La bomba de Bogotá quiebra los diálogos de paz con la última de las guerrillas en Colombia

A sign that reads "United against terrorism" is seen in front of the scene where a car bomb exploded, in Bogota, Colombia January 18, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez
A sign that reads «United against terrorism» is seen in front of the scene where a car bomb exploded, in Bogota, Colombia January 18, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez

¿Qué sucedió?

El 17 de enero, un vehículo entró a la Academia de Policía General Santander en Bogotá y explotó, matando a 21 oficiales de policía e hiriendo a 68 más. Aunque el autor también murió, el gobierno aún no considera el ataque como un atentado suicida – algo nunca antes visto en Colombia – sino que la muerte del conductor se considera producto del pánico que sintió al verse casi descubierto.  La explosión es el ataque más letal en Bogotá desde 2003, y el tercero más letal en la historia de una ciudad que en el pasado ha vivido situaciones de violencia considerables.

El Ejército de Liberación Nacional o ELN por su sigla en español,  se atribuyó la responsabilidad del ataque el 21 de enero. Para entonces, las autoridades colombianas ya habían inculpado al grupo; el presidente Iván Duque, un día después del atentado, dió por terminados los diálogos de paz con el ELN, los cuales ya estaban suspendidos, y demandó el arresto del equipo negociador de la guerrilla en Cuba.

¿Quién es el ELN?

El ELN es el último grupo guerrillero que queda en Colombia luego del acuerdo de paz en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC. Este cuenta con cerca de 2 000 combatientes a tiempo completo, pero ostenta una estructura militar mayor: combatientes que son miembros del ELN, pero que viven como civiles en sus comunidades, llevando a cabo labores de inteligencia y ataques a pequeña escala, así como coaccionando (y coordinando) con ciertos movimientos sociales locales.  El grupo, que adhiere a una ideología socialista, busca resistir militar y políticamente al estado y a las compañías multinacionales presentes en su territorio – un proyecto que llama “resistencia armada” – en vez de buscar derrocar al gobierno. La guerrilla también aboga por la creación de un frente internacional “anti-imperialista” y soporta su apoyo al régimen de Maduro en Venezuela bajo esos términos.

Recientemente, el ELN se ha venido involucrando en actividades económicas ilegales, en especial el tráfico de drogas. A pesar de su manifiesta oposición al narcotráfico, el grupo participa directamente en esta actividad en varias zonas del país. Extorsiona a mineros de oro legales e ilegales, compañías petroleras internacionales y cualquier otro actor económico en las zonas bajo su control.  El grupo es aún más descentralizado de lo que eran las FARC, brindando a sus unidades regionales una autonomía significativa para actuar de acuerdo a los lineamentos generales establecidos por el comando a nivel nacional.

El conductor del carro bomba, José Aldemar Rojas Rodríguez, era miembro veterano del ELN, de acuerdo a las autoridades colombianas, quienes aseguran que era un experto en explosivos y un miembro operativo comprometido conocido como Mocho o el Mocho Kiko, debido a que había perdido su mano por un manejo inadecuado de explosivos (mocho es sinónimo de manco en español colombiano), y miembro del Frente de Guerra Oriental.

¿Por qué atacaría el ELN?

Varios factores pueden explicar por qué el ELN, que ha mostrado un enfoque poco entusiasta en  las conversaciones de paz con el gobierno colombiano desde su inicio en febrero de 2017, atentaría contra la academia de policía. La guerrilla está dividida sobre las negociaciones de paz que fueron suspendidas por el Presidente Duque en el pasado mes de septiembre. Algunos favorecen los diálogos, mientras que otros se oponen a ellos, porque desean  mantener y expandir sus actividades ilícitas y/o porque menosprecian a las elites gobernantes colombianas. Hay incluso otros que están a favor de un acuerdo negociado, aunque afirman que no es el momento indicado ya que dichas elites aún no están listas para comprometerse.

