Los diversos peronismos andan apresurados a la búsqueda de recambios para el matrimonio Kirchner. Aliados que hasta ayer se declaraban incondicionales K han iniciado la mudanza evitando hacer ruido pero negando su vinculación con un proyecto político desgastado que hasta hace poco aparecía como poco menos que invencible y con el que ahora mejor será tomar distancia, por las dudas de un ciclón que lo arrastre todo.
Cristina Fernández asumió la presidencia el 10 de diciembre del 2007 después de haber obtenido el 28 de octubre más del 45% de los sufragios, sin tener que disputar una segunda vuelta. Los resultados del peronismo oficialista el domingo muestran el enorme debilitamiento en todo el país del liderazgo político del matrimonio Kirchner en tan solo 18 meses de gobierno. Dando por perdidas la inmensa mayoría de provincias, Néstor Kirchner se la jugó en la de Buenos Aires, donde reside el 38% de la población total, y perdió, «por poquito», como quiso maquillar al admitir una derrota que unas horas más tarde provocaría su propia dimisión como presidente del Partido Justicialista, «indeclinablemente», como él mismo definió.
En este año y medio de Gobierno las malas noticias se han ido acumulando. Cristina Fernández tuvo un pésimo comienzo, con un prolongado episodio a cuenta de un maletín con 800.000 dólares en su interior incautado a un empresario de origen venezolano-estadounidense, Guido Antonini. Un fiscal de Miami llegó a decir que un testigo protegido aseguraba que el dinero tenía origen en el Gobierno de Hugo Chávez, y como destinataria, la campaña electoral de la ya presidenta argentina.
El proyecto político del segundo Gobierno de Kirchner se fundamentaba en lograr una mejor distribución de los ingresos de los ciudadanos dotando al país de una mayor calidad de las instituciones. Fue Martín Lousteau, el joven ministro de Economía, quien presentó a Cristina Fernández su primera gran medida redistributiva, la luminosa idea de las retenciones móviles a las empresas agropecuarias exportadoras de soja y girasol, la llamada Resolución 125. El 12 de marzo arrancó un lock out empresarial y unos días después las cacerolas se dejaron sentir en la noche de Buenos Aires. El conflicto iba creciendo en intensidad hasta convertirse en una batalla sin tregua a la que se fueron sumando grupos ultraderechistas vinculados a la dictadura militar y, frente a ellos, como una fuerza de choque, sindicalistas o líderes como Luis D’Elía, del movimiento de los piqueteros (desocupados) expertos en la pelea en la calle por la supervivencia diaria.
Argentina andaba entonces en estado de ebullición, como tantas otras veces en su historia reciente. Martín Lousteau pagó el descosido del campo con su dimisión el 24 de abril. El lock out se mantenía y los medios de comunicación conservadores aprovechaban la grave crisis social para saldar cuentas pendientes con el matrimonio Kirchner. Las negociaciones con la patronal del campo no avanzaban. Los huelguistas se encontraban cada vez más cómodos con el país paralizado, pretendiendo convertirse en alternativa política futura.
Los diputados y senadores iban a tener la última palabra, con un ejercicio de funambulismo político protagonizado por el vicepresidente del Gobierno y presidente del Senado, Julio Cobos, un personaje peculiar que ha sido capaz de defender una idea y la contraria con total naturalidad, sin sonrojo alguno. Dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), fue gobernador de la provincia de Mendoza. Aceptó ir a las presidenciales del 2007 con Cristina Fernández formando un curioso combinado electoral. Su partido lo expulsó «de por vida», según señaló el tribunal de ética del radicalismo. El 17 de julio, después de 18 horas de debate, la votación final en el Senado de la ley del campo acabó en empate a 36. A Julio Cobos le correspondía deshacer el empate y lo hizo desdiciéndose de lo defendido horas antes votando en contra de su presidenta, del Gobierno del que es vicepresidente, en otro momento de gloria. Respondía, sin rubor, que no tenía por qué dimitir. La UCR revocó entonces su anterior decisión de expulsarle «de por vida» y, en el penúltimo capítulo del sainete, en estas legislativas ha formado su propio grupo político, de nuevo con la UCR, con la expresa voluntad de presentarse a presidente el 2011.
En la clase política argentina existe también una tendencia extendida al uso frecuente del cainismo. Tal vez sea fruto del perverso sistema electoral o, simplemente, esos genes latinos originarios nacidos de la mezcla de italianos y españoles. Y el peronismo es, en este sentido, la máxima expresión de esa división fratricida apasionada que les hace «incorregibles», como sentenció el declarado icono antiperonista Jorge Luis Borges. Cristina Fernández ha perdido a varios ministros, tiene un vicepresidente con el que apenas cruza palabra, han dejado de apoyarle gobernadores e intendentes que se decían incondicionales. Los Kirchner incluso han sido derrotados en su provincia de Santa Cruz. Pero quien más daño puede haberle hecho a Cristina Fernández es su propio esposo. Nunca ha sabido guardar las distancias, dando la sensación de que es él quien en realidad toma las decisiones que le corresponden a ella. La amarga derrota política de los Kirchner.
Antoni Traveria, periodista. Director de la Casa Amèrica Catalunya.