Los partidarios de la ruptura se han tomado en serio lo que se ventilaba en cada momento en los medios de comunicación internacionales y han dedicado tiempo y dinero a explicar sus planes y sentimientos. Se han dedicado a divulgar “el anhelo de un poble” y las iniquidades del adversario. Y han cosechado un éxito notable, al haber sabido construir una narrativa eficaz, para lo que han contado con la inacción y hasta la munificencia gubernativa.
Y así nos va: los editoriales de la prensa de calidad sobre el conflicto, New York Times (NYT), Guardian, Times, Washington Post, Le Monde, Der Spiegel, apenas advierten la desobediencia dolosa, la insurrección activa y los delitos pendientes de juicio, gravísimos en cualquiera de los países miembros de la Unión Europea.
De profundizar en el conocimiento de los hechos, tras una investigación minuciosa, descubrirían trazas de indudable gravedad. Su rationale, en cambio, se puede resumir así: “el Estado español trata la independencia como un asunto penal” (NYT); “el jefe del Gobierno encarcela a los secesionistas” (The Times); o “la justicia está politizada” (Der Spiegel).
Los españoles leales a la Constitución y contrarios, por tanto, a la secesión de Cataluña, perdieron hace tiempo la batalla del lenguaje. Esa fue la primera y gran derrota en este largo conflicto. Los secesionistas se hicieron dueños de las palabras e impusieron las suyas, torticeras, para contar un relato ficticio, imaginado a la medida de objetivos separatistas precocinados, que resulte verosímil para quienes no quieren o no pueden contrastarlo con otras fuentes más fiables.
Además de haberse apoderado del lenguaje, los nacionalistas han venido ganando la partida de la comunicación, ante la inacción de los gobiernos españoles que, por un puñado de votos, hicieron la vista gorda a las afrentas supremacistas y al miedo que éstas generaban entre los no nacionalistas.
La primera causa de esta derrota es la incomparecencia, al dejar sin respuesta las mentiras, las acusaciones y el abuso del lenguaje. Produce rabia la inacción e ineptitud de quienes nunca se explicaron a tiempo, jamás se adelantaron a las falsedades encubiertas en el lenguaje emocional, escurridizo y cambiante, de los nuevos teólogos, y, en cualquier caso, no les hicieron frente con eficacia. Y siguen sin hacerlo, mientras la prensa extranjera bebe en abrevaderos secesionistas proclives, en algunos casos, a la afinidad incondicional.
Y así, algunos medios, al tiempo que cuestionan la democracia española, formulan una crítica desabrida hacia quienes no comparten la secesión. Y sus reflexiones sobre la ruptura dividen, en primer término, a los propios catalanes, la mitad de los cuales siguen sin vela en este entierro ¿Acaso se ha preguntado a catalanes no secesionistas, a españoles no catalanes, a juristas, intelectuales y editorialistas? Me temo que no.
La época dorada de los corresponsales extranjeros (con sueldo fijo, oficina, ayudantes locales y capacidad para investigar) terminó con la explosión de internet y la crisis económica de los diarios impresos de pago. En la nueva prensa, los grandes medios se nutren de noticias de agencias y de colaboradores (stringer) que cobran a tanto la pieza. Ha sido un cambio fundamental. Está claro que el stringer quiere ver su nombre en primera página (y cobrar por ello) y se ve obligado a escribir crónicas llamativas, estirando los hechos para que cuelen bien en el foreign desk. No disponen de mucho tiempo para la investigación, ni para contrastar las fuentes, por su escasa rentabilidad y falta de medios. La falta de filtros profesionales eficaces es un drama para la prensa de hoy.
Entonces ¿que ha pasado? Unos han hecho los deberes y otros no.
Un Libro Blanco sobre la cuestión catalana habría resultado útil para deshacer tópicos. No se hizo. Como tampoco está movilizado el fastuoso servicio exterior ni se facilita opinión desde el voluminoso aparato de comunicación del Estado. En definitiva, no se han contrarrestado los excesos que han ido jalonando el proceso. Y sin relato ni empatía para explicar la versión propia, sin tomar la iniciativa, yendo siempre a remolque del antagonista, sin convicción ni voluntad de persuasión, se pierde indefectiblemente la batalla. Y así ha sido.
