Si algo distingue a un país decente de un régimen despótico es la certeza de que, en un país decente, la privacidad, la intimidad y los datos personales facilitados a la Administración para el ejercicio de sus funciones sólo salen de los archivos públicos cuando un juez lo solicita oficialmente en el seno de una causa judicial. En otras palabras, en un país decente, la inviolabilidad de los datos personales, especialmente los que obran en poder del Estado, corre pareja con la inviolabilidad del domicilio. Y debe ser así porque, si el allanamiento de morada es una breve irrupción en la intimidad física de una persona, la revelación de secreto, en cambio, es una irrupción permanente, y en muchos casos irreparable, en la intimidad, el honor y el buen nombre de quien la sufre.
Precisamente por eso, el Código Penal tipifica y sanciona aún más duramente el delito de revelación de secreto que el de allanamiento. Y lo hace todavía con más rigor si el delito lo comete un funcionario; pues, además de aplicársele la pena en su mitad superior, se le impone también la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargo o función pública por un tiempo de hasta 12 años.
Sin embargo, una cosa son lo que dicen las leyes, y otra lo que sucede en la realidad práctica. Y es que, recientemente, hemos sido testigos de gravísimos casos de filtraciones de datos personales relacionados con la Administración Tributaria. Gravísimos tanto por el mismo hecho de que esas filtraciones hayan tenido lugar sin ninguna relación, siquiera remota, con algún procedimiento judicial abierto, como por el hecho de que afectan a personajes públicos que tienen o han tenido muy altas responsabilidades políticas y de gobierno y que, en algún momento, han manifestado sus críticas o su disconformidad con alguna de las políticas del actual Ejecutivo, ya se trate de cuestiones de gobierno o de partido.
Seguramente fue una desgraciada casualidad que los datos fiscales de Esperanza Aguirre relativos al ejercicio 2013 -donde no existía ninguna irregularidad- fueran filtrados a la prensa tres días antes de las elecciones municipales, donde Aguirre, tras cosechar tres mayorías absolutas en la Comunidad de Madrid, concurría como candidata a la alcaldía de Madrid. Y seguramente que esos datos fiscales, debidamente tergiversados y difundidos masivamente durante la jornada de reflexión, nada tuvieron que ver con el hecho de que a Aguirre, que partía como favorita, con el apoyo de Ciudadanos, para ser alcaldesa de Madrid, finalmente le faltaran 5.000 votos para sumar con Ciudadanos.
También se debe, sin duda, al infortunio y la casualidad, el hecho de que a José Manuel Soria, exministro de Industria -y antítesis, por cierto, de lo que recomendaría cualquier asesor de comunicación- le sacaran papeles de hace 20 años donde tampoco había irregularidades, después de haber tenido serias discrepancias de criterio con el ministro de Hacienda respecto del asunto de Abengoa y de otros asuntos.
Y, naturalmente, se debe a la fatalidad -que se ceba funestamente con todo aquel que cree y manifiesta que en el Partido Popular hace ya mucho tiempo que tenía que haberse celebrado un congreso extraordinario abierto a los militantes para elegir candidatos y para renovar cuadros e ideas- el hecho de que se filtre también a la prensa que a José María Aznar, ex presidente del Gobierno y presidente de Honor del Partido Popular, le practicaron una inspección fiscal corriente y moliente hace dos años por una materia de derecho tributario muy discutida y muy discutible, que el señor Aznar aceptó -y pagó- pacíficamente y en conformidad.
Evidentemente, se debe a la casualidad y el infortunio el hecho de que estas tres personas, habiendo cumplido sus obligaciones tributarias, hayan quedado ante la opinión pública como tramposos fiscales. Pero entre tanta casualidad e infortunios milagrosamente encadenados, llama poderosamente la atención que el señor ministro de Hacienda todavía no haya ordenado con carácter urgente una investigación en el seno de la Agencia Tributaria para averiguar el origen de las filtraciones, máxime cuando el acceso a los expedientes fiscales por parte de los funcionarios autorizados para ello deja un evidente rastro informático. Quizá no lo ha hecho porque está convencido de que los responsables de las filtraciones han sido los asesores fiscales de la señora Aguirre, del señor Soria y del señor Aznar.
Démoslo por bueno, pero entonces lo que sorprende todavía más es que respecto de estos delitos, perseguibles de oficio por la Fiscalía, por cierto, y presuntamente cometidos, según el señor Montoro, por asesores fiscales que tienen deber de confidencialidad (Art. 199 del Código Penal), no exista aún ningún procedimiento judicial en marcha más allá del que ha anunciado el señor Aznar en defensa de su honor. Si hay asesores fiscales tan canallas como para filtrar los datos de sus clientes a la prensa, ¿no deberían tomar la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda cartas en el asunto?
Todo tiene que haber sido, sin duda, un desgraciado encadenamiento de casualidades, desidias, infortunios y fatalidades. Porque algunos nos negamos siquiera a pensar que, a semejanza de la tristemente famosa Brigada Político Social, destinada a reprimir a los adversarios del régimen de Franco, pueda existir una suerte de Brigada Político Fiscal destinada a reprimir, con pena de telediario y titular, a quienes creen -creemos- que al Partido Popular hace tiempo que le ha llegado la hora de la renovación, en cuerpo y en espíritu.
Jesús Gómez Ruiz es diputado por el PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Leganés.