El ELN tiene una historia de divisiones internas violentas y destructivas, por lo que la unidad dentro del grupo tiene para ellos una importancia mayor que alcanzar la paz con el gobierno colombiano. Para mantener su cohesión, su órgano de liderazgo colectivo, el Comando Central (COCE), tiende tanto a iniciar gestos pacíficos como a permitir que unidades más radicales lleven a cabo actividades militares sostenidas, evitando así una crisis tanto con las facciones pro- como anti- diálogos de paz. Por ejemplo, entre Navidad y Año Nuevo, la guerrilla en su conjunto declaró y efectivamente llevó a cabo una tregua unilateral de 10 días; desde entonces, las facciones que se oponen a los diálogos, han intensificado sus actividades militares. El conductor del vehículo era parte del Frente de Guerra Oriental, una unidad guerrillera notoria por su rechazo a los diálogos.

En su comunicado aceptando la responsabilidad por el ataque del 17 de enero, el órgano de liderazgo más amplio del ELN, la Dirección Nacional, lo describió como un acto de “legítima defensa” en respuesta a los ataques militares contra el grupo que ocurrieron durante el cese al fuego unilateral de 10 días en Navidad. También sostuvo que debido a que los diálogos de paz se estaban desarrollando sin un cese al fuego bilateral, el ataque no debería afectar las negociaciones.

De manera general, el ELN ha afirmado constantemente que el gobierno está realizando un “genocidio” en contra de activistas comunitarios, matándolos gradual pero sistemáticamente. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 431 activistas han sido asesinados en Colombia desde principios de 2016, aunque por múltiples actores, principalmente no estatales, y no como una política de estado, como sostiene el ELN. Los insurgentes también dicen que el gobierno del Presidente Iván Duque está bajo la influencia de facciones paramilitares supuestamente vinculadas al ex presidente Álvaro Uribe, padrino político de Duque y líder de su partido, quién lideró una fiera campaña contrainsurgente apoyada por EE.UU. durante su mandato. Algunos sectores del ELN aún creen que la mejor manera de pelear contra el gobierno es por medio de una campaña de violencia.

¿Cuáles serán las consecuencias para la paz en Colombia?

Un día después del atentado, el presidente Duque habló ante el país para anunciar la terminación del proceso de paz. Tachó al ELN de “maquina criminal de secuestros y ataques” y ordenó que se reestablecieran las órdenes de captura contra los 10 miembros de la delegación del ELN ante los diálogos de paz en La Habana, poniendo efectivamente fin a las ya suspendidas negociaciones. Aunque Duque no descartó un retorno a la mesa de negociación, insistió en que este solo sería posible si el ELN libera a todos los rehenes y renuncia a toda actividad criminal, dos condiciones que son inaceptables para los rebeldes y que causaron que los diálogos se estancarán el año pasado. Es posible que prontamente se dé inicio a una campaña contrainsurgente intensificada, especialmente a lo largo de la frontera con Venezuela, donde el presidente Duque viajó el 21 de enero para supervisar las políticas de seguridad en la región.

Las consecuencias pueden ser graves. Colombia firmó un acuerdo de paz con las FARC, que había sido la principal guerrilla del país, a finales de 2016. Pero muchas regiones del país – Arauca y Catatumbo (en la frontera con Venezuela), y Chocó y Cauca (en la costa pacífica), entre otros – se han vuelto menos seguras debido a que el ELN ha expandido allí su presencia. Las negociaciones con el ELN se encontraban tambaleantes desde antes que el presidente Duque las suspendiera indefinidamente. Ante la ausencia de un proceso de paz, los colombianos en estas regiones periféricas temen que un repunte de los enfrentamientos entre la guerrilla y el estado o entre la guerrilla y facciones armadas rivales, los atrape en el fuego cruzado, cause más desplazamiento forzado y ponga en peligro las reformas rurales prometidas como parte del acuerdo de 2016 con las FARC.

