Por Ferran Toutain, ensayista (EL PAÍS, 28/10/05):
El proyecto de nuevo Estatuto para Cataluña que el 2 de noviembre se empezará a debatir en el Congreso de los Diputados constituye ante todo la apoteosis de una ideología que desde hace bastantes años intenta dominar los medios culturales y políticos de la sociedad occidental. Esta ideología, a la que popularmente designamos con el apócope progre y cuya variante académica Harold Bloom distinguió con la afortunada expresión "escuela del resentimiento", defiende una concepción gregaria de la existencia humana y, en consecuencia, entiende que la condición de individuo está siempre subordinada a su pertenencia a un grupo social. Desde este punto de vista, uno tiene derechos en tanto que es catalán, mujer, homosexual, joven, etcétera, y sólo puede ser representado políticamente por un miembro de su propio colectivo. Esto no lo proclama en tales términos el nuevo Estatuto, por supuesto, pero es una idea que subyace en buena parte de su articulado y que, en muchos casos, llega a resultar hilarante. Véase por ejemplo el artículo 19.1, en el que se proclaman para las mujeres los mismos derechos que en el artículo 15.2 se han proclamado para las personas.
Consecuentes con esta visión de las cosas, los redactores del texto consagran, en una ley de leyes que aspira a ser una especie de carta magna de los catalanes, el principio de paridad entre hombres y mujeres en las listas electorales de los partidos (art. 56.3). Este principio, muy discutido y a menudo rechazado en los países de nuestro entorno, parece contravenir el derecho a no ser discriminado por razón de sexo, pues pone la condición biológica por delante de la capacidad personal a la hora de elegir a una persona para ocupar un cargo. Además -y esto nos parece a muchos tan grave como lo anterior-, niega el carácter universal de la ciudadanía, que es uno de los pilares básicos de la democracia representativa. Si tal concepción se va abriendo camino, al final los partidos deberán elaborar sus listas con cuotas de candidatos no sólo relativas al sexo, sino también a la edad, la etnia o la condición física. Y no lo digo como exageración, ¿es que alguien puede pensar que las mujeres, en tanto que colectivo social, deben poseer más derechos que los ancianos, los magrebíes o los discapacitados?
La dirección de un partido puede hacer con sus listas lo que le venga en gana, pero no se puede imponer en un estatuto lo que no responde más que a una opción ideológica concreta.
En el nuevo Estatuto, esta actitud de imposición ideológica no afecta sólo a la paridad electoral, sino también a otras cuestiones como la laicidad o el uso de las lenguas en la enseñanza, la libertad de horarios en el comercio y la regulación del aborto. Uno puede estar legítimamente a favor o en contra de tales disposiciones, y un gobierno elegido democráticamente puede hacerlas suyas si así le parece conveniente, pero una vez más no parece lícito imponerlas de manera permanente a todas las opciones políticas, a no ser que los redactores del Estatuto hayan llegado ya a esa terrible fase de las ideologías en la que las propias creencias se confunden con los derechos humanos.
Que la cultura progre está empezando a alcanzar en Cataluña sus últimos objetivos no lo revela únicamente el contenido de este proyecto de ley orgánica, lo revela también su estilo. Todos los movimientos gregarios, de izquierdas y de derechas, se han dotado siempre de un lenguaje específico. Lo vemos en el nazismo, un caso ejemplarmente estudiado por Victor Klemperer, en el comunismo, en el nacionalismo, y hasta en formas más benignas de cohesión grupal como la que practican ciertos gremios profesionales, las llamadas tribus urbanas o los afectos a cualquiera de los múltiples pretextos con los que el ser humano sublima su deseo personal de reconocimiento. Durante años, la progresía de este país ha ido construyendo laboriosamente su propio lenguaje. Para hacerlo, se ha nutrido de raíces autóctonas que han dado frutos tan secos como "posicionamiento", "problemática" o, recientemente, "sostenibilidad", y en el caso concreto del catalán de estereotipos lingüísticos cargados de ideología nacionalista y reiterados ad nauseam en las escuelas y los medios de comunicación. Pero lo que ha dado un impulso definitivo a la construcción de este lenguaje mesiánico es su solemne adscripción a la corriente internacional conocida como corrección política, de la que hablaba el otro día Empar Moliner en uno de sus oportunos artículos.
La corrección política no es un asunto menor, a pesar de lo que creen los que toman por frívolos o banales a quienes de vez en cuando se ocupan del tema. Representa un intento, cada vez más logrado, de someter al ciudadano en algo tan inherente a su libertad individual como es la elección de la forma en que se expresa. La Administración catalana se ha propuesto últimamente liderar este intento. Dio un paso importante con la publicación en Internet de un documento de 93 páginas elaborado conjuntamente por la Secretaría de Política Lingüística y el Instituto Catalán de la Mujer que se titula Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua y que pretende dictar la manera de hablar y escribir de los ciudadanos. Ahora, con la redacción de este proyecto de Estatuto, se propone dar el paso definitivo.
Por lo demás, a fuerza de exhibir las posibilidades del idioma progre, el texto que ahora deberán discutir las Cortes resulta completamente ilegible en muchos pasajes. Considere el lector, por ejemplo, una frase como la siguiente: "Los poderes públicos deben garantizar la transversalidad en la incorporación de la perspectiva de género (...)". Yo no soy de los que piensan que esa propuesta de proposición (es así como se llama) no debe discutirse en el Parlamento español; al contrario, creo que debe debatirse artículo por artículo. El problema es que los diputados logren entender lo que discuten.