La ‘torna’ de un regalo envenenado

El envenenado regalo que nos dejó el franquismo aflora hoy con toda su crudeza. El combustible usado por las centrales nucleares es una herencia que deberán cuidar muchas de las generaciones que nos sucedan, con el riesgo y la incertidumbre que todo ello comporta.

El Gobierno español ha puesto en marcha un proceso para ubicar el almacén temporal centralizado del combustible gastado procedente de las centrales nucleares existentes en España, que vulnera la Convención de Aarhus, firmada por el Estado español. Esta convención garantiza los derechos ciudadanos respecto al medio ambiente. En el texto de esta convención puede leerse (artículo 1): «Con el fin de contribuir al derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un entorno que permita garantizar su salud y bienestar, cada parte garantizará los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales de conformidad con las disposiciones de la presente convención».

Las decisiones de los últimos ministros de Industria del Gobierno de poner en marcha el proceso de construcción de un cementerio nuclear temporal centralizado para albergar todos los residuos de alta actividad producidos por las centrales nucleares del país, basándose solo en la presentación de candidaturas de municipios que quieran tener en su término una instalación de estas características, como si fuera una instalación que afectará solo al municipio candidato, es una flagrante vulneración de una convención europea, adoptada y ratificada por el Estado español.
El combustible gastado por una central nuclear (unas 30 toneladas al año) se ha guardado hasta ahora en edificios anexos a las centrales nucleares, en los que se encuentran las piscinas de almacenamiento del combustible gastado, y en cuyo interior se va perdiendo el calor residual que se desprende de los elementos radiactivos durante su proceso de decaimiento.
En cada recarga de combustible gastado hay, entre otros elementos radiactivos, unos 200 kg de plutonio (con 4 kg de plutonio-239 puede hacerse una bomba atómica). El plutonio-239 es un elemento inexistente en la naturaleza, que se ha formado dentro del reactor por absorción de un neutrón por parte del uranio-238. El plutonio-239 es un elemento altamente tóxico (la ingestión de una sola partícula de una millonésima de gramo de plutonio es suficiente para causar un cáncer de pulmón) y radiactivo (tiene un período de semidesintegración de 24.100 años). Esto quiere decir que, pasado un tiempo, su radiactividad se habrá reducido a la mitad. Y sólo después de 20 períodos de semidesintegración (482.000 años) puede decirse que el Pu-239 será inofensivo para el medio ambiente. Deberán pasar 6.025 vidas de 80 años o 16.268 generaciones (considerando 30 años como una generación) para que el plutonio-239 contenido en las barras del combustible gastado deje de ser peligroso.
El ministro Sebastián quiere hacernos creer que la decisión de albergar un cementerio centralizado de residuos radiactivos de alta actividad que contienen plutonio y otros muchos elementos radiactivos, debe tomarla el consejo municipal de un solo municipio, como si una decisión así no afectara a todo el país.
La herencia envenenada que el franquismo dejó en Catalunya sale hoy a la luz con toda su crudeza. ¿Qué debe hacer un país que durante años ha vendido su alma al diablo (generando electricidad con la fisión de los núcleos del uranio-235) con toda esta herencia?
La primera sabia decisión que debería tomar es proceder al cierre de los reactores nucleares en funcionamiento. Esta es la única forma de dejar de generar nuevos residuos altamente radiactivos. Esto se podría hacer hoy de forma relativamente rápida. Pero requiere valentía y decisión para ejercer esta voluntad política. El Gobierno catalán tiene una propuesta sobre la mesa en este sentido.

Una vez tomada la decisión, el país estará en condiciones de debatir qué hacer con los residuos. Y este debate deberá centrarse en algunos principios de sentido común: a) Los residuos generados en cada comunidad autónoma deben permanecer en ella (no es ético pasar la carga a los vecinos). b) Los residuos deben almacenarse en superficie (no se pueden enterrar para afrontar cualquier acontecimiento no previsto) y de forma que sea imposible la recuperación del plutonio. c) Deben guardarse con la máxima seguridad posible, teniendo en cuenta que los residuos deberán vigilarse permanentemente durante miles de años.
La imposición de soluciones como las que pretende Sebastián, con la complicidad de determinados alcaldes, no debería permitirse en una sociedad democrática, puesto que si se permite, vulnerando de forma evidente la Convención de Aarhus, se hace un muy mal servicio a la salud democrática del país. La dignidad de Catalunya tampoco se lo puede permitir.

Josep Puig, ingenerio industrial. Miembro del Grupo de Científicos y Técnicos para un Futuro no Nuclear.