Justicia y democracia

Por Pello Salaburu (EL CORREO DIGITAL, 301/01/07):

Debo de ser un raro: comparto, en términos generales, tanto el contenido de la carta abierta remitida hace unos días a los medios de comunicación por los cuatro presidentes de sala, como el del manifiesto leído al término de la manifestación originada como consecuencia de la imputación del lehendakari Ibarretxe. Por eso debo de ser un raro. Los magistrados argumentaban, no sin razón, que la democracia se asienta en la división de poderes, que el judicial es uno de ellos, y que todas las personas estamos sujetas a las mismas reglas, sin excepciones. Que el legislador podía haber optado por hacer excepciones, pero que no fue el caso. Que eso es lo que tenemos, y que en eso radica vivir en democracia. Que, en consecuencia, también el lehendakari puede ser imputado, y que si no se está conforme con que se haga eso, corresponde al legislador cambiar la ley, que ellos seguirán aplicando la nueva. Más o menos, con líneas un poco más retorcidas, cada uno tiene su estilo, ésta era la esencia del mensaje. Por tanto, no se puede presionar la actividad de los jueces, y hay que dejarles trabajar. Todos, también el lehendakari, tienen en sus manos suficientes garantías judiciales para defenderse con dignidad. Eso es la democracia, porque ‘más allá de la justicia, no habita la democracia’, como decía el título. Desconozco, la verdad, si la justicia puede habitar, llegado el caso, más allá de la democracia.

Sin embargo, el escrito de los jueces tenía un problema de fondo: yo al menos, y supongo que muchos miles de personas como yo (a ver si vamos a ser todos unos raritos), no cuestionamos lo que dicen los magistrados. Por supuesto que el lehendakari puede ser imputado. Faltaría más. Nadie objetaría nada si se hubiese llevado maletas de dinero público o hubiese asaltado un banco. Lo que estamos cuestionando en este caso es, más bien, la absoluta arbitrariedad que percibimos en la aplicación de la justicia en este caso en concreto. Lo cuestionamos porque esta forma de actuar supone una humillación para una parte muy importante de esta sociedad, más que para el propio lehendakari, quien, seguramente, saldrá incluso fortalecido del trance. Esta actuación no desentona, y no creo mezclar churros con merinas, con la petición del Foro de Ermua solicitando prohibir la manifestación, porque podría «generar desórdenes públicos», tendría «una finalidad ilegal» y sería «presuntamente delictiva» (ya que hablamos de habitar, ¿habitará el foro en este mundo?).

Por qué pensamos que se trata de una actuación arbitraria? No voy a repetir algunos de los argumentos, no menores, leídos al concluir la manifestación. Me voy a referir a otras cosas. Todo arranca desde hace años, cuando el juez Garzón hace una lectura del entorno de ETA similar a la que jueces italianos como Falcone o Borsalino, ambos asesinados, aplican al entorno de la mafia italiana. Si la mafia no es sólo la mafia de los jefes y pistoleros, tampoco ETA es sólo la organización de los comandos. Ambos tienen capas protectoras más amplias, formadas por personas con una actividad diaria más o menos normal: sin esa corona externa, ni la mafia ni ETA podrían existir. En consecuencia, se decide actuar contra ese entorno. En mi opinión, con éxito, en ambos casos. Es evidente que la actuación de Garzón ha quitado fuelle al movimiento y ha contribuido a debilitar a ETA de forma decisiva, aun cuando siga teniendo capacidad de matar. Con éxito, pero también con grandes claroscuros, al menos en el caso vasco.

Se producen claroscuros inquietantes en algunas actuaciones judiciales: no es posible que en una democracia se cierren de forma cautelar periódicos y radios, y al cabo de muchos años sigan cerrados también de forma cautelar, sin que ningún juez o magistrado implicado se lleve las manos a la cabeza. Eso es un abuso intolerable y grave en el funcionamiento democrático. Y es inadmisible que en una democracia se dicten leyes ‘ad hoc’, para tratar de sustituir otras actuaciones que nadie llevó a cabo en su día, siendo, como eran, perfectamente realizables en la legislación vigente. Por citar sólo un par de casos.

