Justicia gratuita: un debate inevitable

Por Josep M. Vallès, consejero de Justicia de la Generalitat (EL PAÍS, 20/09/06):

El Estado social y democrático de derecho debe proteger y facilitar el acceso de todos a la defensa independiente y cualificada de sus derechos. Para ello cuenta con la asistencia jurídica gratuita -el llamado turno de oficio-, que sufraga la propia Administración. Se trata de un servicio público exigido por la Constitución, financiado por la Generalitat, gestionado por los colegios de abogados y procuradores y prestado por sus miembros. A ellos -Administración, colegios y profesionales- toca asegurar su calidad y su eficiencia.

No es un servicio menor. Algunos datos de 2006 para Cataluña: cerca de 100.000 solicitudes tramitadas y casi 350.000 actuaciones profesionales, en constante aumento. El Departamento de Justicia aporta más de 46 millones de euros -más de 20 millones de pesetas cada día-. Equivale al presupuesto corriente de un municipio de 80.000 habitantes. Entre 2004 y 2006, la aportación pública ha crecido en más del 25%. La Generalitat liquida ahora mensualmente los honorarios de letrados y procuradores, satisfaciendo una antigua reivindicación.

Con todo y pese a la dedicación de la mayoría de los profesionales que lo prestan, subsisten interrogantes sobre el servicio. El primero es cómo asegurar la calidad requerida ante una demanda creciente. El segundo es si basta añadir más recursos para aumentar dicha calidad. Son preguntas que debe plantearse cualquier Gobierno -el de la Generalitat en este caso- responsable de garantizar la prestación del servicio en las mejores y más eficientes condiciones.

Parece presuntuoso -como mínimo- suponer que no hay nada mejorable en el modelo actual y que todos sus actores rozan la perfección. ¿No es conveniente explorar si cabe proteger de manera más eficiente el derecho a una defensa gratuita, independiente y de calidad? Lo sostienen prestigiosos profesionales del derecho, desde la propia experiencia. Lo recomienda el Libro Verde de la Justicia en Cataluña. Nada insólito, puesto que otros países democráticos así lo han hecho recientemente.

Emprender este análisis no pone en crisis el derecho a una defensa independiente, como se ha afirmado a la ligera, confundiendo a la opinión. Tampoco conduce a la “funcionarización” del servicio o a su “privatización en beneficio de grandes bufetes”, tal como se ha imputado falsamente -y en llamativa contradicción- a la Generalitat. No elimina el turno de oficio, puesto que lo impide la Constitución que deben acatar y hacer cumplir la Administración y los colegios profesionales que reciben de ella algunas atribuciones.

¿Por qué recelar de una ocasión para mejorar el modelo, revisando -sin rutinas ni prejuicios- la concertación entre los actores implicados? ¿A qué responde la resistencia a valorar el papel de todos ellos: profesionales, colegios que aseguran su capacidad técnica y ética y Administración como última garante de la protección del derecho? ¿A qué se deben invectivas y tergiversaciones que descalifican a quien las emite? Pueden darse diferencias de opinión. Pero no la renuncia a debatirlas, especialmente entre quienes tienen responsabilidades institucionales en los colegios y en la Administración. Entiendo que -entre quienes desean honradamente un mejor servicio- cabe definir un terreno común donde se combine la reivindicación de intereses laborales y corporativos con la protección del interés ciudadano que obliga a la Administración.

Por lo demás, este debate es inevitable. Seguirá. No lo cerrarán los calendarios electorales, parlamentarios o colegiales. Porque nace de la necesidad de adaptar la justicia gratuita a nuevas condiciones sociales y procesales, tras 10 años de vigencia de la Ley 1/1996 que la regula. Lo propicia el Estatuto de 2006 que -en su artículo 106- confiere a la Generalitat la competencia para ordenar la asistencia jurídica gratuita. Lo exige la demanda incesante de este servicio. A estas alturas, es inútil resistirse a un examen honesto de la experiencia propia y de experiencias ajenas. Con el concurso de expertos, profesionales, colegios y administraciones. Evitando deformaciones interesadas o interferencias partidistas. Porque cuanto más se retrase este análisis, más difícil será solventar los déficit de calidad y de gestión que experimenta la justicia gratuita. En perjuicio de los ciudadanos que la necesitan.