Tras nueve días de audiencias públicas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el pasado 11 de diciembre se cerró la vista oral del asunto sobre la legalidad de la declaración unilateral de independencia de Kosovo de febrero de 2008. La petición de dictamen fue planteada, en octubre de 2008, por la Asamblea General de la ONU a la Corte en estos términos: «¿Se ajusta al derecho internacional la declaración unilateral de independencia formulada por las instituciones provisionales de autogobierno de Kosovo?».Tenía serias dudas el órgano de representación democrática de la ONU sobre la conformidad de esa Declaración con la Resolución 1244 de 1999 del Consejo de Seguridad que estableció un régimen de administración internacional y unas instituciones provisionales en el pleno respeto a la integridad territorial de Serbia. Tal declaración ponía fin unilateralmente al régimen previsto en la Resolución citada y retiraba toda autoridad al Consejo de Seguridad.
La gravedad de esos hechos impulsó nada menos que a 30 estados a personarse en el procedimiento ante la Corte haciendo sus escritos de alegaciones o participando en la vista oral. España se ha personado en todas sus fases por medio de la Jefa de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, junto a un equipo de cuatro catedráticos de Derecho Internacional al igual que la Jefa de la Asesoría, y lo ha hecho, como no podía ser de otra forma, para argumentar jurídicamente sobre la incompatibilidad de tal acto con el Derecho Internacional en vigor.
Los Estados que apoyan la legalidad no han utilizado argumentos jurídicos sino de oportunidad política y otros basados en la fuerza de los hechos aunque éstos sean ilícitos. Hablan de la irreversibilidad de los hechos, los reconocimientos -aunque son más los Estados que no reconocen- y el rampante pragmatismo. Apoyan esa posición los Estados Unidos, desde la época de Bush -que fue quien decidió por razones estratégicas el apoyo a la unilateral independencia-, y un nutrido grupos de Estados de la UE que se pusieron al servicio de los intereses del ex presidente Bush, intereses estratégicos reafirmados por el presidente Obama ante la bicoca de un Estado clientelar no lejos de Rusia y de Irán y que puede servir como inmensa y sumisa base de operaciones frente a la rebelde Turquía. En esto consiste el pragmatismo y los definidos intereses de Estados Unidos revestidos bajo la apariencia de la estabilidad en los Balcanes.
Si la estabilidad se impone al respeto del derecho, ¿es que la estabilidad de Oriente Medio no es mucho más importante para todos? El derecho a ser Estado como castigo a las violaciones masivas y graves a los derechos humanos (argumento utilizado por los defensores de Kosovo) no es el premio que han recibido los palestinos por los crímenes contra la humanidad cometidos contra ellos; los intereses estratégicos de Estados Unidos están con Israel. Tampoco los saharauis, que ven cómo desde hace casi 40 años se desprecian las normas de la ONU que les reconocen el derecho a decidir y se violan sus derechos humanos por Marruecos, un Estado en nada democrático, pero que colma todas las expectativas, además de Francia, de los Estados Unidos (de Bush y de Obama, porque allí los intereses estratégicos son firmes y por encima o al margen del derecho y de la ética).
Cuando sucedieron gravísimas violaciones a los derechos humanos en Serbia (Kosovo) antes y hasta 1999, el Consejo de Seguridad decidió, tras la invasión no autorizada, sancionar a Serbia suspendiendo el ejercicio de su soberanía territorial, confiando la administración a una presencia internacional que pondría en marcha provisionalmente instituciones de autogobierno y exigiendo la puesta en marcha de un proceso político entre las partes hasta lograr un acuerdo y sin fijar fecha, como tampoco la tiene el problema palestino u otros. No permitía una imposición unilateral; exigía un acuerdo.
No se puede admitir la secesión como castigo con carácter general. El Consejo de Seguridad pudo haber establecido esa regla sancionando a la Serbia racista de entonces con la secesión como castigo y no lo hizo. Nunca lo ha hecho con ningún Estado; nunca permite que la secesión a la fuerza como castigo sea la solución a los conflictos interétnicos ni a las masivas violaciones de los derechos humanos en ninguna parte del mundo: Nigeria, Sudán, Afganistán, República Democrática del Congo, Congo, Chipre, Tayikistán, Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Macedonia, Georgia, etc. Con mayor razón al Estado impecablemente democrático serbio en 2008. Y no caben las sanciones con efectos retroactivos ni retardados.
Si las negociaciones entre Serbia y las autoridades provisionales de Kosovo se demoraban (apenas siete años de negociaciones)…el problema palestino lleva esperando un Estado casi 70 años y el saharaui casi 40 sólo porque los intereses de Estados Unidos no coinciden con el derecho internacional. Tampoco en Kosovo.
Es sorprendente que cuando un grupo de Estados, como España, se ponen de lado del Derecho Internacional se le tacha despectivamente de «legalista» y desde el interior. ¿Los palestinos, los saharauis, los birmanos que soportan un régimen de terror, son «legalistas» como los que apoyaron el «no a la guerra de Irak»?
Es irritante cómo una parte de la supuesta izquierda y algunos medios de comunicación han defendido la causa kosovar bajo la bandera del «pragmatismo» al servicio de los Estados Unidos, con o sin Bush. Sin embargo, apelan al derecho internacional para defender la causa palestina o la saharaui o el respeto a los derechos humanos o en la lucha contra el terrorismo internacional. Un derecho internacional de usar y tirar. Hay una instrumentalización fascista del Derecho Internacional por políticos y algunos columnistas «cosmopolitas». Si les favorece, explotan la Carta de la ONU al máximo (en la lucha contra la agresión a Irak); si no les favorece a sus tics fanático-ideológicos, entonces dicen que hay que ser cosmopolitas, sin complejos, y aceptar cuantos Estados quieran proclamar cualquier grupo de individuos cualquier tarde… Más Estados, más turismo, todos cosmopolitas. Es la insoportable banalización de los análisis de las relaciones internacionales en manos de aficionados. Se puede comprender la ignorancia, pero no el desprecio al derecho.
Ante una Corte de Justicia sólo caben los argumentos jurídicos, ya sea sobre el respeto a la soberanía territorial, ya sea sobre el principio de libre determinación, ya sea sobre el papel del Consejo de Seguridad en este asunto, o sobre el valor del acuerdo negociado y el rechazo a la imposición unilateral. Y la pregunta de la Asamblea General a la Corte se limita a saber si esa Declaración respeta las normas de derecho internacional en vigor y no si se ajusta a los intereses estratégicos de un grupo de Estados ni pide juzgar hechos posteriores a esa fecha crítica. Es lo que ha hecho España y lo ha hecho bien su Gobierno, por una vez....
El respeto a la regla de derecho internacional debe ser la norma de conducta en toda democracia y es la condición necesaria para la paz, la seguridad y la estabilidad de las relaciones internacionales. Lo dejó escrito un gran maestro de las relaciones internacionales, Roberto Mesa Garrido: «Si no se defiende la legalidad internacional, habremos retrocedido a tiempos anteriores al sistema de Westfalia». A la política de fuerza.
Que los jueces de La Haya no se dejen seducir por los cánticos de sirena del pragmatismo o todos caeremos al abismo del relativismo de un mundo sin otra ley que los intereses estratégicos y cortoplacistas de un Estado.
Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Salamanca.