Esta semana se celebra el juicio por la muerte de Samba Martine, una mujer congoleña que agonizó en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, sin recibir la asistencia que requería. En los 38 días que estuvo encerrada acudió al servicio médico al menos en 11 ocasiones, sin que se le realizaran pruebas diagnósticas para averiguar la razón de su mal estado. Solo cuando su gravedad era extrema fue derivada a un hospital, donde murió a las pocas horas, el 19 de diciembre de 2011, por una infección que la había ido invadiendo poco a poco y a la que facilitó el camino la inmunodeficiencia por VIH que padecía.
Constituye doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, en consonancia con lo declarado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, cuando hay sospecha de lesiones de la integridad física o moral de personas privadas de libertad bajo la custodia del Estado, existe un especial deber de diligencia en la investigación y persecución de los hechos, que comprende la obligación de iniciar una investigación al mínimo indicio y de agotar todas las posibilidades de indagación. Lamentablemente en el caso de Samba este especial deber no se ha cumplido y la instrucción, que ha durado más de siete años, ha concluido sin que el ministerio fiscal solicitara diligencia alguna para averiguar las circunstancias que rodearon su muerte, mostrándose desde un principio favorable al sobreseimiento.
La necesidad de una investigación diligente trae causa en las dificultades para esclarecer las lesiones de derechos en contextos de privación de libertad, siendo los CIE especialmente opacos e inaccesibles. Están dirigidos por la policía, lo que implica que en su gestión primen cuestiones de seguridad sobre cualquier otra consideración a las necesidades de las personas migrantes que son encerradas a la espera de su expulsión. Su funcionamiento y estructura son carcelarios, a pesar de que la ley establece que los CIE no tendrán un carácter penitenciario. Al estar sometidas a la custodia policial, muchas víctimas no denuncian por miedo y los testigos son rápidamente expulsados, perdiéndoseles la pista.
Justo la semana pasada se ha conocido un auto del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. La magistrada, tras visionar las grabaciones, dedujo testimonio por posible delito de torturas hacia los internos por parte de los agentes, quienes “lejos de respetar su honor y dignidad han podido incurrir en un delito de tortura al extralimitarse en sus funciones, sometiendo a los internos del CIE a condiciones y procedimientos que por las circunstancias que concurren atentan contra su integridad moral”. Según el auto, “no se alcanza a comprender cómo se decide hacer un cacheo en el patio un día lluvioso con bajas temperaturas”, donde los internos habrían sido obligados a permanecer más de media hora, apreciándose “un número elevado de efectivos policiales uniformados, con cascos, y defensas, generando un evidente clima intimidatorio, sin que se haya apreciado causa para justificar dicha medida”.
El ministro del Interior debería cesar con urgencia al director del CIE de Madrid, siendo numerosas las quejas por rigor innecesario y excesivo. El Juzgado de Instrucción número 6 le apercibió de un posible delito de desobediencia, por su resistencia a tramitar las solicitudes de asilo (auto de 4 de enero de 2018), dejando constancia en otras resoluciones de sus múltiples incumplimientos, por ejemplo, al tolerar que los agentes de policía no llevaran la placa de identificación (auto de 8 de enero de 2018). También el Defensor del Pueblo detectó graves irregularidades en su visita realizada el 5 de noviembre de ese año. Sobran, pues, las razones para destituir al director, quien, por cierto, era el jefe de seguridad al tiempo de la muerte de Samba Martine.
Samba agonizó en el suelo del CIE, tapada con mantas y quejándose del humo que no la dejaba respirar, sin que ni la enfermera ni los policías de servicio llamaran a un médico. Solo sus compañeras reaccionaron y pidieron papel y lápiz para denunciar ante el juez que Samba llevaba enferma desde hacía tiempo y no la llevaban al hospital. Recomiendo la lectura del informe enviado por Cruz Roja al Ministerio del Interior, del que dio cuenta este periódico y que narra las últimas 48 horas de Samba Martine. El informe muestra entre líneas la indiferencia por el sufrimiento ajeno, la banalización del mal, que diría Hannah Arendt. Una banalización a la que contribuye no solo el discurso del odio, ahora focalizado en la persona extranjera y migrante, sino también su criminalización a través de normas restrictivas de sus derechos que, como acentúa Ferrajoli, “producen deseducación, al generar la imagen del otro como naturalmente inferior por ser inferior jurídicamente”. La deshumanización del otro, en definitiva, prepara el terreno para la barbarie. Los CIE son una pieza destacada de este macabro engranaje.
Margarita Martínez Escamilla es catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense e investigadora principal del Proyecto Iusmigrante.