Juristas de alquiler

Hay personas que tienen cosas que decir y las dicen o no las dicen, y personas que tienen cosas que callar y las callan. También hay gentes que tienen cosas que sólo se las dicen a sí mismas o, como mucho, a sus parientes más próximos o amigos cercanos. Otras las cuentan a todo el mundo e incluso las pregonan a los cuatro vientos.

Esta cavilación viene al hilo del discurso pronunciado el pasado día 12 por la ya ex presidenta del Tribunal Constitucional, doña María Emilia Casas Baamonde, en el acto de toma de posesión de cuatro nuevos magistrados de ese órgano, lo que supone la novena renovación parcial de tan alto tribunal y el cese de la señora Casas. En su alocución, la expresidenta echó un muy solemne rapapolvo a los políticos por el «notorio retraso de más de tres años en la renovación del tribunal», lo que, para ella, implicaba «un incumplimiento grave de la Constitución» y «perjudicaba la calidad de la democracia». Del discurso, que tengo a mano, creo que la frase más atinada es la del primer párrafo de la página tercera, cuando asegura que la legitimidad de origen del tribunal se ve empañada si las designaciones «quedan embarradas por todo tipo de cábalas y supuestas negociaciones políticas llevadas a cabo al margen del Parlamento».

Al igual que a muchos, a mí los reproches de la expresidenta me parecieron pertinentes, claros y precisos -la mejor prueba es que sentaron bastante mal a los partidos políticos-, pues doña María Emilia no sólo puso el dedo en la llaga del alto tribunal sino que también despojó de su venda a esa señora que llaman Justicia y que con su mano -ahora no recuerdo si es la derecha o la izquierda- sujeta una balanza. No obstante, también es cierto que la reprimenda resultó algo incongruente y extemporánea. Como dijo el editorial de este periódico del 13/01/2011, quizá no fuera ella la persona más idónea para hacer la denuncia, pues si la renovación se había producido con tres años de retraso, el tribunal tardó cuatro en dictar la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña y esa demora produjo un «enorme desgaste y daño irreversible al país y a la propia institución». De haber sido coherente, doña María Emilia tendría que haber reconocido su parte alícuota de culpa. De ahí que en la lectura de su disertación no fueran pocos los que nadaron en un mar de asombro. La diputada Rosa Díez estuvo certera cuando dijo que «bien podría haberlo hecho cuando estaba dentro».

Todos, o casi todos, sabemos que la mecha del proceso de devaluación del TC se encendió hace bastantes años. Tantos como, pese a su infinita importancia, lleva sufriendo el acoso de la paulatina y sistemática colonización de la política que, en su afán por controlarlo todo, lo ha degradado hasta cotas muy bajas, aunque no hayan faltado las resistencias de algunos miembros de la institución, esforzados en vencer al virus de la politización del propio tribunal. Sin duda que el asunto se reduce a términos de poder real y otros conceptos teóricamente destinados a mandar en los altos y medianos tribunales de justicia. Por mucho que se pretenda disimular bajo púdicas y muy distintas vestiduras poner a los nuestros para que hagan servicios, que no justicia, es el fin real y el último objetivo de los partidos políticos.

En su obra El malestar de los jueces y el modelo judicial, Alejandro Nieto, un jurista que combina a la perfección prestigio e independencia, sostiene que la tragedia del Tribunal Constitucional es la de haberse dejado arrastrar en esa lucha indigna que mantienen los partidos políticos, que se reparten los cupos con absoluta impudicia y de ahí que todos sus magistrados lleven el hierro político marcado en la frente. Quienes acusan a los magistrados del Tribunal Constitucional de politizados son los propios políticos a la hora de nombrarlos. Los dirigentes de los partidos no ignoran que nominar es dominar, lo mismo que saben bien que si juegan esa baza es porque hay magistrados que se prestan a ello. Veremos en qué acaba esta flamante y espuria renovación del Tribunal Constitucional, pero, por sus conductas, parece evidente que el Gobierno y la oposición tienen voluntad firme de seguir metiendo sus toscas manos en él como gesto de intervencionismo manipulador. De una puñetera vez -dado el asunto, escribir puñetas viene al pelo- y para no perdernos en el laberinto cuya clave muchos desconocen, convendría saber cuál es la función del Tribunal Constitucional. Tampoco nos vendría nada mal poder medir y pesar los quilates del posible material con el que se intenta remozar el edificio. El Tribunal Constitucional, una de las instituciones fundamentales del Estado, no puede seguir siendo tributario del poder de los partidos. Es hora ya de que dependa de sí mismo y que se desentienda de tanto seudopolítico y parapolítico al uso que lo que quieren es tener jueces siervos, no jueces libres.

Según cuentan las crónicas, el motivo de la no renovación de los tres magistrados del Tribunal Constitucional con mandato caducado y el de un cuarto, correspondiente a la vacante dejada por el fallecido Roberto García Calvo, es el candidato del PP, Enrique López, de quien muchos opinan -por delicadeza omito mi propio juicio- que no se trata de un verdadero jurista ni tampoco que sea un hombre independiente respecto del partido político empeñado en su candidatura. Y es que en palabras del profesor Andrés de la Oliva -por neutralidad, me ahorro las mías-, no es fácil de entender que entre centenares de miembros de la carrera judicial con prestigio e indiscutible experiencia, el PP apueste sólo por este magistrado de bajo perfil profesional como si con él España se jugase el Estado de Derecho.

