La autonomía del tercer sector

El tercer sector social ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años: ha dado respuesta a las nuevas emergencias sociales, ha incrementado su base social, se ha convertido en un referente en las políticas sociales y ha sido escuchado por los políticos, ha tenido mayor presencia en los medios... En ocasiones el crecimiento implica condicionamientos o peajes que podrían ser preocupantes. Me refiero a los concursos públicos en los que participan las entidades sociales y a las exigencias de presentar ofertas a bajo precio que pueden llegar a poner en peligro la calidad de los servicios o las condiciones de trabajo, oponiéndose al código de buenas prácticas que con esfuerzo hemos construido.

Me refiero también a la fuerte competencia entre entidades, que puede hacer olvidar los principios de colaboración, equidad y compañerismo entre organizaciones; o cuando para conseguir una sostenibilidad institucional más consolidada se anteponen intereses que se encuentran lejos de la defensa de los más débiles, de su dignidad y de sus derechos.

En aras de potenciar la cohesión y la fortaleza del sector se generan alianzas entre los más fuertes frente a las entidades pequeñas, que van quedando cada vez más excluidas de los grandes convenios. Estamos viviendo una etapa positiva que viene definida por un sector que hace unos años era inexistente y que hoy es potente, gestiona y es un buen prestador de servicios, con capacidad de aglutinar diferentes entidades y hacer proyectos de gran envergadura. Esto es una buena noticia, siempre que se vele por la mejora global del sector y para difundir nuestro modelo de actuación.

Generalmente toda evolución significa cambios y, en este sentido, las plataformas que aglutinamos entidades -que nos piden que las representemos, defendamos y seamos útiles- debemos velar para mantener nuestra propia identidad. Diría que esta se fundamenta en la búsqueda del bien común, siendo críticos y promoviendo la mejora de la sociedad. Me pregunto si hemos llegado a ser suficientemente determinantes en la resolución de los problemas actuales, si hemos sido bastante críticos con las políticas restrictivas que se han aplicado, si hemos hecho las propuestas que hacían falta, si hemos exigido las medidas que creíamos que eran irrenunciables y si hemos salido a la calle para defender nuestro modelo de sociedad.

No tengo claro si nuestra evolución como sector ha sido y es la óptima, si lo que estamos consiguiendo es lo más adecuado para la mejora de las condiciones de vida de todos, si los éxitos que tenemos son los que queríamos, si los retos alcanzados son nuestros, si estamos avanzando hacia una sociedad más justa y equitativa. Tengo vivencias que nos dicen lo contrario y me parece que no somos tan autónomos y coherentes como habíamos pensado que éramos, sino que estamos condicionados por los poderes políticos de turno, por intereses particulares, por el deseo de mantenernos en primera línea y ser protagonistas de todo -sin respetar el conocimiento o experiencia del otro-, para demostrar que tenemos un poder que no siempre hemos logrado, para escuchar a amigos que hoy tienen poder.

Con cierta ligereza se producen cambios de objetivos y de principios, a veces inconfesables o inconscientes, que nos hacen perder la verdadera capacidad de decidir por nosotros mismos, de fijar estrategias y programar nuestras actuaciones, de definir nuestros intereses y, en definitiva , de mantener la autonomía y libertad.

Si en otras ocasiones habíamos alertado de la excesiva dependencia de las administraciones debido a las subvenciones que recibíamos -y que condicionaba nuestra actitud y discurso más o menos discordante con las políticas sociales que se practicaban-, hoy creo que hemos pasado a otro grado de relaciones. Estas nos condicionan de otro modo y vienen definidas por aspectos más políticos y partidistas.

Peligra la verdadera independencia del sector, que no debería tener color político ni admitir otra cosa que un claro posicionamiento abierto a todas opciones políticas, ideológicas, culturales y sociales que defiendan un modelo social más justo, más equitativo, redistributivo y diverso, donde todos puedan crecer como un ciudadano de pleno derecho (activo, responsable, libre y autónomo).

Los que representamos a entidades del tercer sector debemos ser muy cuidadosos a la hora de fijar relaciones que puedan enturbiar la transparencia de los acuerdos entre la clase política y las organizaciones. Las ventajas logradas no pueden estar justificadas más que por la experiencia, la capacidad de respuesta, la autonomía y la representatividad de cada miembro del tercer sector social.

Teresa Crespo, presidenta de Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS).

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