Los claroscuros se extienden también hasta producir cierta indefinición sobre los límites que tiene establecidos cada uno de los tres poderes básicos. Además de leyes, ¿qué más pueden hacer los diputados? ¿Pueden autorizar al presidente del Gobierno para que inicie conversaciones con ETA, o sólo se deben limitar a legislar? ¿Qué puede hacer un lehendakari en estas cosas? ¿Tan nítidas están las líneas? La aplicación y el desarrollo, en ocasiones muy precipitado y embrollado, de actuaciones derivadas de la doctrina Garzón, han ido atrapando nuevos espacios, a veces de forma preocupante, dependiendo del magistrado de turno. Hoy no es fácil trazar límites entre ‘lo que se puede y no’, con lo que la arbitrariedad tiene el camino abierto.

El lehendakari se reúne con representantes de una formación ilegalizada. Es imputado por ello. Perfecto. Y los representantes de Aznar, cuando se reunieron con ETA, ¿por qué no fueron imputados? ¿Por qué no fue imputado el propio Aznar? ¿Por qué no ha sido imputado el presidente Rodríguez Zapatero cuando decide enviar a sus representantes a reunirse con ETA? ¿Había acaso alguna ley que le permitiera hacer eso? Al revés: ¿había alguna ley que prohibiera al lehendakari hacerlo con Batasuna? ¿Necesitaba el lehendakari algún permiso especial que no le es requerido a Patxi López por hacer lo mismo? ¿Qué pasa con los periodistas y los directores de los diarios? ¿Qué pasa cuando los representantes de Batasuna que daban cuenta de sus contactos con el lehendakari en las ruedas de prensa ya no eran los representantes de un partido ilegal? ¿Tenían los periodistas permiso para asistir a ruedas de prensa publicitadas previamente con interlocutores cuya actuación política estaba penada? ¿Tienen algún tipo de dispensa quienes acuden a las conferencias de miembros destacados de Batasuna? ¿Delinquen los medios que una semana sí y a la otra también llenan sus páginas con fotos de personas que están sometidas a búsqueda, pero cuyas opiniones son recogidas al pie de la letra?

Se han buscado salidas especiales para Parot y De Juana. ¿Ha actuado algún juez contra quien de forma tan graciosa como irresponsable fue concediendo redenciones de pena a unos asesinos peligrosos, cuando era público y notorio que ninguno de los dos mostraba la señal más mínima de arrepentimiento? ¿Ha investigado alguien el hecho de que la redención se haya convertido en la práctica en reducción automática de pena? ¿Hay algún juez que pueda explicar por qué unos mismos supuestos delictivos pueden dar lugar a 4, a 12 ó a 96 años de cárcel, o incluso a la absolución? En fin, ¿sería Otegi representante de una formación ilegal cuando se reunió con el lehendakari o era, sin más, un representante de la izquierda radical, como ahora quiere Garzón? Son demasiados vaivenes, demasiados, y en poco tiempo además.

No, los jueces no deben entrar en política, y nosotros no debemos entrar en cuestiones judiciales. ¿Comenzamos a recordar aquí las cosas que decían algunos magistrados cuando el poder legislativo catalán comenzó a actuar con el Estatut? ¿Lo que decía entonces el portavoz del Consejo General del Poder Judicial? ¿Lo que se dijo del lehendakari a propósito de una ley aprobada por el Parlamento vasco? ¿Recordamos el nombre de ese magistrado que confundía a nuestro lehendakari con el gobernador de Oklahoma? ¿Será el Consejo un órgano político, jurídico, jurídico-político o político-jurídico? Ellos hablan, ¿somos nosotros los que debemos callar?

Todas estas dudas (en ocasiones certezas) son las que han sazonado el fregado en el que estamos todos metidos. Las más elementales cautelas han fallado en estos momentos. Ha habido prisas en avanzar con el sumario, aunque tanto la opinión del fiscal como sentencias recientes daban una cobertura de libro para que el instructor diese carpetazo a algo que nunca debió iniciar. No ha sido posible. «Que un juez novato condene a un inocente es difícil. Para eso estamos los lores». Algo de esto debió de decir un lord inglés, aunque cito de memoria.