Colombia tiene una larga historia de características diferentes a la de otros países de América Latina. Ha sido un país libertario, con un Estado débil, donde ha sido difícil aclimatar la autoridad y el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX el Estado se fue fortaleciendo pero la Guerra Fría se interpuso para justificar la presencia de guerrillas de orientación marxista. Luego, la actividad del narcotráfico le ha dificultado a la fuerza publica ejercer su total predominio en la defensa de nuestras instituciones democráticas. Esto nos ha llevado a frecuentes indultos y amnistías para desactivar el alzamiento armado. Aún en tiempos recientes se han otorgado indultos a lo que llamamos desmovilizados, esto es los que voluntariamente dejan las armas.
Durante el Gobierno del presidente Uribe, como en el del presidente Santos, ha habido importantes victorias militares lo que ha demostrado la inviabilidad de los propósitos de la guerrilla. El presidente Santos desde comienzos de su primer Gobierno se ha impuesto la tarea de aclimatar un clima de convivencia, reconociendo el conflicto interno y aplicando una politica de reconocimiento y reparación de las víctimas y de restitución de tierras. Inició un proceso de paz con conversaciones directas con las FARC en La Habana, previa definición de una agenda con la guerrilla que ha facilitado las negociaciones. Ya se han logrado acuerdos sobre participación política y apertura democrática, desarrollo rural y agrario, abandono de la actividad de narcotráfico.
Pero en la medida que avanzamos en la agenda de La Habana, el proceso de paz da la impresión de que, aun si se cierra y se firma un acuerdo, este puede dejar vivos muchos conflictos irresolutos de la guerra, que solo se van a resolver algunos de los problemas de los combatientes con la justicia, y que se está prestando para que muchos colombianos crean que está únicamente dirigido a resolver los problemas de las FARC con la justicia, y no todos los que se han generado dentro de la sociedad colombiana durante la guerra a lo largo de más de cincuenta años.
Tal como está planteado deja por fuera a los miles de miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido también protagonistas de ese conflicto. Por eso hemos planteado, también, que la justicia transicional cubra a los “sectores no combatientes” de las distintas ramas de la sociedad. Si a los jefes paramilitares, se les ha tratado con penas cortas, es justo que los no combatientes reciban pena no privativa de la libertad a cambio de su reconocimiento de los delitos cometidos, de su solicitud de perdón y de su voluntad de reparar a las víctimas.
El presidente Santos ha afirmado que los militares tendrán seguridad jurídica en el posconflicto pero el que no se hayan concretado los detalles de esa “seguridad jurídica” ha acumulado temores, en muchos casos fundados. La mayoría de los colombianos no queremos vivir bajo la perspectiva de que los guerrilleros cuenten con libertad y hagan politica y muchos de los oficiales de la fuerza pública que defendieron nuestro orden jurídico, aun los que cometieron excesos, permanezcan o vayan a la cárcel por acciones dentro del conflicto.
Nuestra fuerza pública debe quedar protegida judicialmente para que no se den en Colombia las vicisitudes a las que han estado sometidas en otros países del continente, donde se han reabierto los procesos después de que los militares habían quedado amparados por medidas de indulto o punto final.
El caso de Colombia es muy diferente al de esos países. No es la represión propia de dictaduras militares durante la Guerra Fría, fundamentada en razones ideológicas. Lo que hemos tenido en Colombia son unas Fuerzas Armadas defendiendo a las instituciones constitucionales con el uso legítimo de la fuerza que ella les otorga. Si le vamos a poner punto final a la guerra mediante la negociación de la paz, debemos cerrar la puerta a actuaciones judiciales que sigan buscando responsables por las acciones de la guerra.
La paz que estamos buscando los colombianos es una decisión política colectiva que debe adecuarse a las nuevas reglas internacionales, que han significado la creación de la Corte Penal Internacional, sin que ellas prevalezcan sobre nuestra voluntad y deseo de paz. El respaldo internacional unánime y generalizado que se da en este momento debe interpretarse así. Estoy seguro de que la Corte Penal Internacional será una aliada del proceso de paz colombiano y no un escollo insalvable, como algunos pretenden hacerlo creer.
Esta idea de justicia transicional para todos se podría entender como la decisión política que involucre a todos los sectores de la sociedad que vivieron el conflicto, directa o indirectamente, y que se exprese en un conjunto de decisiones que garanticen la restauración del orden, la seguridad jurídica y la armonía social y política, condicionado este tratamiento a la no repetición, a la verdad y a la reparación.
Cesar Gaviria es expresidente de Colombia.