La banca como ‘enemiga’

Basta con leer la Tribuna aquí del pasado 23 de octubre de Rosa Díez para darse cuenta del momento nacional bien grave que atravesamos. Y que es uno de esos que supone en la historia de un país una encrucijada que decide su destino -o su desaparición- por muchos años. En este contexto de estado de alerta, la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre quién es sujeto pasivo del impuesto de AJD en las hipotecas, añade mayor zozobra poniendo en cuestión la cualificación misma de parte de nuestro tribunal superior. Justo en un momento en que su competencia, prudencia y objetividad van a ponerse a prueba con ocasión del putsch catalán, cuya vista oral no por casualidad se abre ahora.

Justo, también, cuando Rodrigo Rato ocupa los telediarios con su entrada en prisión para que la puesta en escena sea la más adecuada. E introduciendo de consuno una montaña rusa jurídica con efectos muy nocivos en nuestra vida financiera, la dirección, planificación y gestión misma de las corporaciones (no sólo bancarias), la atracción de inversores siempre tan sensibles a la inseguridad jurídica y, no menos importante, en nuestra reputación exterior. Que no nos olvidemos descansa en gran parte sobre el grado de confianza legítima de los operadores económicos en la estabilidad y previsibilidad del ordenamiento español.

Junto a ello, si se confirmara en la decisión del Supremo del próximo 5 de noviembre este cambio de criterio que modifica jurisprudencia reiterada, no se descarta una retroactividad que alteraría relaciones anteriores determinadas por un reglamento vigente durante 23 años. Y no está de más recordar, como ya se ha hecho, que frente a una posible retroactividad el valor de la seguridad jurídica está recogido expresamente en el artículo 9.3 de nuestra Constitución, puesta en evidencia en nuestros días tampoco por casualidad.

Mientras se espera a la resolución del 5 de noviembre, los estragos de la sentencia de la Sala Tercera no se han hecho esperar. Las mermas en el valor bursátil de las ocho entidades financieras repartido entre un millón y medio de accionistas ascienden a más de 9.000 millones hasta el viernes. Lo que supone 1.295 millones cada día o 53,9 millones por hora como anunciaba este periódico en portada, sin olvidar que nuestros dos grandes bancos representan ellos solos el 35% de acciones del Ibex.

En el caso de que el día 5 de noviembre las entidades hayan de asumir el impuesto con algún tipo de retroactividad, la horquilla de impacto que se baraja hoy oscila entre 700 millones-1.700 millones anuales. Impacto que afectará a su solvencia en un momento en el que los bancos europeos deben incrementar su capital para cumplir con las exigencias de las directivas de la UE.

Pero más allá de los datos, cabe plantearse cuál ha sido la condición de posibilidad que explica esta sentencia en la que no es verdad que fueran los bancos y sí un Reglamento los que obligaran a los clientes a pagar un gravamen, que por cierto han cobrado las haciendas de las Comunidades Autónomas. Y para entenderlo, tenemos que acudir al pensador político y jurista alemán prescriptor del nazismo Carl Schmitt, cuya idea central del binomio «amigo/enemigo» se ha instalado de forma perturbadora en la vida pública, social -y me temo que judicial y también económica- española de un tiempo a esta parte.

Para Schmitt, la política es ante todo expresión de conflicto social. Por lo que la naturaleza de las relaciones políticas (esto es, sociales) es precisamente la capacidad de lucha contra mi antagonista. El cual no es visto ya como mero adversario digno de respeto, derechos y seguridades jurídicas, sino como enemigo. Ni siquiera se precisa que éste sea especialmente mezquino, sino simplemente ser «otro que está en contra de mi posición». Por eso, y esta interpretación me parece capital, para Schmitt el hecho de ser enemigo se convierte en ser «enemigo público». Y la acción pública en cualquiera de sus foros, en el escenario de combate con ese enemigo de tanta relevancia. Que al ser enemigo público se convierte siempre en extranjero, extraño a mi unidad, al que corresponde un cordón sanitario. Y no es para nada casualidad que el líder de Podemos utilice tanto esta aportación de nuestro politólogo. Como lo hacen tantos otros, también según parece en la esfera judicial.

Así las cosas, cabe deducir que desde la crisis, la banca ha sido declarada para muchos agentes de nuestra vida pública como enemigo público ya perpetuo en el sentido schmittiano. Haya o no razones para ello cada vez. Y lo que está pasando en este momento tan crucial coincide creo que no por casualidad con aquel otro corolario del pensador alemán: «Los puntos críticos -como el de ahora- de la gran política son al mismo tiempo los momentos en los que el enemigo es contemplado como tal en la mayor y más completa claridad». Tal que hoy sucede con el sector financiero.

Y llevados de esta dialéctica amigo/enemigo se entiende bien por qué nadie en la esfera pública se atreve a cuestionar si es justo o no que haya un gravamen de tal calibre como el de la AJD del préstamo hipotecario contraído por necesidad básica de comprar una primera vivienda. Como ese impuesto pertenece a mi amigo -en este caso el Estado-, ello no se pone en cuestión y ya que se debe pagar, que no sea el prestatario (también mi amigo) sino el banco convertido ya en público enemigo y extranjerizado. La comunidad de los amigos tiene así prevalencia ante el buen derecho del situado fuera de tal hermandad.

Pero todos sabemos – y Carl Schmitt perfectamente- cómo acabaron los declarados enemigos públicos en Alemania a partir de 1933. Según la lógica mencionada, tal era el fin coherente de un enemigo elevado a público pues el fin de la acción política recordemos que es aniquilar al antagonista. Por eso mismo no importa -más bien lo contrario- que nuestras entidades financieras se desplomen en su capitalización bursátil, se damnifique al accionista o se hayan de encarecer las hipotecas futuras. O se arroje una sombra de duda muy grave sobre la seguridad jurídica española. Me temo más bien que se está buscando eso. Y no solo en las entidades financieras

Hobbes, tan querido por Schmitt, escribió un aforismo que parece cobrar cada día más adeptos: «Autorictas non veritas facit legem«; es la autoridad (o el amigo) y no la verdad quien hace las leyes. Me parece que eso también se dilucida en el Alto Tribunal en estos días. Sin olvidar que, ya puestos, Carl Schmitt fue también firme partidario de aplicar retroactividades a los designados enemigos públicos. Que, no lo olvidemos, con el tiempo podemos serlo todos.

Ignacio García de Leániz Caprile es profesor de Recursos Humanos de Universidad de Alcalá de Henares.

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