La amenaza del tráfico mundial de armas pequeñas

Por Paul Kennedy, titular de la cátedra J. Richardson de Historia y director de Estudios sobre Seguridad Internacional en la Universidad de Yale (EL PAÍS, 28/06/06):

Estamos muy familiarizados -gracias al tamborileo de escenarios terribles servidos a diario por la Casa Blanca y el Pentágono- con esa atroz amenaza de las “armas de destrucción masiva”, esas cosas espeluznantes y bestiales que envenenarían o devastarían nuestros paisajes con sustancias químicas, biológicas o nucleares.

Bien, tal vez eso ocurra en algún momento del siglo XXI. Por supuesto, tanto los conocimientos beneficiosos como los amenazadores pueden cruzar fácilmente las fronteras nacionales de nuestro mundo interconectado, y el aumento del número de países, y lo que todavía es más alarmante, de figuras no estatales que pueden adquirir sistemas armamentísticos masivos y letales es motivo de gran preocupación.

Nadie puede criticar sensatamente al Gobierno estadounidense por llamar la atención sobre este asunto, y nadie en su sano juicio podría desear recortar las competencias del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA).

Pero ¿es este enfoque demasiado dramático y, lo que es más importante, excesivamente limitado? ¿Qué se puede decir de esas otras armas terribles que matan a muchísimas personas pero no son objeto de demasiada atención? El pasado 1 de junio, una búsqueda en Google de “armas de destrucción masiva” generó 29.600.000 resultados. Por el contrario, cuando busqué “armas pequeñas mundiales”, sólo obtuve 730 resultados, y al acotar la búsqueda a “comercio de armas pequeñas mundiales”, la cifra fue de tan sólo 179.

Esta diferencia entre la atención ciudadana que se dedica a las armas de destrucción masiva y la prestada a todas las demás podría ser excusable y comprensible si no fuera porque cada año -en realidad, cada semana- muere muchísima gente a manos de herramientas militares que de ningún modo podrían denominarse plataformas de “destrucción masiva”. Por el contrario, se trata de armas como bombarderos de medio alcance, carros blindados, morteros, bazucas, granadas, minas, ametralladoras, e incluso fusiles AK-47 y Kaláshnikov. Ninguno de ellos podría destruir, pongamos por caso, una ciudad entera. Pero el daño acumulativo que causan en todo el mundo nos da derecho a catalogarlas de “armas de destrucción ingente”.

De acuerdo con los cálculos de la Iniciativa Noruega sobre Tráfico de Armas Pequeñas (NISAT) (www.nisat.org), este tipo de armamento mata de forma directa a más de 300.000 personas cada año, y hiere aproximadamente a un número tres veces mayor. Eso hace que, a su lado, todas las demás muertes violentas acaecidas en años recientes -los atentados terroristas de Londres, Madrid y el 11-S, o los asesinatos en Basora y Bagdad- parezcan relativamente escasas.

Y el hecho es que nuestro conocimiento de este fenómeno se limita a lo que vemos en los informativos o leemos en los periódicos más inteligentes. Sabemos que se producen bajas horribles, claro, pero raramente pensamos en cómo llegan las armas a manos de regímenes criminales, bandidos, revolucionarios y fundamentalistas intolerantes. Para conocer mejor el sombrío mundo del comercio de armas, vale la pena considerar un reciente informe por esa organización no gubernamental irreprimible y audaz que es Amnistía Internacional. Titulado Dead on time: arms transportation, brokering and the threat to human rights

[Muerte a tiempo: el corretaje y el transporte de armas, una amenaza para los derechos humanos]

el informe es un estudio detallado sobre el comercio de armas mundial, en algunos casos tan técnico que puede poner los ojos vidriosos a los lectores.

He aquí algunos de los puntos principales del informe:

En primer lugar, existe una consecuencia inesperada del final de la guerra fría: a saber, la drástica caída del presupuesto de defensa de muchos Gobiernos, tanto en Oriente como en Occidente, ya que los ejércitos de tierra, mar y aire se redujeron en los años noventa. El resultado no sólo fue que se vendió a precios muy bajos (y sin hacer demasiadas preguntas acerca de las intenciones de los compradores) una asombrosa cantidad de armas, sino también que la industria armamentística del hemisferio norte se vio obligada a buscar nuevos clientes desesperadamente.

En segundo lugar, a esos fabricantes de armas establecidos recientemente se les han unido docenas, si no cientos, de pequeñas empresas en zonas del mundo en desarrollo: Brasil, Egipto, Pakistán y numerosas economías menos avanzadas. Muchos regímenes de África controlan ahora fábricas que pueden construir, o ceder, sus propias minas, granadas, fusiles o ametralladoras. Y si no pueden fabricarlas ellos mismos, tienen traficantes de sobra llamando a la puerta.

