Justificarse mal, actuar aún peor

En el proyecto de Reforma de la Ley de Educación (LOMLOE), remitido en 2019 a las Cortes justo un día antes de su disolución porque ERC votó en contra de los Presupuestos presentados por el Gobierno del PSOE, había quedado intacto el texto, obra del Partido Popular en 2013, que establece que el español debe ser la lengua de enseñanza en las escuelas, sin perjuicio de compartir esta condición con las otras lenguas oficiales. Hubo elecciones, formaron Gobierno PSOE y Unidas Podemos, alargaron un año más los Presupuestos del PP de 2018 y unos días antes de que se votaran los que ¡por fin! van a mejorar la vida de la gente los socios del Gobierno enmiendan el Proyecto de modo que la decisión sobre la lengua vehicular en la enseñanza la tomen libremente las administraciones educativas, sin cortapisas legales.

Justificarse mal, actuar aún peorTodo el mundo se ha dado cuenta de que se trata de una concesión del Gobierno Frankenstein a ERC a cambio de su voto a favor de los Presupuestos. Por si quedaba algún despistado, ERC ha declarado triunfalmente que se trata de blindar la llamada inmersión lingüística, el eufemismo con que se refieren a la prohibición del castellano en las escuelas de Cataluña establecida en 2009 en la Ley Catalana de Educación (LEC), obra, por lo demás, de un Gobierno tripartito de socialistas, comunistas y separatistas republicanos de composición análoga a la del actual Ejecutivo de España. Y, para dejar la cosa más claras todavía, los otros separatistas (los de Mas, Puigdemont y Torra) les han criticado por conformarse con tan poco y no exigir que la decisión corresponda únicamente a los gobiernos autonómicos y que el catalán sea reconocido como la única lengua oficial de Cataluña, que es de lo que en verdad se trata.

No dejan de tener razón los de Waterloo al despreciar el logro de ERC, pues ya hace 11 años que la LEC impuso el catalán como única lengua vehicular, igualando en la práctica el español a una lengua extranjera. La LEC establece que el catalán es de uso obligatorio y único en todos los ámbitos del sistema escolar y debe usarse en el aula, en los documentos, en las relaciones con los padres, en las actividades extraescolares, en las tutorías y la orientación...; en todas partes, en fin, menos en las clases de otras lenguas o cuando el niño o sus padres no entiendan catalán. Y es la LEC, no la LOMCE que pretendió en 2013 que también se usara el castellano, la Ley que han aplicado los gobiernos de la Generalitat catalana. Pero también es verdad que la LOMCE ha resultado incómoda y hasta enojosa, por culpa de la gente que la ha invocado para reclamar ante los tribunales el derecho a estudia en español y de los tribunales que la han usado para sentenciar a favor de los demandantes. Así que también llevan su parte de razón los separatistas de Junqueras y Rufián al resaltar que la enmienda les ahorra los enojos que ahora les produce incumplir las sentencias de los tribunales.

En contraste con los separatistas, que ya no se andan con los tapujos de antaño, el Gobierno, o por lo menos el Partido Socialista, siga intentando protegernos de la verdad. Nos cuenta que sus motivos no tienen que ver con aprobar los Presupuestos, sino con asegurar que todos los alumnos aprendan por igual el castellano y el catalán. Por si parece extraño que esto se consiga dejando el castellano a la puerta de la escuela, nos dice además que la ocurrencia de este milagro pedagógico en Cataluña está demostrada científicamente por los resultados de pruebas objetivas. No sé si es disculpa o agravante que esta sarta de despropósitos es la misma que han repetido como un mantra durante años los legitimadores de la inmersión.

El uso de catalán y las otras lenguas regionales en la escuela se justificó en los 70 del siglo pasado por el derecho de los niños a escolarizarse en su lengua materna. Lingüistas como Miguel Siguán en Barcelona o Manuel Sanchis Guarner en Valencia defendieron tenazmente este punto de vista, reconocido por la Unesco, la OIT y otras influyentes organizaciones internacionales. Pero los derechos de los individuos dejaron paso en poco tiempo a los derechos de las lenguas. El eufemismo más frecuente fue la normalización. Se trataba de utilizar la escuela para devolver el uso de las lenguas a un supuesto estado originario normal del que la historia las habría desviado mediante la inmersión, es decir, la escolarización total en la lengua necesitada de apoyo. No se podía justificar por los derechos de los individuos, pero se recurrió a sus beneficios para los otros catalanes: la inmersión en catalán aseguraba a los alumnos de lengua materna castellana un dominio del catalán que por sí mismos nunca adquirirían, facilitándoles la movilidad ascendente en la sociedad catalana.

Nótese que estos argumentos sociales suponen que el horizonte último de la movilidad es una sociedad catalana en la que solo en catalán se puede prosperar. Sin ese supuesto resultaría una enorme injusticia no disponer una inmersión simétrica para asegurar a los alumnos de lengua materna catalana las ventajas de dominar el español. Los más perjudicados por la sumersión son los alumnos de lengua doméstica catalana que no pueden aprender castellano en la calle.

Impacientes por la resiliencia del castellano, los ingenieros de lingüística impusieron con la LEC de 2009 el catalán no como única lengua vehicular, sino como única lengua escolar. La situación volvió a ser la anterior a 1978, con una lengua permitida y la otra prohibida. Atrás quedaron la escolarización en lengua materna, el derecho a elegir y hasta la normalización y el equilibrio entre las lenguas. Estas resultan ser ahora de dos clases: hay unas delicadas, como el catalán, que decaen si no se la cuidan, y otras que, como las malas hierbas, prosperan aunque se las fumigue. El castellano es de estas, como lo muestran esas pruebas en las cuales los alumnos catalanes, sin estudiar español, tienen resultados tan buenos o mejores que los alumnos murcianos estudiándolo. Visto por el lado bueno, esto puede venderse como prueba de que la sumersión en catalán no impide el aprendizaje del castellano, y gracias a esta revolución en la didáctica de las lenguas la escuela catalana es internacionalmente reconocida como una fórmula de éxito que debe defenderse a toda costa. Así parece haberlo comprado el Gobierno, o por lo menos el Ministerio de Educación y el Partido Socialista.

No les ha importado que estos argumentos sean contrarios a lo que la izquierda siempre ha defendido, ni que desprecien las convenciones internacionales sobre derechos de los niños en los que dicen inspirarse; no les importa comulgar con el absurdo pedagógico de que haya lenguas que se aprenden mejor en la calle que en la escuela, ni lo corrosivo de tal doctrina para la enseñanza escolar del castellano en general; tampoco les importa que no existan las pruebas en que los alumnos catalanes muestran un dominio del español igual o superior al del resto, y les da igual, por último, que los propios separatistas no se tomen en serio sus viejos argumentos y declaren a gritos que no va de huevos, sino de fueros, es decir, de dejar claro que la única lengua admisible en las escuelas catalanas es la lengua oficial de la futura república catalana.

Para la opinión pública la actitud del Gobierno es simplemente una ofensa intelectual: ¿acaso nos toma por tontos? Para los militantes del Partido Socialista es además una ofensa moral: cuesta pensar que los haya capaces de defender, sin sonrojo o con él, que su partido antepone a todo el bien de los alumnos, pero que esa altura de miras es aprovechada sectariamente por los separatistas. Es triste que el Gobierno de España se ponga en ridículo recurriendo a argumentos tan lamentables, y muy grave que revele con ello que le avergüenza confesar sus motivos reales.

Julio Carabaña es catedrático de Sociología de la UCM.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.