Si repasamos algunos nombres y sobre todo si examinamos sus currículos, hay casos en los que eso de ser jurista de «prestigio» o de «reconocida competencia» no es más que una excusa para mediocres. Está demostrado que en el campo de la justicia se suele aplaudir más la medianía disciplinada que la libertad que hace mangas y capirotes a recomendaciones y presiones. La ciencia infusa sirve para dar gato por liebre, es cierto, pero no para sacar a un tribunal del atolladero en el que hace años lleva metido por el empeño de los políticos en hacer oídos sordos a las palabras cuerdas, aunque nadie las escuche ni siquiera con música de fondo. «Sé mediocre y trepador y llegarás a todo», se puede leer en El matrimonio de Fígaro, de Beaumarchais, pero el problema no es llegar, sino cómo se llega y el lugar al que se llega. Una de las quiebras de la democracia es que no da la gloria al elegido por méritos sino por votos y en España la independencia judicial suele premiarse con la medalla del desprecio y, por contra, el servilismo pagarse con la moneda del aplauso. La democracia no puede ser la oportunidad de juristas de pacotilla elegidos por fulano o por mengano a sabiendas de que responderán a la confianza depositada en ellos. Bueno sería que revisásemos nuestros espíritus demócratas y apostáramos siempre por la calidad. Afortunadamente, en España hay grandes talentos jurídicos, juristas de cuerpo entero, entre los que figuran jueces, fiscales, catedráticos, notarios, registradores y abogados -incluidos los del Estado- que saben bien que ese modo de «llegar a todo» es bastante parecido a no llegar a nada ni a parte alguna.

El 4 de octubre de 2007 publiqué en estas mismas páginas un artículo que titulé Yo recuso, tú recusas, ellos recusan. Venía a cuento de las abstenciones de la entonces presidenta del Tribunal Constitucional, rotulada como la «progresista» señora Casas, y del entonces vicepresidente señor Jiménez, denominado como «conservador», en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 6/2007 que, entre otros, modificó el artículo 16 de la LOTC e hizo posible la prolongación de la situación en que la presidenta se encontraba en el momento de aprobarse la ley. Por cierto, recuérdese que, aparte de abstenerse, doña María Emilia Casas nada hizo en el asunto, salvo beneficiarse con la reforma. Entonces escribí que el hecho de que el Tribunal Consitucional quedase ante los ojos de la gente como un órgano compuesto por magistrados que intervienen en los asuntos y los deciden en función de sus adscripciones ideológicas, sus fobias y filias políticas, era algo que a cualquiera llenaba de preocupación. A mi juicio, toda la batalla por el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional -lo mismo que por los vocales del Consejo General del Poder Judicial- introduce al alto tribunal en un estado de sospecha permanente, aunque, para ser sinceros, esto no parece que sea una novedad, pues lo que llega a la opinión pública es la idea de que es un títere de feria al servicio del poder político y una institución en el que los intereses de los partidos priman sobre la Ley y el Derecho.

Hoy, tres años después, visto el discurso de la señora Casas, no puedo pensar de manera diferente. Ojalá que el nuevo presidente, Pascual Sala, a quien creo conocer bien, pues formé parte del Consejo General del Poder Judicial que él presidió en el periodo 1990-1996 y a quien, con tanto afecto como franqueza, deseo pleno acierto en su nueva tarea, logre hacerme cambiar de opinión. Antes que a mí, tendrá que convencer a quienes piensan que con sus jueces todo está ganado y se empeñan en ser los amos de los tribunales. Me consta que es hombre prudente pero también de carácter. Él sabe bien que cuando en el oficio de juzgar se buscan rentabilidades políticas, sobra la justicia y basta la intriga. Durante los dos años y pico que ejercerá de presidente, a más de uno y de dos tendría que advertirles que mercadear con el tribunal es menester de traficantes que alteran su esencia, envenenándola.

Y poco más me queda por decir, salvo que del discurso de despedida de la señora presidenta, lo que me pareció casi conmovedor fue el final que aquí, ya en el último tramo del artículo, copio. Tras declarar que el adiós marcaba un jalón importante en su vida, con cita de Francisco Tomás y Valiente, doña María Emilia concluyó emotivamente: «Doce años son muchos y los he vivido intensamente: no los cambiaría por nada. Aquí los dejo, pero los llevaré siempre en mi memoria». Me imagino que ahora, dispuesta a hacer las maletas, que, por lo que dice, cabe suponer repleta de recuerdos y experiencias, la señora Casas se tomará un descanso, aunque ya se sabe que para personas de espíritu tan inquieto como el suyo, el retorno siempre está a la vuelta de la esquina. Naturalmente, ignoro lo que el futuro deparará a la ya presidenta emérita del Tribunal Constitucional. Ahora bien, lo que sí sé es que no tendría que ser mejor que el de otros muchos cesantes. En el acceso a los órganos constitucionales o de relevancia constitucional del Estado suele haber razones misteriosas; lo que no cabe son sinrazones vergonzosas.

Javier Gómez de Liaño, abogado y magistrado excedente.

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