La agenda inconclusa para el financiamiento de la respuesta africana al COVID-19

A medida que se acaba el verano, acecha la amenaza de una nueva oleada de infecciones de COVID-19. Si bien los casos están bajo control en Camboya, Dinamarca, Mauricio y Marruecos, están aumentando en Etiopía y partes de los Estados Unidos. En Francia, Kenia y España ha habido tal alza que es inminente que se decreten nuevos confinamientos. El máximo puede estar por venir en Brasil y Sudáfrica.

Pocos países están preparando para el amenazante otoño que se avecina. Particularmente en África, donde la respuesta económica y de salud pública no está siquiera cerca de alcanzar la escala de la crisis del COVID-19.

Hasta el momento, África ha informado más de 1,2 millones de infecciones y más de 30.000 muertes por COVID-19. Sin embargo, solo 12 de sus 54 países han sometido a pruebas a más del 10% de su población. Y mientras aumenta la transmisión comunitaria, las iniciativas de trazabilidad de contactos siguen siendo vacilantes. No obstante, los confinamientos le cuestan al continente más de $65 miles de millones al mes. El Fondo Monetario Internacional proyecta que la actividad económica en el África subsahariana se contraiga en un 3,2% este año.

Aunque el COVID-19 no ha perdonado a ningún país, solo algunos han podido implementar planes de apoyo de gran escala. EE.UU. aprobó rápidamente un paquete de estímulo de $2 billones, que contemplaba pagos directos a los hogares, mejores beneficios por desempleo y apoyo financiero a empresas debilitadas. El paquete de apoyo de $400 mil millones del Reino Unido ha ayudado a mantener a flote a empresas y controlar el desempleo, mediante el pago de una parte significativa de los salarios de los empleados con licencia.

Francia también ha destinado ingentes fondos para ayudar su economía, como el rescate de su aerolínea y su industria automotriz de bandera. Sin mencionar el fondo de recuperación de €750 mil millones ($889 mil millones) acordado hace poco con sus socios de la Unión Europea. El paquete de estímulo económico japonés ascendió a cerca de $1 billón.

Todas estas iniciativas tienen en común el énfasis nacional o regional que ha predominado en la respuesta a la crisis del COVID-19. Una excepción muy bienvenida es la Iniciativa del G20 de Suspensión del Servicio de la Deuda (SSD). Si se implementa plenamente, daría más de $12 mil millones de liquidez adicional a los 76 países menos desarrollados en 2020, y otros $14 mil millones en 2021.

Sin embargo, hasta ahora el SSD no ha cumplido las expectativas que suscitó, y ha liberado apenas $4 mil millones a los países participantes. Los países deudores y acreedores no han tomado parte plena de la iniciativa, debido a la falta de comprensión del proceso por parte de los países destinatarios o su temor a un descenso en las calificaciones.

Estos obstáculos pueden y deben ser superados. El Club de París y el secretariado del G20 ya están trabajando para abordar esas incertidumbres. Además, es necesario convencer a las agencias calificadoras para que eliminen el fantasma de que los países beneficiarios del plan bajen en sus calificaciones, y debe estimularse a los países deudores y acreedores a participar.

Pero incluso si el plan de SSD se implementara del todo, no bastaría para cerrar la brecha de financiamiento de la respuesta a la pandemia en África, que probablemente se acerque a unos $100 mil millones anuales a lo largo de los próximos 3 años. Los acreedores multilaterales deben dar un paso al frente para ayudar a cubrirla.

Hasta ahora, el Banco para el Desarrollo Africano, el FMI y el Banco Mundial han desembolsado cerca de $60 mil millones para África. Pero deberán ampliar significativamente su base de capital para apoyar al máximo a las economías en desarrollo desde el comienzo, prolongando la ayuda unos dos años. Por eso hacemos el llamado a una nueva ronda de reabastecimiento para la Asociación de Desarrollo Internacional del Banco Mundial, y a reunir recursos adicionales para otros bancos multilaterales de desarrollo y el FMI.

Más todavía, el FMI debería considerar una nueva asignación de su recurso de reserva, los Derechos Especiales de Giro (DEG). Ya lo hizo tras la crisis financiera de 2008, y la crisis actual es aún más profunda y amplia.

Pero una nueva asignación tomará tiempo. Mientras tanto, los países del G20 deberían poner a disposición los $129,7 mil millones en DEG que ya poseen, en la forma de préstamos a economías emergentes y en desarrollo. El FMI debería hacerse responsable de idear cómo asignar esos DEG disponibles a países vulnerables.

El mismo G20 puede hacer más. Los mercados de capitales siguen siendo una fuente de fondos importante para gobiernos con estrechez fiscal. Hasta hace poco, el acceso a estos mercados permitía que los países emergentes y en desarrollo con sólidos fundamentos macroeconómicos impulsaran la inversión en sectores que mejoraban el crecimiento. Pero la crisis del COVID-19 lo ha hecho mucho más dificultoso.

Para apoyar a estas economías, el G20 debería posibilitar la creación de un mecanismo de liquidez y sostenibilidad que pueda reducir los costes de endeudarse y ayudar a los gobiernos a financiar y administrar sus pasivos. De hecho, mecanismos similares han ayudado a países clave de la OCDE a limitar el impacto económico y financiero de la pandemia, incluida la prevención de crisis de liquidez importantes.

En cuanto a los países cuyos fundamentales ya eran débiles antes de la crisis, deberán buscar la reestructuración de la deuda. Argentina ya está en esa vía, y sin duda otros países la seguirán. Será necesario un marco actualizado para ayudarles en ese proceso.

La simple realidad es que algunos países están mucho mejor preparados que otros para responder a la pandemia del COVID-19, y que en una economía global estrechamente interconectada nadie puede salir de la crisis por sí solo. La comunidad internacional –especialmente el G7 y el G20- deben adoptar medidas atrevidas, innovadoras y expeditas para apoyar a quienes lo necesiten. Ya se conocen las soluciones, pero ponerlas en práctica requerirá un liderazgo global.

Brahima Coulibaly is Vice President and Director of the Global Economy and Development Program at the Brookings Institution. Ngozi Okonjo-Iweala, a former managing director at the World Bank and former finance minister of Nigeria, is Board Chair of Gavi, the Vaccine Alliance and African Union Special Envoy on COVID-19. She is a Distinguished Fellow at the Brookings Institution and a Global Public Leader at Harvard University’s John F. Kennedy School of Government. Vera Songwe is United Nations Under-Secretary-General and Executive Secretary of the UN Economic Commission for Africa. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.


Este comentario está también firmado por los siguientes Enviados Especiales de la Unión Africana sobre el COVID-19: Tidjane Thiam, Miembro del Consejo Global de Asesores, Consejo de Relaciones Exteriores; Donald Kaberuka, Presidente del Fondo Global; Trevor Manuel, Asesor del Presidente de Sudáfrica y ex ministro de finanzas sudafricano; Abderrahmane Benkhalfa, ex ministro de finanzas argelino; y Strive Masiyiwa, Fundador y Presidente Ejecutivo de Econet Wireless International.

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