La anomalía

Reanudadas las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, quedan aún dos obstáculos para poder hablar de normalización: el levantamiento del embargo y la devolución de Guantánamo, bahía en la que desembarcó, en 1510, Diego Velázquez -conquistador y primer Gobernador de la Isla- y a la que Cristóbal Colón había llamado Puerto Grande.

La instalación militar en Guantánamo (“tierra entre ríos), ocupa una extensión de 117,6 km², tiene 17,5 km de costas, 29,4 km² de ciénaga y 20 cayos en el interior de la bahía. Los americanos llevan instalados allí desde 1898, cuando ayudaron a los insurgentes cubanos a expulsar a las tropas coloniales españolas. Y para cuadrar el círculo, parece ser que, más tarde, (Fulgencio) Batista habría permitido a los yanquis conservar la base, a cambio de hacer importantes concesiones a las importaciones norteamericanas de azúcar.

Mil kilómetros separan La Habana de la base naval, que es innecesaria para la seguridad de los Estados Unidos, cara (150 millones de dólares anuales para 166 presos y otros 200 para mantenerla abierta) e ineficiente; dificulta la cooperación con los aliados -en términos de esfuerzo antiterrorista-, constituye un reclamo para extremistas y es para el mundo un símbolo de que América no respeta la ley. Por todo lo cual, habría que cerrarla.

Y esto no es una ocurrencia. Esto lo dijo Obama en 2013.

Pero lo que el presidente no añadió es que habría que devolverla a sus legítimos propietarios, puesto que se trata de territorio cubano. No hay que olvidar que las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la última década, han puesto el énfasis en que el gobierno de Washington no puede tratar a los individuos de forma diferente solo porque estén en Guantánamo.

El gobierno cubano ha mostrado desde 1959, tras la revolución, su desacuerdo con la presencia americana en la bahía de Guantánamo, a pesar de la sutil simpatía que evidenció el pragmático Raúl Castro hacia la custodia de detenidos por terrorismo en esa base militar.

Sin embargo, la nomenclatura castrista, empezando por el Comandante, siempre ha dejado claro que no se han planteado recuperar ese territorio por la fuerza, por lo que los Estados Unidos tendrían que abandonarlo motu proprio. Por otra parte, la ley Helms-Burton reconoce -de aquella manera- que la tierra tiene que devolverse a Cuba, más pronto o más tarde.

Ejercicio de pragmatismo –hasta ahora- por ambas partes. Del lado americano, la tentación de mantener el statu quo es grande -según la filosofía ‘si no lo has roto, no lo arregles”-. Del lado cubano, la fragilidad económica unida al déficit democrático -especialmente en materia de derechos humanos- no parecía la mejor receta para emprender la peligrosa aventura de recuperar la base naval. Pero las circunstancias cambiaron con la liberación del contratista Alan Gross, kilómetro cero de este proceso.

Michael Parmly, otro destacado ejemplar del caladero de la Fletcher School of Law and Diplomacy –la escuela internacional en la que estuve como visiting fellow cuando, tras las elecciones del 82, me acantoné en Boston-, retirado del servicio diplomático y conocedor del tema sobre el terreno –durante tres años, jefe de misión en la Sección de Intereses estadounidense en La Habana- ha escrito un trabajo sobre este asunto: The Guantánamo Bay Naval Base: The United States and Cuba—Dealing with A Historic Anomaly’ en el que, para iluminar la que podría ser una vía de devolución de Guantánamo a los cubanos, se apoya en el precedente de la cesión de soberanía del Canal de Panamá.

La propuesta -según Parmly- sería negociar con el gobierno cubano un acuerdo que le permita a la Navy mantener -en modo a determinar- su presencia militar y estratégica en el Caribe, como sucede en otras partes del mundo.

Quedaría la espinosa cuestión de los detenidos que, con devolución o sin ella, precisa de una solución (promesa aún incumplida de Obama). Tampoco hay que descuidar la contingencia de que otro país –China, Rusia o Venezuela- intente ocupar la base y tomar el control. Pero esta sería una ingenuidad impropia de los avezados negociadores de la 2201 C Street.

Para James Stavridis, actual decano de Fletcher y ex comandante supremo aliado de la OTAN que, en su condición de jefe del Comando Sur del Ejército de EEUU estuvo a cargo de la base de Guantánamo, dicho enclave naval, si bien sigue siendo un activo estratégico de gran utilidad para Estados Unidos pues “es difícil pensar en otro lugar con la combinación de un puerto de aguas profundas y gran pista de aterrizaje”- ha dejado de ser esencial como instalación militar, porque en la era moderna de los portaaviones, los submarinos nucleares y los aviones no tripulados, “nadie lanzaría una operación militar a gran escala desde ahí”.

Lo que es seguro es que los republicanos –contrarios a esta apertura- se plantearán una serie de preguntas, incómodas, -sobre todo- para la candidata Hillary Clinton, si es que consigue superar ‘la crisis de los emails’:

¿Es esta la manera inteligente de cortar la hierba al régimen castrista? ¿La devolución, serviría para dejar sin argumentos -morales y de victimismo- a quienes han utilizado la base como excusa de humillación a los cubanos? ¿Cuáles van a ser las compensaciones en materia de apertura democrática y derechos humanos? ¿Qué supone, en términos de coste, cerrar la base?

Lo que no admite dudas es que si se acaba con el embargo y se devuelve Guantánamo a sus legítimos propietarios, en La Habana se quedarán coritos –como dicen en Palencia-, pues el régimen no se podría escudar en los escollos para eludir el cambio -ya urgente- que van a querer los cubanos, una transición regida por ellos, sin injerencismos. Porque buenos son para que les digan lo que tienen que hacer.

Resolver el destino de la base naval sería un paso más en la recta final del presidente Obama que quiere dejar como legado la solución a las “anomalías” que le ha tocado heredar. Sin embargo, un desenlace así me parece tan ilusorio como que se produzca la devolución de Gibraltar, por parte de sus “maestros” en el dominio de enclaves.

Al Pentágono le ha faltado tiempo para decir que no tiene ‘expectativas ni planes” al respecto. Claro que esto viene después de que el gobierno de la isla haya reclamado -en el minuto uno del anuncio de la reanudación diplomática- que “se compense al pueblo cubano por los daños humanos y económicos provocados por las políticas de los Estados Unidos”.

El artífice de esta reclamación, en este preciso momento, debe de ser un genio de la anacronía, la estrategia y la psicología republicana. De ahí que mis temores se acentúen, pues a no ser que se acabe imponiendo el pragmatismo de uno y otro lado, me da que a la ciénaga de San Nicolás -humedal de la bahía de Guantánamo, reconvertido en un polígono de ejercicios de bombardeo de los marines- le va a tocar esperar, para volver a su ser.

La renta por la utilización de la base se fijó en su día en 2.000 dólares al año, pagados en oro. En 1934, un nuevo contrato de arrendamiento duplicó la cantidad.

Washington sigue enviando cheques -por el alquiler de la base- a La Habana, pero los Castro no los cobran porque no reconocen el contrato de arrendamiento. En su día, Fidel ya dijo que mantiene los cheques apilados en el cajón de su escritorio.

A ver quién se cansa antes, si los unos de pagar o los otros de apilar. Haga la suma, paciente lector, y verá que el oro amontonado en Jaimanitas ¡ya va siendo un dinero, oiga!.

Luis Sánchez-Merlo ha sido Secretario General de la Presidencia del Gobierno (1981-1982).

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