Otra posible explicación a tanto despropósito puede ser que la actitud de comprensión y complacencia de los medios internacionales con respecto al secesionismo catalán, se apoya en el trasnochado imaginario histórico transmitido por historiadores y periodistas, sobre todo anglosajones. Sobre los rancios cimientos de la “leyenda negra”, se han difundido en la prensa, después de la Guerra Civil y hasta ahora, nuevas opiniones, sólo plausibles para quien no haya vivido en España en los últimos treinta años: la dictadura y la represión persisten; la Transición fue una reforma imperfecta, para aparentar un cambio, pero siguiendo todo igual; el tema de las nacionalidades quedó sin resolver, es decir, pendiente y exigible; los actuales gobernantes son los herederos del franquismo...
Y por ahí, todo seguido, hasta confundir nuestros fundamentos democráticos con los errores de una gestión ineficaz, acunada por la inercia en detrimento de la anticipación.
Qué higiénico habría sido que el Estado hubiera arrumbado esa fábula trapacera y mendaz. Pero no se podía perder el tiempo haciendo cosas triviales. Y esto quizás tenga que ver con que el Gobierno se ha quedado sin iniciativa ni proyecto, apagado, con un derrotismo casi hemipléjico y, según los tanteos, perdiendo votos, aunque hay quien piensa que puede recuperarlos por la acción de los tribunales.
Quienes defienden la Constitución tienen un montón de argumentos valiosos, que a duras penas exponen individualmente en las redes sociales, donde las noticias falsas reinan. Solo el tardío discurso del Rey y los ingeniosos inventores de Tabarnia han proporcionado algún aire fresco en esta hegemonía de la falsedad.
No sé si aún se está a tiempo de corregir los errores cometidos. El primero de ellos, el de la inexistente comunicación interior y exterior del argumentarlo en favor de la democracia española. Todos los gobiernos de la Unión Europea apoyan al gobierno español, pues ninguna Constitución europea permite la secesión de una parte de su territorio. Pero no ocurre lo mismo con los respectivos medios de comunicación de sus países. En otra ocasión habrá que desmenuzar las controversias judiciales.
Los secesionistas catalanes hablan sin cesar de las consultas de Escocia y Quebec y las comparan con su presunto “derecho a decidir”, ejercido, según dicen, en la farsa ilegal del 1 de octubre, cuyas imágenes mostrencas (gasolina para sus argumentos) han dado la vuelta al mundo.
¿Quién y cuándo desde el gobierno español ha contrarrestado las campañas internacionales pro referéndum catalán? Los diarios y emisoras extranjeros no publican la versión de los no secesionistas porque, sencillamente, no les llega. Los ciudadanos no nacionalistas apenas hablan. Con razón, pues tienen miedo a ser señalados y marcados. Cuando los periodistas extranjeros preguntan, los secesionistas responden. No ocurre lo mismo con el Ejecutivo español, que parece haber olvidado que no basta con esperar a que los corresponsales foráneos llamen. El Gobierno está obligado a salir al paso de las mentiras. Adelantarse a ellas. Y ni lo ha hecho ni lo hace.
No hay que echar toda la culpa a una renovada “leyenda negra”. El entorno internacional de nacionalismos y populismos emergentes tampoco ayuda a la democracia española, pues se han agrupado en un frente común, en el mundo occidental, como reacción a la globalización.
¿Por qué se ponen en la misma balanza aciertos y errores, verdades y mentiras, justicia y sedición? El regocijo y desconocimiento con que se está enjuiciando a la Justicia española, “subordinada al poder político, con jueces y fiscales que actúan a las órdenes del gobierno” se alimenta cuando el propio Gobierno confirma “llamadas y contactos” con miembros del Tribunal Constitucional en ocasiones recientes.
Y por si esto resultara insuficiente, las “nuevas partidas de la porra”, con métodos y actuaciones no exentas de violencia, se permiten amenazar a los jueces y a sus familias. ¿Se imagina la prensa de calidad qué pasaría si los magistrados de sus países conociesen semejante infortunio?
Están reunidos los ingredientes para una larga guerra de desgaste y conviene dejar claro que, con la historia y la ley en la mano, no es lo mismo plantear la ruptura que defender la unidad; delinquir que respetar la ley; mentir que repetir, una y otra vez, la verdad; progresar en concordia y convivencia que asaltar los cielos. No es lo mismo.
Luis Sánchez-Merlo es abogado y economista, y fue secretario general de Moncloa durante el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo.