En momentos como los actuales hay que tener un rumbo claro y actuar con decisión. Por eso es importante que cada uno, desde su posición, desde su responsabilidad, analice, valore y decida. Nada es automático y las consecuencias de no tomar decisiones a menudo son mucho peores que equivocarse parcialmente en las respuestas. Las administraciones públicas debemos asumir la responsabilidad, con la consiguiente carga de impopularidad, respecto a las decisiones y los efectos derivados de la crisis económica y los cambios normativos. Una responsabilidad que debemos ejercer en dos direcciones, la primera de buen servicio y gestión de los recursos públicos, y la segunda de defensa de la calidad del servicio.
Una doble responsabilidad que lleva, por una parte, a hacer un esfuerzo adicional para alcanzar unos estándares de calidad que todos queremos en nuestra formación y producción científica, y por otra, a pedir que la educación sea una prioridad de la inversión pública. Desde la universidad pública, desde la gestión de la Universitat de Barcelona, hemos procurado trabajar sin estridencias asumiendo nuestro papel, siempre con la voluntad decidida de reforzar el compromiso de calidad en las misiones que socialmente tenemos encomendadas.
Es evidente que lo que vivimos hoy tiene responsables. Es importante recordar, y aprender para el futuro, que los modelos de gestión que seguimos deben resolver los retos de nuestras necesidades actuales, pero de ninguna manera deben hipotecar nuestro propio futuro o el de las generaciones que nos seguirán. De todos modos, los responsables parecen no existir cuando buscamos las causas de la crisis, aunque sí son muy visibles los damnificados por los efectos de esta coyuntura y sus ajustes. Esta doble dimensión, responsabilidad y prejuicio, nos plantea una reflexión global que pone en peligro nuestros valores.
Es precisamente desde estos puntos de partida que quiero insistir en «los peligros invisibles» (artículo del 30 de mayo del 2011 en EL PERIÓDICO, titulado Responsabilidad y 'peligros invisibles') que pueden esconderse tras la coyuntura actual. No me cansaré de insistir en que la universidad, la educación, forma parte de la solución de nuestro futuro ante las dificultades actuales que atraviesa nuestro sistema social, cultural, político y económico. La universidad es el ámbito natural, independiente y centenario, para la reflexión crítica y el conocimiento científico de alternativas, proyectos, propuestas, etcétera que nos pueden indicar un buen camino y ayudar a andar por él con rigor y rapidez.
Las limitaciones de la autonomía universitaria son un falso atajo que bloquea el diálogo y deja a las universidades públicas fuera del debate, tanto que incluso pueden aparecer dramáticamente como parte del problema. Los discursos sobre gobernanza o las futuras políticas sobre tasas universitarias, por ejemplo, no pueden hacerse a espaldas de las universidades. Es un contrasentido que parte de la hipótesis equivocada en cuanto al papel de la universidad en nuestra sociedad.
Un periodista estadounidense (Edward Roscoe Murrow, 1908-1965) escribió: «La dificultad es una excusa que la historia nunca acepta». Vivimos momentos difíciles, sin lugar a dudas, pero la obligación de la universidad es responder con las herramientas del trabajo bien hecho y del compromiso en relación con los retos del mundo de hoy. No podemos aceptar ninguna imposición que limite nuestras funciones o que no tenga en cuenta los riesgos ocultos que las medidas pueden llevar asociados.
La Unesco consagró en el 2009 la educación superior como bien público. Una vez afrontada la crisis y asegurando la buena gestión de las universidades desde su autonomía, es hora de defender otra política que no solo no recorte, sino que además no renuncie a aumentar la financiación pública. Una política que no piense en un cambio de modelo de la financiación universitaria cargando la mayor parte del coste al estudiante o modificando la gobernanza sin un camino de consenso con las universidades. En definitiva, la crisis económica no puede utilizarse como excusa para obviar el necesario debate social en relación con la política de precios y becas y acabar aplicando un modelo de financiación de las universidades públicas que, en última instancia, responda a consideraciones ideológicas y nos aleje del ideal que recoge el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: «[…] que se abra a todos el acceso a los estudios superiores con plena igualdad para todos, con atención al mérito de cada uno», como ya he manifestado en otras ocasiones.
Una universidad pública de calidad es la garantía de interlocución y de caminos de solución para hacer frente a la crisis y a sus consecuencias: hay que actuar con responsabilidad y sentido crítico para evitar medidas ineficaces e injustas, para tener un futuro de esperanza invirtiendo en educación, que al fin y al cabo es invertir en el futuro. La indignación, que va en aumento en la sociedad, no es fruto directo de las medidas que toman las administraciones públicas, sino expresión del descontento ante lo que parece una falta de expectativas a corto plazo, fruto de los peligros invisibles que cada vez están más presentes y son más tangibles ante la apariencia de falta de sensibilidad respecto a los efectos colaterales de la obra de gobierno. Hay que evitar la amenaza de los peligros invisibles y, en este objetivo, la universidad debe tener un papel activo.
Dídac Ramírez, Rector de la Universitat de Barcelona.