Justicia para la paz

El 30 de septiembre de 2012, El País publicó un reportaje que desvelaba las claves que rodearon a la disolución de una de las facciones de ETA que se hacía llamar pretenciosamente político-militar. El reportaje, preocupante por su intencionalidad, no deja de sugerir iniciativas similares, relata con todo lujo de detalles las infamias, las miserias, las trampas, los engaños, las ilegalidades que se cometieron en 1982 para dejar impunes los crímenes perpetrados por los integrantes de aquella facción terrorista que se había cansado de matar y de vivir en la clandestinidad. El relato de los hechos, que el autor considera ejemplares, es estremecedor. El entonces mando único de la lucha antiterrorista se reunió en París con dirigentes de Euskadiko Ezquerra y con miembros de la banda terrorista que exigieron, a cambio de su disolución, que el Estado cumpliera con una serie de «compromisos» con los presos y huidos. ¿Cuáles eran esos compromisos? Evidentemente, la impunidad. Para proporcionársela se cometieron actos de una gran indignidad porque implicaron engaño, ocultación a la sociedad española e incumplimiento de la ley. Aquella injustificable dejación de los principios que rigen un Estado de Derecho se basó en una premisa que hoy, 30 años después se pretende volver a poner en práctica con la «paz por presos».

El infame acuerdo contemplaba que a los presos pendientes de juicio se les pondría en libertad provisional bajo fianza y posteriormente se les absolvería por falta de pruebas o por sobreseimiento; a los presos ya juzgados y encarcelados se les concederían indultos individuales y en el caso de los huidos, se presentarían voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional que los tuviera procesados y éste los dejaría en libertad después de que los fiscales retirasen los cargos. Efectivamente, así se hizo. En dos años, 300 terroristas fueron excarcelados sin cumplir sus condenas o no entraron en prisión por aquellos cambalaches judiciales pactados en la sombra. Al parecer, políticos, jueces, policía y hasta medios de comunicación, que evitaban informar de los 44 indultos de etarras publicados en el BOE, colaboraron en aquella iniquidad mientras que a las víctimas no se les notificó absolutamente nada. Y no hay que olvidar que cinco años antes se había aprobado la Ley de Amnistía por la que 1.232 etarras ya habían salido de la cárcel, de los cuales el 55% se reintegró en la banda. Esa es una responsabilidad del Estado por la que alguna vez tendrá que pedir perdón.

¿De qué sirvió la disolución de ETA PM? La banda ha perdurado 30 años más, los terroristas que quisieron seguir siéndolo lo fueron, y las armas se las quedó la propia ETA. Sirvió para que unos individuos que tenían causas muy graves pendientes con la Justicia no tuvieran que rendir cuentas por ellas y se fueran tranquilamente a su casa. Y también sirvió para que los terroristas fueran más conscientes aún de que podían recibir contrapartidas al margen de la ley, de que podían negociar y pactar cuando quisieran la tan vil «paz por presos» que ahora, otra vez, vuelven a exigir.

En aquel momento, hubo un partido en el Gobierno –UCD– que acordó ese final, que no fue tal, y un partido que ganó después las elecciones, el PSOE, que se hizo cargo de aquellos «compromisos» y los cumplió. Son ostensibles las evidencias de que la historia se repite. Pero, si bien habrá quién considere que poner a las instituciones del Estado al servicio de la impunidad de los criminales fue o es un servicio al país, muchos creemos que fue y es todo lo contrario, una indignidad que priva a las víctimas de su derecho irrenunciable a la Justicia y una forma de quebrar el pulso débil de una democracia falsa y claudicante que no cree en su capacidad de vencer al mal sin contrapartidas.

Ana Velasco Vidal-Abarca es hija del comandante Jesús Velasco, asesinado por ETA en 1980, y miembro de la junta directiva de COVITE.

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