Por José Manuel Cansino Muñoz-Repiso, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla (LA RAZON, 06/03/04):
A partir del año 2007 el peso de la Unión Europea (UE) se desplazará hacia el Este como consecuencia de la incorporación de los diez nuevos socios. Naturalmente esta ampliación de la UE a 25 provocará y, de hecho, está provocando ya consecuencias para España.
En cifras absolutas, España es el principal beneficiario neto del presupuesto comunitario. En términos per cápita y con datos de 2002, España era el tercer país que más se beneficiaba del presupuesto de la Unión, lo que se traduce en una transferencia por habitante de unos 375 euros, cifra lejana de los 655 euros que corresponden a cada irlandés (principal socio beneficiario en términos per cápita). Esta realidad presupuestaria tiene su contrapartida principal en los casos de Alemania, Reino Unido, Italia, Países Bajos y Francia, países que resultan los principales contribuyentes netos al presupuesto de la UE. Este reparto presupuestario se mantendrá a grandes rasgos hasta 2007, momento en el que se reajustarán profundamente el sentido de los flujos financieros.
Una parte importante de los fondos estructurales de los que España se beneficia están vinculados a nuestro nivel de renta per cápita, inferior, como es sabido, a la media comunitaria. Naturalmente el papel de receptor de fondos estructurales es una cuestión dinámica sujeta a los cambios que registre la relación entre la renta per cápita española y comunitaria.
La ampliación de la UE hacia el Este supondrá una reducción de la renta media comunitaria. A modo de referencia gruesa baste señalar que el PIB por habitante español duplica al PIB por habitante de cada uno de los nuevos socios. Esta revisión a la baja de la renta media europea modificará sustancialmente el actual estatus español de país beneficiario neto.
En clave de política interna, subrayemos que parte considerable de los fondos estructurales se utilizan para financiar políticas públicas que pretenden mejorar el bienestar social conjunto habida cuenta de que se desarrollan en las regiones más desfavorecidas económicamente. Reducida o agotada en un futuro la vía de financiación europea, sólo los recursos públicos nacionales podrán financiar estas políticas de «solidaridad interterritorial». Dos amenazas se ciernen sobre este futuro escenario. La primera -de carácter político- permite aventurar que un progresivo desgaste de la Nación española (y de la solidaridad consustancial que lleva implícita) a manos del nacionalismo periférico, hará muy difícil la financiación pública de políticas de solidaridad entre regiones, máxime a partir de determinadas lecturas de los informes sobre «balanzas fiscales» que acaban de publicar la Fundación BBVA y Funcas.
La segunda -de carácter técnico y político- obligaría a la modificación del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) como instrumento que tome el testigo del papel que hoy juegan los fondos estructurales. Esta nueva regulación debe estar lista en 2006. La segunda consecuencia de la ampliación a 25 de la UE puede ser un agravamiento de los procesos de deslocalización y desinversión empresarial que se registran en España desde 1999. Un proceso del que ya se está resintiendo el tejido industrial español. Frente a las empresas radicadas en España, las empresas emplazadas en los países del Este disfrutan de una mayor proximidad a los grandes mercados de consumo. Estos grandes mercados son, por una parte, el alemán y, por otra, el emergente mercado ruso cuya economía está creciendo a un 7 por ciento, con el añadido de ser un importante mercado suministrador de factores productivos. A esa ventaja geo-estratégica se añaden otras de entre las cuales no es la menos importante el que su coste laboral medio sea el 16 por ciento del español; un argumento que -sin ir más lejos- ha esgrimido Samsung para trasladarse a Eslovaquia. Además, el número medio de años de escolarización de estos países es superior a la media española y europea; su cualificación profesional tiene poco que envidiar a la nuestra.
Sorprende además, que las empresas que están desinvirtiendo en España pertenecen mayoritariamente a la industria avanzada. Sobre este aspecto concreto añadamos que casi toda la tecnología media y alta utilizada en España es importada. Apenas hay tecnología de creación propia, algo que avala el dato de que el gasto en I+D+i español no supera el 0,9 por ciento del PIB. Todo lo anterior puede explicar que desde 1995 los nuevos socios del Este reciben más inversión directa que España a pesar de que el PIB español, en paridad de poder adquisitivo, es equivalente a la suma del PIB de todos estos países.
Frente a estas amenazas al tejido empresarial español, deben señalarse una serie de fortalezas a las que conviene prestar particular atención. En primer lugar, más importante que el coste de los factores productivos (por ejemplo, el laboral) resulta la productividad de los mismos y en esto la productividad española es superior en 2 o 2,5 veces la de estos países (a excepción de Chequia). Esto no impide que siga siendo inferior a la de otros países europeos y así, Gillette llevó parte de su producción desde Sevilla al Reino Unido buscando una mayor productividad.
En segundo lugar, la estabilidad de las instituciones españolas es superior a la de muchos de estos países lo que supone un atractivo importante a los inversores potenciales. A sensu contrario, es significativa la llamada que ha hecho a Ucrania el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo sobre la necesidad de poner en marcha «políticas de vecindad».
En tercer y último lugar, España cuenta con más y mejores infraestructuras de transporte que pueden compensar la mayor distancia a los principales mercados de consumo.
En definitiva, la ampliación de la UE exige un rediseño del Fondo de Compensación Interterritorial como instrumento esencial de la política de solidaridad nacional y para ello hay que vencer al contraargumento nacionalista, y un refuerzo de las fortalezas de nuestra economía a las que debe añadirse el vector de la tecnología autóctona, para evitar las desinversiones empresariales.