La agonía sin fin del Brexit

De modo que la primera ministra Theresa May sobrevivió para otras batallas. El Partido Conservador en la Cámara de los Comunes revalidó la confianza en su liderazgo, por 200 votos contra 117 (una victoria no muy aplastante). Es difícil recordar otro gobierno británico sumido en una crisis de liderazgo tan continua. May, una dama no tanto de hierro cuanto terca y perseverante, ha comenzado otra ronda de intentos de sacarle a la dirigencia europea unas pocas concesiones más para que el acuerdo de divorcio que negoció sea un poco más aceptable para su partido (si no lo es para la mayoría de la opinión pública).

En junio de 2016 el pueblo británico decidió abandonar la Unión Europea, por un exiguo margen de 51,9% contra 48,1% en un referendo nacional. Se invocó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, y está previsto que el Reino Unido salga del bloque el 29 de marzo de 2019. Pero la cuestión irlandesa, la política interna del Partido Conservador y la aritmética parlamentaria han hecho que el proceso del Brexit sea cualquier cosa menos sencillo.

El RU y la República de Irlanda comparten una frontera terrestre que separa al segundo país (que permanecerá en la UE) de Irlanda del Norte, que es parte del RU. De modo que el Brexit dejaría a Irlanda del Norte fuera de la unión aduanera de la UE y a la República Irlandesa dentro. De allí los agónicos esfuerzos de May para conseguir un acuerdo que evite la creación de una frontera “dura” con controles aduaneros.

No es sólo cuestión de conveniencia económica; es literalmente un asunto de vida o muerte. Cuando Irlanda se independizó del RU en 1922, seis condados de mayoría protestante se quedaron en el RU bajo un sistema de gobierno autónomo. Del truncado RU quedaron dos legados: el libre comercio y la libre movilidad de trabajadores entre el RU y el nuevo estado irlandés.

Pero la victoria incompleta sobre el RU siempre fue una espina clavada en la predominantemente católica República de Irlanda; hasta 1999, la constitución irlandesa incluyó el compromiso de “reintegración” de la isla entera. Al mismo tiempo, la menguante mayoría protestante de Irlanda del Norte se aferró con fervor creciente a la conexión con el RU. Tras tres décadas de conflicto violento entre grupos protestantes y nacionalistas irlandeses en la provincia, que produjeron más de 3600 muertes, en 1998 se firmó el Acuerdo de Belfast, que instituyó un ejecutivo compartido (unionista/nacionalista) en Irlanda del Norte, además de un Consejo Británico-Irlandés como un gesto de relaciones armoniosas con la República de Irlanda.

Cualquier endurecimiento de la frontera pondría en peligro la frágil paz alcanzada mediante el Acuerdo de Belfast. Si el esquema de gobierno compartido se viene abajo, a uno y otro lado habrá violentos listos para pasar a la acción. Para evitarlo, el plan de May estipula que el RU salga de la UE pero permanezca “temporalmente” en la unión aduanera, mientras se negocia un acuerdo de libre comercio con la UE, con un “plan de contingencia” que garantiza una frontera abierta entre Irlanda del Norte y la República Irlandesa, pase lo que pase.

Por si fuera poco, el Parlamento está dividido entre pro‑Brexit y anti‑Brexit, una fractura que atraviesa al partido conservador gobernante y a la oposición laborista.

Los anti‑Brexit están divididos en tres grupos: los de izquierda que ven en la idea de “mercado social” de la UE una fuente de protección para los trabajadores británicos; los intereses empresariales y financieros que piensan en los costos económicos del Brexit; y los idealistas que quieren que el RU tenga un papel constructivo en la unificación política de Europa. Los pro‑Brexit también se dividen en tres: los thatcheristas que ven a Bruselas como un “superestado” empeñado en ahogar la libre empresa; otro grupo (en parte coincidente) que imagina al RU como miembro independiente de un sistema global de libre comercio; y los “olvidados” que quieren preservar la identidad cultural británica y evitar la entrada de extranjeros.

La aritmética parlamentaria importa (pese al resultado del referendo) porque May se vio obligada a conceder que el Parlamento tuviera la última palabra sobre cualquier acuerdo que alcanzara. Esto dio a los anti‑Brexit una esperanza de revertir el resultado de 2016 en una segunda “votación popular”.

La composición de fuerzas parlamentarias refleja la desastrosa decisión de May de llamar a elección anticipada en 2017, que le valió perder la mayoría conservadora. Y los 317 parlamentarios conservadores que quedan están divididos (más o menos 200 contra 100) entre los que apoyan el plan propuesto por May para el Brexit y los que quieren que el RU salga de la UE como sea y sin acuerdo.

El apoyo al acuerdo de May en la oposición (257 parlamentarios laboristas, 35 nacionalistas escoceses y unos pocos más) es, en el mejor caso, incierto. En tanto, los diez parlamentarios del Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte (de cuyo apoyo ahora el gobierno depende) están divididos entre el deseo de libre comercio con el sur y el temor a verse arrastrados a la República de Irlanda si el resto del RU se va de la unión aduanera. El DUP ha criticado la idea de un acuerdo especial o “plan de contingencia” que permita a Irlanda del Norte permanecer en la unión aduanera a falta de un acuerdo de libre comercio entre el RU y la UE.

Dadas las divisiones en su propio partido, May dependerá de los parlamentarios laboristas para conseguir la aprobación parlamentaria del acuerdo. Pero nadie sabe cómo votarán estos, y el partido tiene intereses contradictorios. Por un lado, si votan con los pro‑Brexit para frustrar el acuerdo de May, es probable que a eso le siga una elección general, que el laborismo podría ganar. Pero por el otro, no es seguro que Jeremy Corbyn, líder del partido, tenga muchos deseos de recibir el cáliz envenenado que le entregaría May.

En estas circunstancias, es tentador decir “si el Parlamento no puede tomar una decisión, que se haga cargo el pueblo”. Pero ¿qué se le preguntaría exactamente al “pueblo”? Convocar a una segunda votación porque a uno no le gustó el resultado de la primera es jugar con fuego. Y no hay que olvidar otra cuestión: el odio de los pro‑Brexit a la UE es más intenso que el amor que le tienen los anti‑Brexit. Si estos ganaran un segundo referendo, un resentimiento pasional agriaría la política británica por años. Lo mejor es esperar que cuando en enero el Parlamento vote por fin sobre la cuestión, May consiga el divorcio en buenos términos que negoció.

Robert Skidelsky, Professor Emeritus of Political Economy at Warwick University and a fellow of the British Academy in history and economics, is a member of the British House of Lords. The author of a three-volume biography of John Maynard Keynes, he began his political career in the Labour party, became the Conservative Party’s spokesman for Treasury affairs in the House of Lords, and was eventually forced out of the Conservative Party for his opposition to NATO’s intervention in Kosovo in 1999. Traducción: Esteban Flamini.

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