Hoy, 12 de octubre de 2018, los españoles tenemos un doble motivo de celebración. Celebramos nuestro Día Nacional y lo hacemos el año en el que conmemoramos el 40º aniversario de nuestra Constitución. Por tal motivo, esta efemérides adquiere una significación que a nadie debería dejar indiferente en los tiempos que vivimos. Hoy nos reconocemos y nos proyectamos ante el mundo como una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes; como una comunidad regida e inspirada por los cuatro valores recogidos en el primer artículo de nuestra Constitución: la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Así, hace 40 años, los españoles lo decidimos en ejercicio de nuestra soberanía, como demostración de nuestra voluntad colectiva y como expresión del espíritu de concordia que presidió la Transición.
Por ello, me gustaría aprovechar este día para homenajear y reivindicar ese espíritu que dio lugar al pacto constitucional de 1978 y asimismo subrayar la labor que el Tribunal Constitucional ha desarrollado como intérprete supremo, guardián jurídico y en definitiva respetuoso servidor de la Carta Magna.
Ante todo, considero imprescindible percatarse de que celebrar la Fiesta Nacional implica acoger la profunda pluralidad cultural y política, la diversidad constitutiva de España y de lo hispánico. En efecto, nuestra Constitución, como reza su Preámbulo, busca proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, y a través de esa protección, pretende asimismo propiciar una activa y continua integración entre los españoles y los pueblos de España en un marco de convivencia abierto a lo diverso.
Sin una Constitución aceptada como fundamento tanto del orden jurídico como de la naturaleza de nuestras instituciones, no habríamos levantado nuestro Estado de derecho. No gozaríamos del extenso catálogo de nuestros derechos y libertades, básico en la configuración del Estado democrático, ni de los principios rectores de la política social y económica, esenciales en el Estado social y prestacional. Tampoco disfrutaríamos del principio primordial de la separación de poderes, ni estaría articulada en plenitud nuestra voluntad popular, que lleva expresándose una y otra vez en las numerosas convocatorias electorales, a todos los niveles, que se han registrado en España desde 1977.
Sin una Constitución abierta a tantas potencialidades como la que tenemos, no hubiera podido producirse la descentralización real del poder que ha dado lugar al Estado de las Autonomías y al reconocimiento efectivo de las nacionalidades y regiones dentro de la Nación española. Sin una Constitución como la nuestra, en fin, tan influida en su espíritu y en su confección no sólo por nuestro acervo histórico, sino también por las tradiciones constitucionales comunes a los países de nuestro entorno, tampoco habría resultado posible la completa inserción de España en Europa, ni su posicionamiento actual en la Comunidad Iberoamericana de Naciones, en Occidente, y en el resto del globo, como un Estado relevante, responsable, solidario y respetado.
En particular, creo que los derechos y libertades de la persona, basados en su dignidad intrínseca, reconocida como tal en el artículo 10.1 de nuestra Carta Magna, se han convertido en el eje definitorio de nuestro ordenamiento jurídico, orientando a los poderes públicos hacia su defensa y su fomento durante la actuación ordinaria que a diario desempeñan. Fruto de dicho compromiso inequívoco, España, desde su incorporación al Consejo de Europa en 1977, se ha revelado como uno de los Estados que mejor acatan el Convenio de Roma para la Protección de los Derechos Humanos, cuyos principios, junto con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sirven para interpretar los derechos constitucionalmente protegidos.
En estrecha conexión con ello, nuestro país consta año tras año como una de las más consolidadas democracias del mundo en los informes que instituciones públicas y privadas de renombre publican al respecto. En estos ocho lustros, España se ha modernizado, ha alcanzado un alto nivel de prosperidad y ha creado una sociedad del bienestar digna de las disposiciones constitucionales que la configuran como Estado social y democrático de derecho.
