La batalla por el Poder Judicial

Cuenta Ezra Klein en su libro Por qué estamos polarizados un reciente episodio de la política norteamericana que recuerda a algunas cosas que están sucediendo en nuestro país. En 2016, murió Antonin Scalia, uno de los jueces más conservadores que ha pasado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Lo nombró Ronald Reagan en 1986, y su repentino fallecimiento coincidió con la presidencia demócrata de Barack Obama. Era una ocasión propicia para establecer una mayoría progresista en uno de los órganos con más poder en el sistema político estadounidense. Aunque los jueces del Supremo son nombrados de por vida a propuesta del presidente, es necesario el asesoramiento y el consentimiento del Senado. En aquellos años, la mayoría del Senado era conservadora, y los republicanos se negaron a cualquier iniciativa que permitiera el nombramiento de un nuevo juez del Supremo. Obama llegó a proponer a un candidato moderado que años antes había gozado de la simpatía de senadores republicanos. Pero ni aun así el líder de los conservadores en el Senado, Mitch McConnell, permitió a Obama nombrar al nuevo miembro. Los republicanos se escudaron en que, al ser año electoral, era mejor dejar el nombramiento para el sucesor de Obama. “Era una cuestión de democracia”.

Como recuerda Klein, nunca en los 103 casos anteriores de nominaciones de un juez para el Supremo había pasado algo así. Incluso en los ocho casos que coincidieron en año electoral, el Senado había permitido el nombramiento de un nuevo miembro del alto tribunal. El bloqueo conservador dio sus resultados. Ese año, ganó las elecciones Donald Trump, quien no tuvo ningún impedimento para mantener la mayoría conservadora en el Supremo. Años más tarde, en un acto público, se le preguntó a Mitch McConnell qué pasaría si en 2020, también año electoral y bajo la presidencia de Trump, se volviera a producir una situación similar: una vacante en el Supremo por cubrir. Lanzando una sonora sonrisa, respondió: “Oh, lo ocuparíamos”. Así, los republicanos incumplieron la Constitución y utilizaron todo tipo de argucias para seguir controlando el Tribunal Supremo.

En España estamos sufriendo una situación similar y prolongada en el tiempo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La derecha política justifica este bloqueo en la preservación de la independencia del poder judicial. Pero cuando uno mira a su alrededor, empieza a observar que este argumento no deja de ser una coartada para seguir manteniendo una mayoría conservadora.

Debemos partir de la base de que la supuesta división de poderes es mucho más compleja de lo que a veces se cuenta. En las democracias actuales, los sistemas políticos están más próximos a una estructura de pesos y contrapesos que a la estanca división de poderes. Un recorrido por los sistemas políticos comparados nos mostrará cómo un poder se entromete en el otro, tanto en algunas de sus funciones como en los nombramientos. Y es que ningún poder se fía del otro.

Pero cuando la derecha habla de independencia, en realidad se refiere a los sesgos ideológicos. Tanto los miembros del Tribunal Constitucional como los del Consejo General del Poder Judicial son siempre independientes. Tienen plena libertad para tomar sus decisiones. Una cuestión distinta es si son neutrales. De hecho, no somos un país tan distinto a los demás. Hace unos años, los académicos Lee Epstein y Eric A. Posner publicaron en The New York Times un análisis de la politización del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Algunas de sus conclusiones son relevantes para el caso español. Por un lado, desde los años noventa se viene observando una creciente polarización en las votaciones del alto tribunal norteamericano, donde los sesgos ideológicos son cada vez más diferenciados. Por otro, en los últimos 10 años, “los jueces casi nunca han votado en contra de la ideología del presidente que los nombró”. Y continúan: “Por primera vez en la historia, el tribunal será visto por el público como una institución dominada por un partido, cuyos votos sobre temas controvertidos están determinados esencialmente por la afiliación partidista de los presidentes recientes”.

La principal consecuencia de este escenario de polarización en órganos constitucionales tan relevantes como el Tribunal Supremo en EE UU o el CGPJ en España es el creciente deterioro institucional. Así, es cierto que la batalla por el poder judicial no es nueva ni nos diferencia del resto de sistemas políticos. Pero en este escenario de polarización y crispación, sería deseable que la derecha cumpliera con el mandato constitucional de renovar a los miembros del CGPJ. Continuar con esta estrategia de erosión y bloqueo, dañará profundamente el sistema político que nace de la Constitución de 1978. Es el momento de que la derecha abandone la política tacticista, de bajo vuelo y profundamente partidista, y tenga altura de miras. Cuando se cuestiona desde múltiples espacios la credibilidad de la democracia que nació del pacto de la Transición, el Partido Popular no puede seguir deteriorando con su bloqueo un poder tan importante como es el judicial. Con este comportamiento, lo que realmente está hiriendo es la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones.

Ignacio Urquizu es profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (en excedencia) y diputado socialista de las Cortes de Aragón.

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