando su debilidad crónica como alarde de infinita paciencia y su parálisis estaférmica como muestra de contención no correspondida. Entonces adoptará medidas que la defensa de la legalidad hará inevitables. Los partidos constitucionalistas y la opinión pública las respaldarán de entrada con entusiasmo, pero veremos lo que sucede cuando toque implementarlas sobre un terreno abandonado a las malas hierbas durante tanto tiempo. ¿Alguien ha pensado en lo que ocurriría si comenzara una escalada de concentraciones diarias cada vez más nutridas, al modo de la revolución de terciopelo de Praga, en apoyo de un Puigdemont suspendido de sus funciones, o no digamos encarcelado?

La crisis de 1917 desembocó en una huelga general duramente reprimida y pareció zanjarse con un gobierno de concentración en el que entró Cambó -entonces Cataluña no sólo era parte del problema sino también de la solución-, pero su amarga lección no se terminó de aprender hasta 1923, cuando Primo de Rivera llevó hasta sus últimas consecuencias las pretensiones tutelares de las Juntas de Defensa. Tendrían que transcurrir sesenta años para que España volviera a vivir, en junio de 1977, bajo un régimen de difícil y merecida libertad.

El cuarenta aniversario de las primeras elecciones democráticas debería servir esta semana tanto para subrayar la necesidad de defender, por encima de cualquier otra consideración, el Estado de Derecho, fruto del subsiguiente pacto constituyente, como para reclamar a nuestros políticos la misma audacia transformadora y la misma generosidad personal que aportaron Adolfo Suárez y los hombres de UCD.

De momento, lo que por desgracia sigue plenamente vigente es el diagnóstico de Unamuno a la vista del avestrucismo que rodeó a aquel golpe militar tácito de hace un siglo: “¿Qué pasa en España?”, escribió el 2 de julio en El Mercantil Valenciano, “pues pura y sencillamente que han velado el manómetro, que le impiden que marque la presión de la caldera. Es como aquel que aguardando una catástrofe para una hora dada, mandó parar el reloj”.

Sí, Rajoy ha mandado parar el reloj y nada desearía tanto como poder tirarlo por la ventana -por eso se jacta de que ni siquiera escuchó el “bando” de Puigdemont-; pero la maquinaria de la vida y las manecillas de la Historia se niegan a obedecerle.

Pedro J. Ramírez, director de El Español.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *