Por Mira Milosecich, profesora e investigadora del Instituto Universitario Ortega y Gasset (ABC, 17/06/06):
EL 20 de junio, Marti Ahtisari, representante de la ONU para Kosovo, informará al Consejo de Seguridad del avance de las negociaciones sobre el futuro estatuto de la región. El papel de Ahtisari, además de difícil, es paradójico. Difícil como mediador entre serbios y albaneses, que plantean demandas completamente opuestas: los primeros afirman que no aceptarán la independencia, mientras los albanokosovares no admitirán menos que la independencia. Paradójico porque Ahtisari está negociando un futuro estatuto de Kosovo en nombre de la ONU, mientras los políticos de la UE y EE.UU. y los diplomáticos del llamado Grupo de Contacto (EE.UU., RU, Francia, Alemania y Rusia) ya han declarado en varias ocasiones que la independencia de Kosovo es la mejor y la única solución posible. El coordinador de la UE para los Balcanes, Ernold Buseck, ha declarado que Serbia, «a corto plazo, va a perder Kosovo, porque la oferta serbia de una autonomía amplia ha llegado muy tarde. La independencia de Kosovo es la herencia de Slobodan Milósevic que los serbios deben aceptar».
Lo cierto es que los serbios sufrieron el bombardeo de Yugoslavia durante casi tres meses para evitar un referéndum sobre la independencia de Kosovo, una de las dos exigencias que no aceptaba el régimen de Milósevic (la otra era el despliegue de los soldados de la OTAN en todo el territorio de Yugoslavia). Por entonces, los albanokosovares justificaban su exigencia de un Kosovo independiente, arguyendo que el Ejército y los paramilitares serbios violaban sistemáticamente los Derechos Humanos de los civiles albaneses. Tal argumento justificó la participación de Hashim Tachi, líder del llamado Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), en las negociaciones de Rambouiellet (febrero de 1999), donde los serbios se negaron a cumplir las exigencias de la comunidad internacional. La delegación serbia subrayó que no quería negociar con un terrorista, toda vez que, sólo un año antes, en 1998, por iniciativa del entonces secretario de Estado de Seguridad norteamericano, James Backer, el ELK estaba en la lista de organizaciones terroristas. En un solo año, Tachi y los suyos pasaron de ser considerados terroristas a aparecer como liberadores de su pueblo.
La oferta de amplia autonomía de Kosovo no ha llegado tarde, como afirma Buseck, porque fue lo que la comunidad internacional exigió a Serbia como condición para interrumpir el bombardeo y lo que se firmó en la Resolución 1.244 de la ONU, que recogía las condiciones del nuevo estatuto de Kosovo: se respeta la soberanía e integridad del territorio de Yugoslavia (Acta Final de Helsinki, anexo II) y se asegura una autonomía sustancial y un alto nivel de autogobierno para el pueblo albanés. Para conseguir estos objetivos, «es imprescindible la presencia de una fuerza internacional militar y civil que debe garantizar la vida normal y pacífica de todos los habitantes de Kosovo» (punto 10) y «proteger y promover los Derechos Humanos de todos ellos» (punto 11.j). De los 300.000 serbios que vivían en Kosovo en 1999, ahora quedan unos 60.000, que rechazan participar en las instituciones kosovares y acusan a la comunidad internacional de no darles la protección necesaria. El mes pasado, a estas acusaciones se unió la de la fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya, Carla del Ponte, contra el gobernador de la comunidad internacional en Kosovo, Sören Jansen Petersen, de notoria simpatía pro-albanesa y de inhibición ante la violencia disuasoria contra los serbios, a los que se impide testificar contra criminales albaneses. Petersen ha dimitido la semana pasada con la explicación de que debe «dedicarse a su vida familiar». Es el quinto gobernador de Kosovo que dimite en siete años.
Según las declaraciones de varios políticos, incluido Petersen, el Grupo de Contacto estaría a favor de la independencia de Kosovo con la condición de que los albaneses garanticen los derechos de las minorías y la protección de los monumentos serbios. Los albaneses estarían dispuestos a transigir, aunque estos requerimientos son condiciones básicas para cualquier Estado democrático. En los Balcanes, quien se comporta civilizadamente tiene premio, como lo demuestra el caso de Montenegro, cuya fórmula de independentismo plebiscitario se traslada ahora a Kosovo, lo que significa que la UE no está contra el nacionalismo étnico, sino sólo contra la guerra. Los serbios, por su parte, intentan negociar una mayor descentralización de Kosovo. Actualmente existen cinco ayuntamientos en el norte de Kosovo gobernados por los serbios. La delegación serbia propone la creación de trece ayuntamientos más, contando con que se garantizará la vuelta de los serbios que hayan huido a partir de 1999. Los albaneses sólo aceptarían crear tres ayuntamientos más. La exigencia serbia insinúa que, de declararse la independencia, los ayuntamientos serbios de Kosovo convocarían un referéndum para su unión con Serbia. Después del referéndum en Montenegro y la consagración del principio de autodeterminación para la mayoría albanesa de Kosovo, a la que se le termina reconociendo el derecho a separarse del Estado al que pertenece desde 1912, difícilmente se podría negar a los serbios de Kosovo ese mismo derecho.
La comunidad internacional se enfrenta, demasiado tarde, a su fracaso en la región: no ha impedido la limpieza étnica de serbios y gitanos por parte de los nacionalistas albaneses; ha cedido a la presión de éstos, aceptando la independencia como única solución (reivindicación del nacionalismo albanokosovar muy anterior a la ascensión de Milósevic); y ha gastado en vano millones de euros para impedir que Kosovo se convierta en lo que es hoy: un foco mafioso de narcotráfico y prostitución para toda Europa. Exceptuando el agradecimiento improbablemente eterno de los albaneses, la UE no obtendrá beneficios de la independencia kosovar. Eso sí, disminuirá los gastos occidentales, y será un precedente histórico más a invocar por los terroristas que se pretenden patriotas.