Reventaron en la Universidad conferencias de Felipe González, Rosa Díez o Albert Boadella. Acosaron en sus casas a Soraya Sáenz de Santamaría y Esteban González Pons. Invadieron capillas. Rodearon el Congreso tratando de asaltarlo por las bravas y agredieron a diputados ante el Parlamento de Cataluña. Integraron violentos piquetes de huelga. Acorralaron a un escuadrón de policías en una agresiva noche de cristales rotos. Y sentaron doctrina: era «jarabe democrático». Pablo Iglesias dixit. El mismo que se manifestaba «emocionado» ante un vídeo en que «la gente» apaleaba a un guardia. Algunos de estos emocionantes episodios quedaron impunes porque ciertos jueces para la demagogia sentenciaron que eran actos relacionados con la libertad de expresión y la justificada indignación popular ante «la decadencia de la clase política». Sic. Como pedir en Twitter la guillotina para reyes y ministros, mofarse de las víctimas de ETA o bromear sobre los judíos que caben en el cenicero de un coche.
Ahora que ocupan poltronas de la Casta, con sus escoltas y coches oficiales, piden que el escrache sea considerado «delito de odio». Sólo el que se practica contra ellos, claro está. Por ejemplo el que recibió el concejal de Seguridad de Madrid a manos –y a pies, porque lo patearon– de un colérico grupo de policías locales de paisano. El tipo, que no podía llamar a sus propios antidisturbios porque eran los que le estaban zarandeando –protestaban por la disolución de esa unidad, una promesa electoral de Carmena–, pidió auxilio a los de la Policía Nacional, los mismos que emocionaban a Iglesias cuando recibían su ración de jarabe de palo. Y se quejó de que no le prestaron suficiente ayuda, es decir, de que no disolvieron la manifa a porrazos. Dónde se habrá visto, esa chusma intimidando a una autoridad democrática. A un ilustrísimo edil del Partido de la Gente.
Es lo que nos espera. El delito penal y la razón moral tipificados según la condición ideológica de la víctima. La acepción de personas por criterio de afinidad política. Para eso reclaman el control sobre el aparato de la justicia. Para eso exigen el mando de los servicios de información y de espionaje. Para eso pretenden crear una policía «judicial» bajo las órdenes directas del poder ejecutivo, oxímoron jurídico que equivale a mearse sobre la maltratada tumba de Montesquieu. Un cuerpo especial de profesionales de la represión que sepan distinguir al enemigo del pueblo y actuar en consecuencia. Gente concienciada que no se equivoque de objetivo. Que no se confunda entre decadentes y emergentes ni entre los de arriba y los de abajo aunque los de abajo sean los que estén arriba. Una «brigada del escrache» bien consciente de quién se halla y quién no en el lado correcto de la vida.
Y todavía hay necios –de nescire, ignorar– empeñados en creer que el peligro de Podemos está en su programa económico.
Ignacio Camacho, periodista.