La burbuja inmobiliaria

Por Jorge Benavides Solís, profesor titular en la Escuela Ténica Superior de Arquitectura de Sevilla (EL PAIS, 07/09/05):

En EL PAÍS del 23 de junio Jeremy Rifkin, destacado economista estadounidense, llega a la conclusión de que el capitalismo global ha fracasado debido al incumplimiento de cuatro de sus principales promesas: reducir las diferencias entre ricos y pobres; incorporar a los pobres a los beneficios de las nuevas tecnologías; preservar la biosfera y conseguir un mundo más pacífico. Si añadimos que pese a disponer de recursos suficientes, tampoco ha conseguido eliminar el hambre ni las epidemias más graves que matan anualmente a millones de personas en el mundo, la situación se torna aún más preocupante, nos produce intranquilidad y hasta cierta incomodidad.

En contrapartida, desde luego no se puede negar que el neocapitalismo ha conseguido que la cuarta parte de la población mundial viva bien, en democracia, respetando los derechos humanos y relativamente en paz, aunque con intranquilidad en aumento a partir de la invasión de Irak.

Dicho bienestar está sostenido por la economía actual que no depende, como hasta hace treinta años, preponderantemente de la producción de bienes materiales sino de aquellos inmateriales con los cuales, por ejemplo, se enriquecen constantemente Bill Gates, la Warner o la Sony y las “356 familias que poseen el 40% de la riqueza total de la humanidad”. Irlanda ha conseguido incorporarse a esta situación: el 59,7 de sus exportaciones son de bienes manufacturados de alta tecnología. España todavía no se ha integrado plenamente.

Sin embargo, actualmente los bienes materiales están brindando a los inversores la seguridad relativa que no garantizan los proyectos de alto riesgo ni la Bolsa, donde ya han explotado varias burbujas de alta tecnología. Maragall lo explicó estupendamente por televisión. Comprar una casa en este momento es el mejor negocio: se paga un 6% de interés anual por el préstamo hipotecario, pero al año siguiente se puede venderla a un precio 17% más alto. Por si fuera poco y para mayor seguridad, según afirma The New York Times (23-06-05), “el incremento global de los precios inmobiliarios es una expansión programada, forjada por los bancos centrales del mundo (incluido el Banco Central Europeo) encabezados por la Reserva Federal de USA”.

Debido a estas circunstancias, en España, las políticas de ordenación del territorio de los gobiernos del PP y del PSOE han sido similares: no interferir en la actividad inmobiliaria ni en la irracional expansión urbana (Almensilla, Valencina, el litoral, etcétera) porque, siendo una de las actividades económicas más dinámicas, (la construcción concentró un tercio de la nuevas empresas creadas en junio, según el Instituto de Estadística de Andalucía) pondría en peligro el índice de generación de empleo y el crecimiento de la riqueza (crecimiento sostenido aunque insostenible) y por lo tanto, no es recomendable generar inseguridad alguna ni desconfianza en la inversión inmobiliaria (especulación) ni siquiera, por ejemplo, a pretexto de continuar el interrumpido -sin justificación- proceso de redacción del POTAU (Plan de Ordenación del Terrtitorio de Aglomeraciones Urbanas) de Sevilla que para el cumplimiento de la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio, se inició por acuerdo del actual presidente de la Junta de Andalucía ese mismo año. Su injustificada moratoria, contrariando a dicha Ley, a la técnica y al sentido común, está dejando que la ordenación del territorio sea el espontáneo resultado del encaje de cada una de las piezas del puzzle del Área Metropolitana dentro de cuyos límites, eso sí, los Ayuntamientos tienen las competencias para recalificar a sus anchas el suelo, pues los ingresos municipales serán más altos en tanto sea más grande la superficie recalificada de suelo urbano y urbanizable: algunos pueblos ya han urbanizado todo su suelo y otros, con alcaldes del PP, del PSOE y de IU, sin distinción, están en ello. Pan para hoy; mañana ya veremos. Valdría la pena conocerlo en detalle.

Bajo el criterio postulado por el PP todavía vigente de que “todo suelo es urbanizable”, mientras la Junta no intervenga para proteger y estructurar el territorio, esta es la realidad. Sin embargo, aún así, y siguiendo a Rifkin, dentro del capitalismo del que no podemos substraernos, existen dos modelos (actitudes): el estadounidense que “defiende el mercado libre sin restricciones, con énfasis en que el ganador se lo lleva todo”, que se materializa en Houston, ciudad “salvaje, desarreglada, neoliberal” y el modelo europeo que antepone “la calidad de vida de una sociedad socialmente responsable” y que se ha hecho patente en ciudades concebidas como lugares de convivencia y de cultura. La calidad de vida depende de tres factores: bienestar (patrimonio social, empleo, salud, formación), calidad ambiental (patrimonio ambiental, espacios verdes, agua, arroyos y territorio estructurado) e identidad cultural (patrimonio cultural, participación, cohesión, autogestión).

El POTAU es la única posibilidad de conseguir que los PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) sometan sus nuevos crecimientos a un mínimo de racionalidad vinculada a la estructuración del territorio supramunicipal. Lo advierte el contenido de la Ley, lo anticipan las empresas responsables de las infraestructuras (Aljarafesa), la experiencia de otras ciudades (Marbella), las asociaciones de ecologistas, de amigos del Patrimonio, de medioambientalistas; lo saben los técnicos, los funcionarios, las universidades, los intelectuales; lo demandan los empresarios que con el Libro Blanco de El Aljarafe, han hecho el trabajo que le corresponde a la Administración; clama por él la sociedad civil organizada y si los jóvenes matrimonios que residen en el área metropolitana fueran informados de la situación, con seguridad se sumarían a la petición para que la Consejería de Obras Públicas termine la redacción del POTAU o para que, finalmente, de a conocer sus razones para no hacerlo.