Uno de los cuadros más asombrosos del informe de Amnistía es una lista de Países proveedores de armas, municiones y repuestos a países africanos implicados en conflictos armados, 1991-2002. Angola, por ejemplo, que necesita más armamento tanto como necesita más víctimas del sida, compró en esos años armas a los siguientes países: Albania, Bielorrusia, Bélgica, Brasil, Burkina Faso, China, República Popular del Congo, República Checa, Francia, Alemania, Israel, Italia, Corea del Norte, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Ruanda (¡!), Eslovaquia, Suráfrica, España, Togo, Reino Unido, Ucrania, Estados Unidos y Zimbabue.

En tercer lugar, hoy en día existe una red mundial en la sombra pero extraordinariamente organizada de fabricantes de armas, agentes de compra, intermediarios, transportistas, bancos aquiescentes y aerolíneas de transporte delictivas dispuestas a evadir las sanciones.

Debido a la forma en que se cargan y descargan las mercancías transportadas en contenedores, la tarea de vigilar las ventas ilegales es aún más difícil que antes; y la venta de cientos, si no de miles, de aviones de transporte Antonov rusos desde 1991 ha dado a los contrabandistas mucha más flexibilidad. No son bombarderos B-52, pero resultan extremadamente útiles cuando uno necesita enviar paquetes de munición para ametralladoras y proyectiles de mortero de Zimbabue a Sudán.

Todo este tráfico discurre paralelamente al denominado comercio legal de armas, es decir, la compraventa de sistemas armamentísticos aprobada por los propios Gobiernos, muchos de los cuales conceden favores especiales a este sector de la industria, prestan su apoyo a prestigiosas exhibiciones aéreas (París, Farnborough) y ferias de armas, y envían ministros al extranjero para que fomenten las ventas.

El problema a este respecto es que algunos Gobiernos son mucho más estrictos que otros en los controles de exportaciones, la concesión de licencias y el cumplimiento de las sanciones del Consejo de Seguridad. Para ciertos regímenes (Egipto, Rusia), las exportaciones de armas se han convertido en una fuente vital para obtener divisas fuertes; para otros (China, Israel), es un sistema para comprar influencias en el extranjero.

Por último, en este ámbito, la comunidad mundial carece de tratados internacionales y estructuras de vigilancia similares a los creados para las armas nucleares a través del Tratado de No Proliferación y de los inspectores del OIEA. Por supuesto, existen resoluciones de Naciones Unidas acerca de la supresión de las minas terrestres (que el Gobierno estadounidense no ha firmado). Y, a menudo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impone sanciones concretas contra el comercio de armas en países destruidos por la guerra, como Liberia y Sierra Leona, pero son episódicas y, como ya hemos explicado, fáciles de evadir. Cuando los envíos ilícitos de armas se pagan con diamantes ilegales, a las autoridades no les resulta fácil rastrear a los experimentados intermediarios.

La comunidad internacional sólo está adoptando medidas de forma paulatina para lidiar con esta amenaza. Se ha creado un Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Servicio de Investigaciones del Congreso estadounidense, diversos Gobiernos nórdicos y varios grupos de estudio, algunos centros universitarios canadienses, muchas iglesias y ONG como Amnistía Internacional están recabando pruebas. Interpol, la CIA y diversos organismos de información secreta siguen su propia senda, porque el comercio de armas ilegal es una fuente de ingresos para los terroristas internacionales.

Y las diversas propuestas de Kofi Annan para que una ONU reformada se centre en la “seguridad humana” incluyen, como debe ser, llamamientos a los Estados miembros para que acaben con ese tráfico infame. Lo cual deja el problema en manos de los líderes políticos de aquellos países preocupados por el tema y que entienden lo importante que es destruir esta red tenebrosa, no sólo por razones morales, sino también por su impacto corrosivo en la sociedad civil de África, Asia, Oriente Próximo y otros lugares.

Pero, por su naturaleza, los políticos se mostrarían más firmes si sintieran tras ellos la presión de la opinión pública. En última instancia, son los votantes los que deben ejercer dicha presión, lo cual supone prestar más atención a este tema de la que ustedes y yo le hemos dedicado en el pasado. Siempre podríamos empezar con una pregunta molesta a nuestro congresista o parlamentario local: “Señor, ¿qué propone usted para frenar la muerte de 300.000 seres humanos al año debido al uso de armas de destrucción ingente?”.