La amenaza del alivio de la deuda griega

Cuando la crisis económica de Grecia sigue haciendo estragos, voces prominentes, que van desde economistas ganadores del premio Nobel como Paul Krugman hasta funcionarios como el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, están exigiendo términos de rescate más tolerantes y un alivio de la deuda. Hasta el Fondo Monetario Internacional -que, junto con otras entidades de crédito europeas, han proporcionado a Grecia financiamiento de emergencia- recientemente se sumó a los reclamos. Ahora bien, ¿esta estrategia podría ser realmente el santo remedio proverbial para la crisis de Grecia?

La respuesta corta es no. Si bien la deuda pública de Grecia es innegablemente alta, y abunda la evidencia de que una deuda elevada puede frenar el crecimiento económico, el país enfrenta frenos aún más fuertes al crecimiento, como debilidades estructurales y políticas arriesgadas, de los que habría que ocuparse antes.

En verdad, Grecia probablemente dependa de financiamiento concesional de fuentes oficiales en los próximos años -financiamiento que está condicionado a las reformas, no a los ratios de deuda-. El stock de deuda nominal de Grecia sólo importará una vez que el país vuelva a entrar a los mercados de deuda y se someta a los términos de endeudamiento del mercado, no concesionales. Mientras tanto, Grecia debe implementar las reformas estructurales necesarias para restablecer las perspectivas de crecimiento a largo plazo del país y, en consecuencia, fortalecer su capacidad para pagarles a sus acreedores sin una reducción de deuda nominal importante.

Sin embargo, existe otra razón crítica por la que el alivio de la deuda no es la respuesta, y reside en la arquitectura política de la Unión Monetaria Europea. Como la eurozona carece de un organismo de gobierno central fuerte, las políticas de crisis surgen de un proceso político en el cual cada uno de los 19 estados miembro tiene poder de veto. Para que un sistema tan complejo funcione, los decisores políticos de la eurozona deben ser capaces de confiar en que el otro se comportará de una manera determinada -y eso exige un marco común de reglas y normativas.

Una reestructuración de la deuda oficial de Grecia, a pesar de ofrecer beneficios a corto plazo, debilitaría ese marco en el largo plazo, sentando un precedente para las excepciones. Otros países de la eurozona, tarde o temprano, exigirían la misma concesión. En 2013, la extensión de los vencimientos de los préstamos de Grecia instó a Irlanda y Portugal a exigir -y recibir- extensiones comparables, a pesar de su necesidad menos obvia.

En lugar de ofrecer concesiones, que podrían crear una inestabilidad a largo plazo en la eurozona, los líderes de Europa deben seguir comprometidos con la creación de incentivos sólidos para que todos los estados miembro mantengan políticas fiscales prudentes capaces de reducir los ratios de deuda pública y restablecer los resguardos fiscales contra las sacudidas asimétricas que pueda sufrir la unión monetaria. Recién entonces la eurozona tendrá la posibilidad de ratificar la cláusula de “no rescate” del Tratado de Lisboa.

Grecia puede representar menos del 2% del PIB de la eurozona, pero la búsqueda de soluciones ad hoc a corto plazo para sus problemas puede sentar precedentes que podrían hundir a toda la unión monetaria. Para impedir este desenlace, es fundamental que cualquier solución para la crisis griega refuerce, y no mine, la cohesión de la eurozona.

Es verdad que Grecia ha tenido que sufrir ajustes dolorosos para hacer frente a sus profundas debilidades estructurales, sus finanzas públicas insostenibles y la falta de competitividad de precios -ajustes que llevaron a una caída de la producción griega-. Pero no se puede culpar del alto desempleo y de la falta de inversión a la medicina prescripta. Son síntomas de la imposibilidad del país de reformar su administración pública y mejorar la flexibilidad de su economía.

El debate internacional sobre cuánta austeridad es apropiada para equilibrar los intereses de Grecia y de sus acreedores ha mantenido a los responsables de las políticas económicas distraídos durante demasiado tiempo. Es hora de concentrarse en el imperativo real: diseñar e implementar reformas estructurales vitales, a nivel nacional y europeo.

Para guiar este proceso, el Consejo Alemán de Expertos Económicos, que yo presido, ha desarrollado un conjunto de reformas -llamadas “Maastricht 2.0”- que reforzarían el marco basado en las reglas que es tan esencial para el éxito a largo plazo de la eurozona. Por ejemplo, es necesario fortalecer la unión bancaria a través de un mejor régimen de resolución y un supervisor financiero integrado, y se debería introducir un mecanismo de insolvencia soberana.

Lo que apuntala las reformas propuestas es el llamado “principio de unidad de responsabilidad y control”, que exige que tanto el poder para tomar decisiones como la responsabilidad frente a sus consecuencias se mantengan en el mismo nivel político, sea nacional o supranacional. En otras palabras, si los países quieren tomar sus propias decisiones fiscales independientemente de sus socios de la eurozona, no pueden esperar que esos socios luego tengan que salir a salvarlos.

Sin duda, en los últimos años, el marco institucional europeo ha experimentado reformas importantes que reflejan los principios de “Maastricht 2.0”, como la necesidad de resaltar la responsabilidad nacional frente a las finanzas públicas y la competitividad internacional. Pero el proceso de reforma todavía dista de haber terminado.

No se puede negar que las medidas de corto plazo para resolver problemas serios -como el alivio de la deuda para Grecia- amenazan la estabilidad a largo plazo de la eurozona. Si la Unión Monetaria Europea ha de sobrevivir y, en definitiva, prosperar, sus líderes no deben ceder ante la tentación de las soluciones fáciles.

Christoph M. Schmidt is Chairman of the German Council of Economic Experts and President of the Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) Essen, one of Germany’s leading economic research institutes.

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