También el Tribunal Constitucional ha tratado de cumplir su deber, y desde su primera sentencia, el 26 de enero de 1981, ha afirmado la supremacía inmediata del texto constitucional frente a cualesquiera otras normas, anteriores o posteriores, que pudieran oponérsele. Sin hacer valer esa supremacía no hay Constitución en realidad, porque, como sostuvo Hans Kelsen, una Constitución a la que le falta la garantía de anulabilidad de los actos inconstitucionales no es plenamente obligatoria.
Por otro lado, el TC ha llevado a cabo un ingente esfuerzo para dotar de contenido y de alcance a esos derechos y libertades que vertebran nuestra democracia. Asimismo ha contribuido al proceso de descentralización política y administrativa del Estado, defendiendo la existencia de un bloque de constitucionalidad en que se integran los distintos Estatutos de Autonomía y abogando por un equilibrio entre la homogeneidad y la diversidad en las relaciones de las Comunidades Autónomas con el Estado.
El Tribunal Constitucional no sólo ha ejercido su papel de intérprete supremo de la Constitución, sino también el de garante jurídico de su defensa. Al defender jurídicamente la Constitución y el Estado de derecho, el Tribunal desea amparar, sobre todo, la convivencia entre españoles, algo que sólo puede realizarse desde la convicción de que el principio democrático, la defensa de los derechos y libertades y la preeminencia de la Constitución y de la ley conforman una triada irreductible. De la misma manera que no puede haber democracia sin derechos, tampoco puede existir ni democracia ni derecho sin respeto a la ley democrática, expresión ella misma de la voluntad popular. Ésta es tal vez la principal lección de nuestra norma básica, aquella que extraemos también de nuestra pertenencia a Occidente, aquella que nunca debemos olvidar.
La Constitución mantiene un núcleo que continúa siendo fuerte y compacto, y las condiciones que ofrece para el encuentro se mantienen incólumes o incluso se han acrecentado. Así por ejemplo, su cláusula de transformación social, recogida en el artículo 9.2, sigue obligando a los poderes públicos, hoy como ayer, a promover las condiciones para la libertad y para la igualdad entre los españoles y a remover los obstáculos que impidan ese objetivo. Por tanto, para encarar asuntos del siglo XXI como la igualdad real entre hombres y mujeres o la más efectiva protección del medio ambiente, debemos servirnos de la Constitución. Ello no quiere decir que el texto constitucional sea intocable. Como sabemos, se ha alterado ya dos veces, al modificarse los artículos 13 y 135. Consecuentemente, desde la conservación de lo conseguido, puede y debe debatirse su mejora, siempre y cuando haya un amplio consenso social y político, y siempre que se sigan los procedimientos establecidos al efecto.
A causa de su apertura y su generosidad, creo que en la Constitución seguimos cabiendo todos y sigue cabiendo toda la tolerancia y toda la concordia, esa facultad con la cual crecen las cosas pequeñas, y sin la que caen las mayores, como dejó escrito Diego de Saavedra-Fajardo. Por eso son tan importantes las palabras de uno de los principales artífices de la Transición, el presidente Adolfo Suárez, que a su vez hizo propias el Rey Felipe VI en un reciente discurso: los españoles debemos cultivar, día a día, allí donde nos encontremos, la buena semilla de la concordia.
Apelar a ese ánimo conciliador significa reconocer que nuestro futuro sigue estando en nuestras manos, y que, como dijo el jurista Ignacio de Otto, la Constitución hace posible la obra, pero no la realiza por sí misma. Y así, en un día como hoy, recordemos que nosotros, los españoles, las sucesivas generaciones de españoles que hemos vivido estos 40 años en democracia, así como las generaciones que vendrán, somos los llamados a realizar, a seguir realizando, la obra diaria de convivir y de prosperar juntos en una España abierta al mundo, íntimamente ligada a Iberoamérica y dentro de una indispensable Unión Europea.
Juan José González Rivas es presidente del Tribunal Constitucional.