La decisión del gobierno del Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu de demoler la casa de la familia de Abdelrahman al-Shaludi, un palestino que embistió con su coche a un grupo de personas, matando a dos (entre ellas un bebé de tres meses), fue cruel y al mismo tiempo contraproducente. Al castigar a gente cuyo único delito era ser familiares de un criminal, sin quererlo Israel hizo que las miradas pasaran de centrarse en un ataque cuyo perpetrador fue eliminado de inmediato a la aparente adopción de una política de castigo colectivo.
Si la preocupación principal de Israel es impedir que se produzcan ataques terroristas, tendría que estar haciendo todo lo posible por asegurarse de que todo el mundo los condene y que sus perpetradores, así como quienes les ayudan e inducen, sean castigados por la vía legal.
Castigar a las familias y los vecinos de los terroristas, o a quienes tienen en común con ellos una identidad étnica o religiosa, trae consigo el efecto opuesto: intensifica la hostilidad hacia Israel y disipa la indignación moral que tendría que movilizarse contra quienes realmente cometen actos terroristas. A medida que los observadores equiparan cada vez más a ambas partes, viéndolas al mismo tiempo como víctimas y victimarios, se va desgastando su apoyo y simpatía hacia Israel.
No es la primera vez que se acusa a Israel de aplicar castigos colectivos: por años su gobierno había destruido de manera regular las casas de las familias de supuestos terroristas antes de reconocer que una política así resultaba dañina para su imagen y no impedía los ataques terroristas. Esta última demolición parece confirmar que, una década después, los está reanudando.
¿Por qué lo ha hecho? La explicación más probable es que Netanyahu desee reafirmar a los israelíes que no se tolerará ningún acto de terrorismo, incluso si eso significa responder de manera cruel y vengativa. De hecho, este tipo de cálculos políticos internos probablemente también sea uno de los principales motivos de la matanza y destrucción en Gaza el pasado verano.
Por supuesto, Israel tiene derecho a defenderse del lanzamiento indiscriminado de cohetes desde Gaza a su territorio y castigar a quienes sean legalmente responsables. Pero hizo más que defenderse: respondió de un modo demostrablemente desproporcionado, matando a un gran número de civiles y destruyendo miles de casas y comercios. Si bien puede haber apaciguado la ira de los israelíes por los cohetes, dañó de manera importante su reputación en muchos otros países.
Lo más problemático es que las acciones de Israel en Gaza probablemente hayan aumentado su vulnerabilidad a los ataques terroristas, no sólo al generar más animosidad en su contra, sino al sugerir que es muy plausible que el gobierno de Netanyahu se desacredite con su respuesta. Esa tendencia a actuar en contra de sus propios intereses para contentar a un público airado y emocional se ha visto recalcada por la reciente destrucción de la casa familiar de al-Shaludi.
Sin duda, Israel no es el único país en responder de manera irracional a las provocaciones terroristas. Algunos aspectos de la reacción de Estados Unidos a los ataques del 11 de septiembre de 2001 reflejan la misma tendencia pero en una escala mucho mayor y con consecuencias de muchísimo más alcance. Si bien los ataques tuvieron un coste inmenso en términos de vidas y daños materiales, la subsiguiente guerra a Irak encabezada por EE.UU. fue muy desproporcionada y verdaderamente devastadora. Seguimos padeciendo sus consecuencias, como por ejemplo las brutales acciones del Estado Islámico.
Es hora de que los gobiernos de Israel, Estados Unidos y el resto del mundo reconozcan que si dejan que la ira de sus ciudadanos marque el paso de sus respuestas a estos ataques, se estarán ofreciendo a sí mismos como la mejor arma de los terroristas. El único camino para concitar el apoyo contra sus enemigos y reducir la vulnerabilidad de sus ciudadanos es adoptar un enfoque legal y pragmático. Ese debería ser su objetivo principal, más que saciar la sed de venganza del público.
Aryeh Neier, President Emeritus of the Open Society Foundations and a founder of Human Rights Watch, is the author of The International Human Rights Movement: A History. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.