El gobierno de Duque, que perdió respaldo popular de manera significativa a finales del año pasado por cuenta de una reforma tributaria impopular y a una serie de paros estudiantiles, podría potencialmente recuperarlo si persigue exitosamente a los líderes del ELN y debilita sustancialmente la capacidad de ataque del grupo. Un nuevo equipo de altos oficiales militares, nombrados por el presidente desde su elección, también intentará demostrar su valía y pueden creer que atacar al ELN es su mejor oportunidad. Aunque Duque aún no ha realizado un llamado explícito para un cambio hacia una política de seguridad más beligerante dirigida a matar o capturar líderes guerrilleros o bombardear campamentos, él y su partido, han insinuado que buscarán hacerlo.

El éxito de una estrategia tan militarizada enfrenta pocas probabilidades. Aunque el ELN es más pequeño y débil que las FARC cuando se desarmaron, es difícil ver a las fuerzas armadas colombianas  derrotándolo. Las unidades del ELN se pueden retirar y esconder en Venezuela; los territorios en los que operan, incluyendo la región pacífica del Chocó, son extremadamente difíciles para ejercer control estatal debido a la presencia de montañas y selvas y la falta de legitimidad del estado; más aún, el grupo rara vez concentra grandes grupos de combatientes, complicando la posibilidad de realizar ataques aéreos o por tierra efectivos. Finalmente, aunque el ELN no es necesariamente popular en zonas rurales, goza de profundas raíces en muchos de sus bastiones.

Por supuesto, las fuerzas armadas harán un gran daño a la guerrilla. Bombardearán algunos campamentos guerrilleros y arrestarán o darán de baja a algunos comandantes de mando medio. Pero eso dista mucho de ser una victoria militar genuina, como incluso algunos oficiales militares admiten.

¿Cuáles son las consecuencias del regreso a las hostilidades para la región?

Este ataque exacerbará las tensiones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Si bien el gobierno del presidente Nicolás Maduro públicamente condenó el atentado y la prensa colombiana negó el involucramiento de Venezuela, lo cierto es que el ELN se esconde y opera allí y está expandiendo su presencia en el sur de Venezuela con la complicidad de las autoridades estatales.

Colombia hace también otros reclamos. Acusa a Caracas de permitir al ELN, incluido a su Frente de Guerra Oriental, operar sin ningún control a lo largo del territorio venezolano. Si las fuerzas armadas colombianas no pueden hacer incursiones rápidas contra esta facción del ELN, Bogotá bien puede culpar a la falta de cooperación de Venezuela, y junto con los aliados latinoamericanos en el Grupo de Lima y EE.UU. presionar a la Organización de los Estados Americanos para que expulse a Venezuela. Colombia también puede buscar persuadir a Washington para que declare a Venezuela como estado patrocinador del terrorismo (e imponga sanciones unilaterales más estrictas), o presionar a la Corte Penal Internacional para que amplíe su investigación preliminar al gobierno de Maduro argumentando que el ELN está cometiendo abusos a los derechos humanos y crímenes de guerra con el consentimiento de Caracas.

¿Qué se puede hacer para preservar la posibilidad de volver  a los diálogos de paz en el futuro?

Con los diálogos de paz finalizados y un anticipado retorno a operaciones contrainsurgentes más agresivas, el gobierno colombiano debe como mínimo distinguir entre aquellas unidades del ELN que se oponen a los diálogos y aquellas que tradicionalmente han apoyado el proceso de paz (incluidas las lideradas por el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán), en vez de tratar al ELN como una unidad monolítica. Así mismo, debe esforzarse por mantener por lo menos comunicación indirecta con el grupo para tratar temas humanitarios, como la liberación de victimas del secuestro, y estar listos en caso de que se retomen los diálogos. Es de suma importancia que cualquier ofensiva contra el ELN respete los derechos humanos de los habitantes y evitar el trato indiscriminado de los civiles sospechosos de ser potenciales simpatizantes del ELN, para no avivar el resentimiento contra el gobierno y el apoyo a la insurgencia.

Kyle Johnson, Senior Analyst, Colombia.

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