El rey Juan Carlos ha sabido mantener siempre un halo de prestigio en torno a su institución. Y así, han bastado gestos leves –siempre alejados del aspaviento y del grito– para que la Corona, dotada de gran influencia, ejerciese con discreción y eficacia la labor de arbitraje y moderación que tiene atribuida por la Carta Magna. Un quehacer sutil que era nuevamente descrito por Gregorio Peces-Barba en un artículo reciente: «En la Monarquía parlamentaria se puede decir que la ley hace al Rey y que este carece de cualquier poder, y no es ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial. Su influencia deriva de su autoridad, que es su capacidad para encarnar la ética pública incorporada al sistema político español, y por representar la unidad y la permanencia del Estado. No es su carisma el que legitima al poder, sino que es el poder organizado en la Constitución el que legitima la función real».
El último de los gestos de la Corona, que fue interpretado como una especie de invocación al pacto de Estado contra la crisis, fue el de recibir conjuntamente a los dos secretarios generales de los sindicatos mayoritarios. Aquella audiencia, una más en una secuencia de entrevistas con los principales agentes políticos, sociales y económicos, expresaba la preocupación regia por la recesión que estamos padeciendo y que nos deja como penosa secuela un desempleo exorbitante. Una vez más, el jefe del Estado se ponía al frente de la preocupación colectiva con propuestas suprapartidistas y de conciliación.
Ese discreto intervencionismo regio ha coincidido además esta vez con otros cambios de la Casa Real tendentes a dotar a la institución de mayor visibilidad. Al hilo de la sustitución del máximo responsable de comunicación de palacio por Ramón Iribarren, se anunció que la Zarzuela informará puntualmente de la mayoría de las actividades regias, incluidas las audiencias. Además, se emprenderá una campaña de cuidado de imagen, que podría incluir el ingreso de la Jefatura del Estado en las redes sociales, y una mejora y modernización de la página web.
Parece lógico pensar que a este aggiornamento no han sido ajenos los príncipes de Asturias, cada vez más activos en las tareas de representación de la Corona (sin que se pueda olvidar que la princesa de Asturias proviene de los medios de comunicación). En cualquier caso, no parece verosímil que, como se ha afirmado en determinados círculos, la operación obedezca a la intención del Monarca de preparar el terreno para una cercana abdicación que daría paso al heredero. Tal hipótesis carece por completo de sentido en este momento y ha sido desmentida oficiosa pero tajantemente por la Casa Real.
Es probable, además, que tras estos prolegómenos la Casa del Rey decida ir desvelando el desglose de los presupuestos que percibe de las arcas públicas, como ya hace, por ejemplo, la monarquía británica. De momento, las exigencias de transparencia formuladas en sede parlamentaria por algunas minorías políticas no han prosperado porque así lo han querido los principales partidos, pero no debería haber grandes obstáculos para esa publicidad: no en vano el sostenimiento de nuestra Jefatura del Estado representa para este país un gasto francamente exiguo en comparación con los de nuestro entorno.
En efecto, si se descuentan los gastos de representación y seguridad que sufragan diversos ministerios, mantener a la Monarquía española cuesta 8,9 millones de euros anuales –esta es la cantidad presupuestada en el 2009, que se mantiene congelada en el 2010–, lo que equivale a una aportación de 20 céntimos de euro por cada español. Cantidad que contrasta, por ejemplo, con los 235 millones que la republicana Italia destina a mantener la presidencia de la República; dividida esta cantidad entre los 58 millones de italianos, el coste anual es de algo más de 4 euros por ciudadano.
Otras monarquías europeas, como la británica o la sueca, significan un coste para el contribuyente mayor que la Casa del Rey de España. En el Reino Unido, la transparencia fiscal es muy alta: la reina publica en internet sus cuentas, que incluyen el pago voluntario del IVA. Según los últimos datos, Isabel II y su familia cuestan a los ciudadanos del Reino Unido 55 millones de euros anuales, 92 céntimos por ciudadano. El rey de Suecia, que goza de un presupuesto de 10,5 millones de euros, cuesta a cada súbdito –apenas nueve millones de ciudadanos– en torno a 1,16 euros al año.
Nuestra Monarquía resiste, pues, las comparaciones. Y es plausible que, cuando el reinado de Juan Carlos alcanza su plena madurez, el Rey sienta la preocupación por dejar perfectamente establecida y asentada la institución de modo que el hecho sucesorio no genere incógnitas ni abra extemporáneos interrogantes. Cuando concluya biológicamente la adhesión personal que suscita el Rey por su propia biografía –por los servicios prestados al régimen de libertades–, la funcionalidad bien engrasada de la institución debidamente adaptada a la modernidad ayudará sin duda al heredero a proseguir con eficacia la tarea de servicio que ha pautado su progenitor.
Antonio Papell, periodista.